Unanimidad para iniciar el procedimiento de rescisión del contrato con Canal Gestión
La Asamblea General Extraordinaria del Consorcio del Agua aprobó esta mañana por unanimidad iniciar el procedimiento para la resolución del contrato de concesión a Canal Gestión Lanzarote de los servicios de abastecimiento de agua, saneamiento y reutilización de las islas de Lanzarote y La Graciosa.
La unidad y coherencia de los miembros del Consorcio del Agua, alcaldes y alcaldesa de los municipios de la isla, apoyados en el informe emitido por la responsable del contrato, propició el voto unánime al inicio del procedimiento de resolución, a pesar de la tentativa de coacción de Canal Gestión a los miembros del Consorcio al remitirles un burofax, dirigido de forma personalizada a cada uno de ellos, en un intento de usurpar la capacidad decisoria de sus miembros.
Al inicio de la asamblea los alcaldes presentes abrieron el burofax que se les remitió, cuyo contenido no afectó a la decisión meditada que pensaban adoptar. Más bien se tradujo en una muestra de debilidad de Canal Gestión Lanzarote y un impulso a la unidad a los representantes de las administraciones locales e insular que conforman el Consorcio del Agua de Lanzarote y que mayoritariamente calificaron de “chantaje” el contenido del escrito en el que se negaba el incumplimiento del contrato y trasladaba la responsabilidad sobre la situación del servicio al propio Consorcio.
La Asamblea General también aprobó por mayoría, con los votos en contra de los Ayuntamientos de Tías, San Bartolomé y Haría, y la abstención de Yaiza del inicio de un procedimiento para la adjudicación de un nuevo contrato, condicionado a la terminación del expediente de resolución (según el artículo 213.6 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Al respecto de este punto y de la negativa de los alcaldes socialistas a aprobarlo, el presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, quiso matizar que “la apertura del procedimiento para un nuevo contrato no significa que finalmente la gestión del agua se vuelva a externalizar, pero el Consorcio no puede pararse, tenemos un plazo de 8 meses y debemos tener preparadas todas las opciones, no descartándose ni la gestión pública ni la creación de una empresa mixta público-privada. Esto todavía no se ha decidido”.
Betancort añadió que “no podíamos quedarnos de brazos cruzados viendo cómo se deterioraba el servicio de abastecimiento de agua, y por eso hemos estado durante más de un año trabajando en elaborar un informe jurídico minucioso y detallado para rescindir el contrato con Canal Gestión. Un informe que se ha elaborado después de mirar una a una las facturas y las inversiones de Canal Gestión. No ha sido una tarea fácil y por eso quiero felicitar a todo el equipo jurídico y técnico del Consorcio, y por supuesto al consejero Domingo Cejas por esta labor de hormiguitas para la que no han tenido precisamente la colaboración de la concesionaria”.
El informe jurídico de la técnica encargada del contrato de Canal Gestión concluye que los incumplimientos de la concesionaria son de una gravedad tal que abocan a la resolución del contrato al haber vulnerado obligaciones esenciales del acuerdo contractual.
La Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) estipula un periodo máximo de 8 meses para la resolución final del contrato. La Asamblea General del Consorcio aprobó también un plazo de 10 días hábiles para que Canal Gestión presente alegaciones o documentación sobre el expediente, y posteriormente, una vez analizadas las mismas, el Consorcio realizará una propuesta de resolución definitiva que será enviada al Consejo Consultivo de Canarias para que emita un dictamen que es preceptivo, pero no vinculante.
El consejero de Aguas, Domingo Cejas, ha resaltado también “el enorme esfuerzo realizado por su equipo del Consorcio y el minucioso informe redactado por la responsable del contrato que, apoyado en los documentos e informes técnicos elaborados en el último año, se sustenta en auditorias de gestión, informes sobre control de fugas, auditorias de procesos en depuradoras, informes del mantenimiento y la operación de las instalaciones y, en especial, en los informes sobre el grado de cumplimiento del compromiso inversor presentado por Canal Gestión”.
Una infra inversión de 21 millones de euros
Entre los incumplimientos graves que motivan la resolución del contrato destaca el objetivo principal del acuerdo contractual de reducir las pérdidas al 30% tras los primeros 5 años del contrato (en 2018). Se ha incumplido, por tanto, señala el informe, el Plan de Explotación que ha llevado a que las pérdidas de agua sean superiores al 56 por ciento, muy lejos del objetivo requerido.
El informe revela que Canal Gestión Lanzarote, en lo relativo al desarrollo del programa de inversiones comprometidas en su oferta por un importe de 54.455.128,00 €, ha ejecutado actuaciones justificadas que han supuesto una inversión por valor de 32.633.088,09 €, quedando una infra inversión que no ha podido ser justificada por importe de 21.822.039,91 €.
Afirma también el informe de la responsable del contrato con Canal Gestión que se ha realizado la modificación unilateral de inversiones y ejecución de obras no contempladas en la oferta inversora, y que tampoco se ha cumplido con el plan de explotación ofertado por el propio Canal que se refleja por la inacción para la detección de fugas, lo que habría contribuido de forma decisiva a la reducción de las pérdidas en la red.
En el listado de incumplimientos el informe apunta también a la obligación de liquidar el canon variable (Canon C) por deducciones fiscales aplicadas, estimada la deuda en 833.000 euros, y la obligación de prestar el servicio de forma continuada, que se refleja en los continuos, numerosos y reiterados cortes de suministro a núcleos de población completos.
Se incumple igualmente la obligación de no subcontratar los servicios que le son propios a la concesionaria, la de proporcionar información a requerimiento del Consorcio, así como la presentación de los documentos con las memorias anuales de los servicios realizados.
