Octava isla

El Cabildo solicita un destacamento permanente de la Guardia Civil en La Graciosa

Guardia Civil.
Guardia Civil.

Oswaldo Betancort: “La seguridad de los residentes y visitantes de La Graciosa debe ser una prioridad. No podemos seguir esperando mientras la octava isla sigue creciendo en popularidad y número de visitantes”

El Cabildo solicita un destacamento permanente de la Guardia Civil en La Graciosa

El grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha presentado este jueves una moción para instar al Gobierno del Estado a asignar un destacamento permanente de la Guardia Civil en La Graciosa. 

El 11 de diciembre de 2019, el Parlamento de Canarias aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley que solicitaba la presencia de un destacamento permanente de la Guardia Civil en La Graciosa. Esta petición ya había sido apoyada anteriormente, en 2010, por la Comisión de Interior del Senado, con el respaldo de los grupos CC, PP y PNV.

Pese a estos acuerdos y a la disposición del Ayuntamiento de Teguise de ofrecer un local para el establecimiento del destacamento, La Graciosa debe garantizar la seguridad pública de una isla con una población que ronda los 700 habitantes, cifra que se multiplica durante la temporada turística.

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote, ha subrayado la urgencia de esta medida: “La seguridad de los residentes y visitantes de La Graciosa debe ser una prioridad. No podemos seguir esperando mientras la octava isla sigue creciendo en popularidad y número de visitantes. Un destacamento permanente de la Guardia Civil es esencial para garantizar un entorno seguro y protegido.”

El presidente del Consorcio de Seguridad y Emergencias, Francisco J. Aparicio, aseguró por su parte que este grupo de Gobierno “continúa apostando por garantizar el bienestar tanto de residentes como visitantes de la isla, y eso va de la mano con el aumento de la presencia de efectivos policiales”.

Un presupuesto para La Graciosa

El grupo de Gobierno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa ha presentado una moción para instar al Gobierno de Canarias a que incluya un capítulo específico de inversiones destinadas a La Graciosa en los presupuestos autonómicos de 2025, actualmente en fase de tramitación.

La aprobación de la Ley Orgánica 1/2018, que reconoció a La Graciosa como la octava isla habitada del Archipiélago Canario, marcó un hito importante, otorgándole un estatus que va más allá de ser un mero islote. Con una población estable de aproximadamente 700 habitantes, que se incrementa notablemente durante los meses de verano y otros períodos vacacionales, y con un flujo anual de más de 500.000 turistas, La Graciosa enfrenta desafíos particulares que requieren atención especial.

Las necesidades específicas de la isla en áreas como depuración y saneamiento, sanidad y educación, seguridad y emergencias, así como limpieza y embellecimiento, deben ser atendidas a través de partidas presupuestarias específicas.

Oswaldo Betancort, presidente del Cabildo de Lanzarote, ha señalado la importancia de esta medida: “La Graciosa no solo es la octava isla habitada de Canarias, sino que también es un símbolo de nuestra identidad y patrimonio natural. Es fundamental que el Gobierno de Canarias reconozca sus necesidades con inversiones específicas en los próximos presupuestos. No se trata solo de números, sino de la calidad de vida de los gracioseros y de la sostenibilidad de uno de los destinos más emblemáticos del archipiélago.”

Por su parte, la consejera de Hacienda y Contratación del Cabildo de Lanzarote, María Jesús Tovar, aseguró que desde el área "hemos considerado fundamental que la octava isla disponga de su propio capítulo, poniendo así en valor todas aquellas necesidades que precise”.

Pagos a vecinos afectados por el deslinde de 1965

El Cabildo de Lanzarote aprobó este jueves en el pleno celebrado en la isla de La Graciosa la moción presentada por el grupo de Gobierno para que se inste al Gobierno de España a desistir de reclamar pagos a los vecinos y vecinas de La Graciosa propietarios de parcelas afectadas por el deslinde marítimo-terrestre realizado en 1965.
El motivo de dicha moción es que, desde hace meses, el Ministerio de Hacienda está reclamando a los residentes de Caleta del Sebo, en La Graciosa, el pago de importantes sumas económicas, que en algunos casos alcanzan los 94.000 euros, argumentando que las parcelas donde se encuentran sus viviendas ocupan parte de suelo de dominio público. Esta reclamación afecta a vecinos y vecinas que son propietarios de estos terrenos desde hace más de 40 años.
En este sentido, el grupo de Gobierno se adhiere a esta posición y considera que es totalmente injusto que el Estado reclame ahora pagos a los vecinos por terrenos que han poseído legítimamente durante cuatro décadas.
El consejero Domingo Cejas recordó durante su intervención que el propio Ayuntamiento de Teguise expresó que esta interpretación por parte del Ministerio de Hacienda es errónea y ha solicitado al Estado retomar el acuerdo alcanzado en 2006 sobre la nueva delimitación y deslinde en Caleta del Sebo, en el momento de la aprobación del PRUG de la Isla de La Graciosa, documento que ha sido anulado posteriormente por fallo judicial.
“Defenderemos hasta el final los derechos de los vecinos de Caleta del Sebo. No podemos permitir que se aplique una normativa desactualizada que va en contra de los acuerdos alcanzados y que, además, ignora la realidad de una comunidad que ha cuidado y respetado su entorno durante décadas", añadió el consejero.
Por todo lo anterior, se aprobó en el pleno del Cabildo de Lanzarote y La Graciosa que inste al Gobierno del Estado a desistir de reclamar estos pagos a los vecinos y vecinas afectados y a retomar el acuerdo sobre la nueva delimitación y deslinde en Caleta de Sebo, tal y como se acordó en 2006 con la aprobación del PRUG de La Graciosa.
Como presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, reitera que “es incomprensible que se pretenda exigir ahora pagos desorbitados a los vecinos de La Graciosa, que han pedido ser legítimos propietarios después de 40 años. Es una cuestión de justicia y de respeto a la historia y los derechos de estas familias".
Por su parte, el vicepresidente de la Corporación insular, Jacobo Medina, aseguró que “no tiene ningún tipo de coherencia que, después de cerca de medio siglo, desde el Gobierno de España pretenda reclamar unos pagos inaceptables a los vecinos de la octava isla”.

Comentarios