MIGRACIÓN
Clavijo: "Ahora le toca a Canarias, pero mañana le puede tocar a Andalucía o Valencia"
![Fernando Clavijo.](/asset/thumbnail,1280,720,center,center/media/biosferadigital/images/2024/07/02/2024070211282857133.png)
El presidente de Canarias ha insistido en la urgencia de repartir la acogida de los menores que llegan en patera y ha abogado por impulsar un pacto de Estado sobre migración
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha insistido en la urgencia de repartir la acogida de los menores que llegan en patera y ha abogado por impulsar un pacto de Estado sobre migración, porque "ahora le toca a Canarias, pero mañana le puede tocar a Andalucía o Valencia".
"Si no tenemos respuestas, tendremos que acudir a la Justicia y declararnos inhabilitados. No vamos a ser cómplices de una situación en la que se vulneran tratados internacionales", ha advertido Clavijo en una entrevista en Onda Cero, recogida por EFE.
El presidente canario ha explicado que en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el miércoles en Tenerife percibió que todas las comunidades "se solidarizan" con las islas, pero también ha advertido de que los traslados voluntarios como el que se pactó en ese foro requieren de un "procedimiento muy complejo".
"Dificulta la inmediatez que se necesita para que se alivie de la situación de Canarias. En 2021 salieron de Canarias 2.015 menores, pero llegaron 2.600. En 2023, nos llegaron 3.728 menores, pero solo han salido 32", ha relatado.
Clavijo defiende que la reforma de la Ley de Extranjería que ha negociado con el Gobierno de España plantea "un mecanismo que garantiza los derechos del menor" y que, al mismo tiempo, da una solución a Canarias, para que las cifras de acogida no sigan creciendo hasta niveles que "ya son insostenibles".
"Esto no es un problema político, ni territorial, es un problema humanitario. Tenemos que dar una respuesta como país", ha señalado el presidente canario, que recuerda además que está por llegar el periodo del año en los que tradicionalmente es más intensa la llegada de cayucos a Canarias: el último cuatrimestre.
El presidente de Canarias ha recalcado que la decisión la tiene que tomar el Congreso de los Diputados, pero del balance de la Conferencia Sectorial de este miércoles se queda como que "algunas comunidades dijeron que quieren dar respuestas".
Para su Ejecutivo, "la fórmula idónea es un decreto ley que entre en vigor de forma inmediata y dé respuesta" a la saturación de la red de acogida de Canarias, permitiendo la salida de unos 2.000 menores hacia recursos de otras comunidades autónomas donde puedan ser atendidos "de forma mucho más digna y con garantías".
Porque en las condiciones en las que está en estos momentos Canarias, con más de 5.500 menores bajo su tutela, "acabas contando literas y plazas, no niños y niñas y corremos el riesgo de deshumanizarnos", ha advertido.
Clavijo sostiene que la solución no puede ser "seguir almacenándolos (a los menores) en Canarias" y se lamenta de la falta de respuestas: "Empezamos hace un año. Nos ha recibido el papa, vino la comisaria europea de Interior, nos hemos reunido con el vicepresidente de la Unión Europea, hemos pasado por cinco ministerios... Ya no sabemos qué hacer".
El presidente canario ha remarcado que su comunidad "está pagando de su fondo todo este fenómeno migratorio", cosa que no cree justa, porque "las competencias son del Estado, que tiene que asumir la financiación".
"Si no tenemos respuestas, tendremos que acudir a la Justicia y declararnos inhabilitados. No vamos a ser cómplices de una situación en la que se vulneran tratados internacionales", ha advertido Clavijo en una entrevista en Onda Cero, recogida por EFE.
El presidente canario ha explicado que en la Conferencia Sectorial de Infancia celebrada el miércoles en Tenerife percibió que todas las comunidades "se solidarizan" con las islas, pero también ha advertido de que los traslados voluntarios como el que se pactó en ese foro requieren de un "procedimiento muy complejo".
"Dificulta la inmediatez que se necesita para que se alivie de la situación de Canarias. En 2021 salieron de Canarias 2.015 menores, pero llegaron 2.600. En 2023, nos llegaron 3.728 menores, pero solo han salido 32", ha relatado.
Clavijo defiende que la reforma de la Ley de Extranjería que ha negociado con el Gobierno de España plantea "un mecanismo que garantiza los derechos del menor" y que, al mismo tiempo, da una solución a Canarias, para que las cifras de acogida no sigan creciendo hasta niveles que "ya son insostenibles".
"Esto no es un problema político, ni territorial, es un problema humanitario. Tenemos que dar una respuesta como país", ha señalado el presidente canario, que recuerda además que está por llegar el periodo del año en los que tradicionalmente es más intensa la llegada de cayucos a Canarias: el último cuatrimestre.
El presidente de Canarias ha recalcado que la decisión la tiene que tomar el Congreso de los Diputados, pero del balance de la Conferencia Sectorial de este miércoles se queda como que "algunas comunidades dijeron que quieren dar respuestas".
Para su Ejecutivo, "la fórmula idónea es un decreto ley que entre en vigor de forma inmediata y dé respuesta" a la saturación de la red de acogida de Canarias, permitiendo la salida de unos 2.000 menores hacia recursos de otras comunidades autónomas donde puedan ser atendidos "de forma mucho más digna y con garantías".
Porque en las condiciones en las que está en estos momentos Canarias, con más de 5.500 menores bajo su tutela, "acabas contando literas y plazas, no niños y niñas y corremos el riesgo de deshumanizarnos", ha advertido.
Clavijo sostiene que la solución no puede ser "seguir almacenándolos (a los menores) en Canarias" y se lamenta de la falta de respuestas: "Empezamos hace un año. Nos ha recibido el papa, vino la comisaria europea de Interior, nos hemos reunido con el vicepresidente de la Unión Europea, hemos pasado por cinco ministerios... Ya no sabemos qué hacer".
El presidente canario ha remarcado que su comunidad "está pagando de su fondo todo este fenómeno migratorio", cosa que no cree justa, porque "las competencias son del Estado, que tiene que asumir la financiación".