El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, mantuvo este miércoles un encuentro con las principales entidades sociales españolas que gestionan la atención a menores, en el que han cerrado filas en defensa de la corresponsabilidad por parte de todas las comunidades autónomas con los menores no acompañados llegados al archipiélago.
La reunión, celebrada en la sede de la delegación del Gobierno de Canarias en Madrid, ha contado con la asistencia de una amplia representación de las principales entidades del tercer sector, con la presencia de Unicef, Save the Children, Acnur, Cruz Blanca, Cruz Roja, de la Fundación Cepaim, Accem y CEAR.
Fernando Clavijo, que terminó hoy la ronda de contactos con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, destacó que “Canarias está viviendo una situación insostenible y no puede seguir afrontando sola la actual crisis migratoria”. En este contexto, puso en valor el trabajo de las ongs que “realizan una labor impagable con un compromiso y profesionalidad que es la mejor garantía para que esos niños y niñas que huyen del hambre, de la miseria y del horror que han tenido que vivir hasta llegar a nuestras costas puedan encontrar un espacio amigo, un entorno en el que desarrollarse”.
El objetivo del encuentro, explicó el presidente Clavijo, “no es otro que transmitir con absoluta transparencia lo que estamos haciendo para poder abordar la situación de emergencia que tenemos en Canarias”, así como, las previsiones de cara a los próximos meses, que subrayó “podría empeorar la situación por el colapso de la red de acogida de los niños, niñas y jóvenes no acompañados en las islas”.
De la misma forma, el presidente de Canarias y las entidades abordaron la reforma del artículo 35 la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno canario junto al Estado y que precisa además “de un amplio acuerdo social y del consenso de las fuerzas políticas, de la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas para garantizar la redistribución de los menores”. Asimismo, se mostró abierto a las sugerencias de las entidades, que harán llegar al Ejecutivo canario sus sugerencias con el objetivo de “dar mayor protección y garantizar una respuesta inmediata a las distintas circunstancias con las que llegan los menores no acompañados”.
Por su parte, el director general de Save the Children, Andrés Conde, valoró el encuentro de Gobierno de Canarias y entidades que “trabajamos con la infancia migrante y refugiada” para analizar no solo la situación de las islas que calificó de “anómala por la sobreocupación del sistema de protección” de los menores, sino la reforma legislativa. Conde insistió en la “corresponsabilidad” de las comunidades autónomas porque “Canarias no puede ser, como frontera sur, la única responsable de la protección y cuidado de esos menores” y mostró su colaboración y la de las entidades “para que esta reforma, por la que llevamos años peleando, salga adelante”, concluyó.
Durante el encuentro, se hizo hincapié en la necesidad de intervenir con celeridad para hacer frente a la actual crisis migratoria, máxime teniendo en cuenta que, en lo que va de año, las Islas han recibido ya a más de 19.000 personas procedentes del continente africano, con un aumento por encima del 220% respecto al año pasado. Unos datos que, además, evidencian una cada vez mayor tendencia al alza en las cifras en general y en lo que a la llegada de menores se refiere.
Otro de los puntos abordados en el encuentro entre el Gobierno de Canarias y las entidades del tercer sector se centró en la mejora del actual sistema de petición de asilo, un aspecto que, además, afecta a los menores.
Para ello, el Ejecutivo autonómico está llevando a cabo un estudio para determinar cuántos menores, de los más de 5.500 que el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela en sus 80 dispositivos de emergencia, pueden acogerse a este derecho con el fin de prestar el asesoramiento adecuado para que puedan solicitarlo.
Al encuentro asistió, además del máximo responsable de Save the Children en España, Andrés Conde, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, la responsable de Protección Internacional de Acnur, Carolina Mateos, la referente de infancia solicitante de asilo de Acnur, Margarita de la Rasilla, la directora del dispositivo de Las Raíces y adjunta de la coordinación autonómica, Laia García, el director ejecutivo de UNICEF, José María Vera, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, así como, Carmen Ynzega de Cruz Blanca, Attabe Mane de la Fundación Cepaim e Ínñigo Vila y Daniel Fernández de Cruz Roja.
Hoja de ruta
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha resaltado este miércoles el paso adelante conseguido para aprobación del cambio normativo que garantice la distribución de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. Tras reunirse con los grupos políticos del Congreso de los Diputados, Clavijo ha recalcado que sigue en marcha la hoja de ruta “compartida” con el Estado sobre este asunto para dar una solución al drama humanitario que afronta el archipiélago.
“Todos los partidos, excepto Vox que ha dado un no rotundo, nos han manifestado su solidaridad y comprensión con este asunto prioritario para garantizar la mejor atención a los derechos de estos niños y niñas”, ha indicado tras agradecer a los grupos del Congreso su predisposición al diálogo y a colaborar en la aprobación de la modificación legislativa.
Al término de la ronda de reuniones con todos los partidos con representación en la Cámara baja, el jefe del Ejecutivo canario ha explicado que la propuesta de modificación normativa será reforzada y mejorada durante los próximos días con “propuestas y matices” que elevarán los grupos parlamentarios de los distintos partidos políticos, como, por ejemplo, para garantizar la financiación del sistema de acogida.
El objetivo es contar con un texto “más consensuado aún” para elevarlo a la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud que se celebrará en la primera quincena de julio en Canarias. En este sentido, Clavijo ha resaltado que “es fundamental” que el cambio normativo para la distribución de los menores migrantes cuente con el respaldo de las comunidades autónomas, un objetivo al que podrá dar “un empujón final” la sectorial que convocará la ministra Sira Rego.
Tanto titular del Gobierno autonómico como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, han explicado que el calendario de trabajo trazado es poder contar con un texto definitivo sobre la nueva redacción del artículo 35 de la Ley de Extranjería en la primera quincena de julio. De ser así, el cambio normativo se podría aprobar ser vía decreto ley o vía proposición de ley en los plenos extraordinarios que el Congreso de los Diputados tiene previsto celebrar a lo largo del próximo mes.
Clavijo ha realizado estas declaraciones tras dos intensas jornadas en las que, acompañado por Torres, ha informado de primera mano a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados sobre la situación límite que vive el archipiélago al acoger casi 5.700 menores migrantes no acompañados.
Esta cifra representa más del doble de los niños y niños que Canarias tutelaba hace doce meses, cuando en julio de 2023 la Ruta Atlántica experimentó un nuevo repunte que elevó a 40.000 el número de personas que llegaron a las costas canarias el pasado año. Todos los expertos prevén que 2024 superará dicho récord histórico de migrantes recibido en un solo año. De hecho, en los seis primeros meses de 2024 el incremento ha sido ya del 220%. El Ejecutivo canario teme que la llegada de pateras y cayucos crezca aún más en los próximos meses con la mejoría de las condiciones de navegación entre África occidental y Canarias.
En la actualidad, el Ejecutivo autonómico cuenta con 80 dispositivos para atender a estos niños y niñas frente a los 34 operativos hace dos meses, centros que se han abierto gracias a la declaración de emergencia migratoria acordada por el Consejo de Gobierno el 1 de agosto de 2023.
En cumplimiento de la normativa vigente, Canarias asume en solitario la atención de todos los niños y niños que llegan a sus costas sin familiares. Los acuerdos adoptados para distribuir de forma solidaria algunos de estos menores entre el resto de las comunidades autónomas no se han cumplido. En octubre de 2023 se pactó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud el reparto de 339 menores, de los que en la actualidad solo se han derivado 16.
A la vista de esta situación, el Gobierno de Canarias lleva meses negociando con el Estado un acuerdo para modificar la legislación vigente y garantizar la distribución obligatoria de los menores migrantes entre todas las comunidades autónomas. El trabajo técnico y jurídico desarrollado ha servido para consensuar una propuesta de modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Se trata del texto que el presidente Fernando Clavijo y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres han trasladado estos dos días a los grupos de la Cámara baja para recabar su apoyo e intentar garantizar su aprobación.
La ronda de reuniones ha concluido este miércoles en Madrid con los encuentros celebrados por separado con representantes del PP, del PSOE y de Vox. Con anterioridad, el pasado martes, el presidente de Canarias mantuvo reuniones en el Congreso de los Diputados con portavoces del Sumar, Junts Per Catalunya, Esquerra Republicana, Podemos, Partido Nacionalista Vasco y Grupo Mixto.
