El proyecto de ley de vivienda vacacional llega al Parlamento tras "múltiples cambios"
El Gobierno de Canarias trasladará al Parlamento regional el proyecto de ley que regulará la vivienda vacacional tras introducir "múltiples cambios" respecto al borrador inicial, según ha reconocido la consejera de Turismo y Empleo, Jessica de León.
De León ha explicado tras la reunión del Consejo de Gobierno que, "por fin", el anteproyecto de ley llegará como proyecto de ley al Parlamento de Canarias antes de que finalice el año, tal y como se comprometió el Ejecutivo regional, cuyo carácter "reformista" ha ensalzado, ya que este jueves se ha abierto el trámite de consulta pública para reformar la ley de ordenación del turismo de 1995.
La consejera ha calculado que la ley de vivienda vacacional podría aprobarse en un plazo de tres meses, teniendo en cuenta que enero es inhábil, aunque pedirá que a la Mesa del Parlamento de Canarias que habilite la última semana del mismo para apurar los plazos.
De León ha hecho hincapié en que en el Ejecutivo regional han sido "bastante flexibles" y se han introducido "múltiples cambios" a petición de otras administraciones, órganos consultivos y ciudadanos durante el proceso de alegaciones, en el que se han recabado más de 5.000.
Uno de esos cambios, ha detallado De León, es que en el borrador inicial no se diferenciaba entre propietarios y explotadores de viviendas vacacionales y se establecía una temporalidad de cinco años, revisables a otros cinco, hasta un máximo de 20 años.
Tras un proceso de "escucha activa", el Gobierno de Canarias ha acordado que todos los propietarios que cumplen con el decreto que en estos momentos regula la actividad puedan ejercerla de forma ilimitada.
Otro de los cambios introducidos en el texto legal, más allá de los que pueda haber durante el trámite parlamentario, es que los ayuntamientos con la capacidad de carga sobrepasada (90% vivienda-10% turismo) puedan emitir un informe por núcleos.
Jessica de León ha aludido también a la supresión del requisito inicial de contar con un punto de recarga para vehículos eléctricos a 500 metros de la vivienda vacacional o a la reducción de la superficie mínima hasta los 25 metros cuadrados.
Ha señalado que ha habido cambios a petición de la FECAI y la FECAM, con la última de las cuales el Gobierno de Canarias ha "acercado bastante más las posturas" que al inicio.
La consejera ha subrayado que el reparto de competencias que determina el proyecto de ley no ha sido puesto en duda por ningún organismo, y ha puesto como ejemplo al Ayuntamiento de Granadilla, que ha redactado y tiene en exposición pública su ordenanza, "una oda a la sencillez", en un mes.
"No pedimos un cambio sustancial" del planeamiento general, ha expresado la consejera, ya que los ayuntamientos pueden recurrir a una ordenanza pormenorizada o provisional.
Preguntada si teme una batalla judicial, ha asegurado que esta ley "ha estado tan participada y ha pasado por tantas consultas que es muy difícil que esos recursos prosperen". Jessica de León ha recalcado que cuando entre en vigor la ley, hasta que el planeamiento de cada municipio no lo habilite no se podrá conceder una sola licencia.
También ha enfatizado el hecho de que se ha "reforzado" la declaración responsable para ejercer la actividad, con la exigencia de proyectos técnicos y con la vigilancia del "cumplimiento estricto" de la ley por parte de cabildos, ayuntamientos, Gobierno de Canarias y de España a través del registro de ventanilla única digital.
A pesar de los "múltiples cambios" introducidos, la consejera ha reparado en el carácter "contundente" de la futura ley de vivienda vacacional, que mantiene unas "líneas rojas", como el veto a esta actividad de la vivienda protegida.
Cree la consejera que esta ley "indiscutiblemente" ayudará a relajar la tensión del mercado de la vivienda residencial, una realidad de la que no es responsable en su totalidad la vacacional sino que responde a diferentes factores, uno de ellos, la ley estatal de vivienda cuya derogación ha vuelto a reclamar.
En cuanto a la reforma de la Ley de ordenación del turismo, ha indicado la necesidad de adaptar la normativa al contexto actual, en el que Canarias vive "cuatro emergencias: energética, hídrica, habitacional y migratoria".
Ha opinado que la ley en vigor, pese a su longevidad, fue "avanzada a su tiempo" y ha permitido a Canarias tener un sector turístico "muy competitivo", y lo que ahora pretende el Gobierno regional es que sea "más rentable para los canarios" y que "hable el lenguaje de la sostenibilidad".
Críticas de Nueva Canarias
Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) en Arrecife quiere terminar el año 2024 volviendo a reivindicar una verdadera política de acceso a la vivienda en la capital, tal y como llevan reclamando desde principio de año con numerosas propuestas y solicitudes.
Así lo expresa su portavoz local, Sheila Guillén, que sostiene que “Arrecife se ha convertido en una localidad inaccesible con precios de compra de vivienda muy altos para la renta per cápita local y con alquileres desorbitados que han ido incrementándose estos últimos años”. A esto se le añade, sostiene la canarista, una “inexistente política de vivienda por parte del Ayuntamiento y Cabildo y de los partidos que han gobernado mayormente estas administraciones durante estos últimos 10 años, CC y PP, que han hecho subir los precios del alquiler hasta un 80 por ciento”.
Para NC-bc, “el grupo de gobierno del PP y CC no tiene política de vivienda, sino que se limitan a dar licencias para vivienda libre sin asegurarse si estás van al mercado de alquiler asequible, a engrosar la vivienda de libre mercado o al alquiler vacacional”. “Un auténtico disparate”, sostienen los canaristas, “puesto que Arrecife y Lanzarote no tienen problemas de oferta de vivienda libre, sino precisamente de vivienda a precios asequibles tanto en compra como en alquiler”.
Un dato que corrobora este análisis “es que Arrecife es uno de los municipios de Canarias con más porcentaje de viviendas en manos de grandes tenedores, prácticamente el 10 por ciento del total de viviendas existentes en la localidad”, una cifra, mantienen los canaristas, “que hace subir los precios del mercado y genera una verdadera burbuja inmobiliaria”.
“Lo que está haciendo CC, responsables del área de vivienda, es engordar más si cabe la burbuja inmobiliaria ofreciendo un buffet libre de vivienda privada sin garantizar la asequibilidad de estas”, comenta Guillén, “que ve que esta política es una política del mínimo esfuerzo y sin un sustento de rigor, cuando existen alternativas como el incentivo fiscal para construcción de vivienda asequible, la declaración de zona tensiona para frenar los precios del alquiler de forma temporal o la adquisición directa de viviendas por parte del Ayuntamiento”.
“Vemos que el gasto público no está bien orientado. Se compran edificios o casas para darle usos que ahora no son prioritarios para los vecinos de Arrecife. Necesitamos volcar todos nuestros esfuerzos en la vivienda asequible y en los índices de pobreza, elementos que van ligados”, sentencia Sheila Guillén.
