UGT y CCOO denuncian la forma en la que está actuando Correos con los trabajadores

CCOO y UGT han calificado los mecanismos adoptados por la empresa para renovar 1.500 contratos temporales como un nuevo desbarajuste en la gestión, fuera del marco legal, consecuencia del caos organizativo generado por las instrucciones impuestas por el presidente de Correos el pasado 15 de marzo.

Ambos sindicatos han señalado que “estas renovaciones de contratos vuelven a saltarse por segunda vez los mecanismos de rotación contemplados en el Convenio Colectivo. Realizándose, por tanto, al margen de la legalidad y atentando contra el derecho al empleo recogido en el Convenio, a la carrera profesional de miles de trabajadores/as, lo que supone una discriminación sin precedentes en la compañía que llegará a la Audiencia Nacional”, advierten ambos sindicatos. CCOO y UGT han querido resaltar que “Correos está adulterando las relaciones laborales utilizando la crisis como coartada, y eludiendo una negociación seria y responsable en el marco de la negociación legal con los sindicatos”.

"Los contratos se realizan al margen del Convenio y la normativa laboral por ahorrarse trámites en la gestión"

Además, en pleno estado de alarma, Correos ha manifestado su intención de reabrir el turno de tarde, con 5.000 personas, suprimido temporalmente desde el 15 de marzo, para notificaciones. Ambos sindicatos han recordado que “estas se encuentran actualmente limitadas a las de Hacienda y Seguridad Social, una mínima parte de las habituales, por lo que no justifican la medida”. En cambio, alertan de que “esta decisión solo se justificaría con la velada intención de prestar servicios no esenciales, más allá de los delimitados por el estado de alarma, y advierten que denunciarán todos los casos en que esta situación se produzca”.

Insisten en que estos contratos se están realizando al margen del Convenio y la normativa laboral por ahorrarse trámites en la gestión. “Con un volumen de notificaciones insignificante, pretende utilizar a más de 5.000 notificadores/as para actividad no esencial exponiéndolos al contagio”. CCOO y UGT vuelven a exigir “la adecuación de la actividad a lo necesario del servicio público establecido en el RD, no más, y con un porcentaje del 25% de la plantilla.

Además, advierten de que “los contratos realizados deben atender a servicios esenciales, útiles y amparados en el estado de alarma y adelantan que denunciarán públicamente cualquier intento de derivar una actividad de riesgo hacia la plantilla laboralmente más vulnerable”.