Paulino Rivero

Respuesta desigual

20/6/2020
El coronavirus ha desatado la mayor crisis sanitaria, económica y social que ha vivido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. A la preocupación y el pánico que está causando el virus por sus letales efectos, se unen las colas del hambre, la pobreza y la miseria que nos deja la paralización de la actividad económica. La única vacuna conocida hasta ahora para combatir al virus es el confinamiento y el aislamiento de las personas. Sin embargo, el confinamiento y el aislamiento de las personas es un veneno para la economía y su huella se va viendo en el paro, las colas del hambre  y el empobrecimiento.
 
En una situación extrema como la que estamos viviendo, la fortaleza que exhiba lo público adquiere un inmenso valor. Los gobiernos —las administraciones públicas— disponen de medios que permiten garantizar que el bien común de la sociedad y el interés general prevalezcan sobre los intereses particulares; además, la defensa de lo público es perfectamente compatible con el empuje inteligente del ámbito privado, en el objetivo de conseguir objetivos compartidos desde todas las esferas.
El obligado confinamiento llevado a cabo para cortar la propagación del virus ha paralizado casi todas las actividades económicas
 
El llamado sector público lo mantenemos entre todos los ciudadanos y debe ser el instrumento que nos permita sostener unos servicios esenciales de calidad que garanticen la cohesión social, especialmente en situaciones complejas como las que estamos viviendo. En la respuesta sanitaria que se le está dando a la pandemia, ha destacado el inmenso  compromiso que han demostrando los profesionales de la Sanidad. En médicos, enfermeros, auxiliares o farmacéuticos ha prevalecido su compromiso de vocación de servicio, por encima de los riesgos que ha entrañado desempeñar su trabajo —a veces incluso sin las medidas de protección adecuadas—. Lo mismo podríamos decir del Ejército, Guardia Civil, Policía o Protección Civil, entre otros —por otra parte, es digno de resaltar el compromiso asumido por el sector privado de la sanidad canaria para sumar sus medios a los públicos y así garantizar mayor disponibilidad de camas especializadas para potenciales enfermos—. Sin embargo, no parece extensible el reconocimiento y el aplauso generalizado, que se han ganado los que están luchando contra el virus en el frente sanitario, a otros ámbitos de la Administración Pública que tienen que dar respuesta a la vertiente social y económica de la crisis.
 
El obligado confinamiento llevado a cabo para cortar la propagación del virus ha paralizado casi todas las actividades económicas; las consecuencias inmediatas han sido el cierre de empresas, paro, riesgo de fractura social, la reaparición de las colas del hambre o serios riesgos de la destrucción de una parte importante de nuestro tejido productivo. Los gobiernos de España y Canarias han impulsado una batería de medidas sociales y económicas que ayuden a evitar fracturas sociales, la desaparición de más tejido productivo y destrucción masiva de empleo —medidas transitorias para ayudar a que, una vez superada la crisis sanitaria, la recuperación de la actividad sea viable—.
En períodos difíciles y complejos lo público debe ser referencia y ejemplo
 
El colapso administrativo que se está produciendo en la tramitación de la ayudas impulsadas por ambos Gobiernos están empezando a levantar quejas y protestas ciudadanas. Los gobiernos de España y Canarias están haciendo un esfuerzo enorme para impulsar medidas que ayuden a favorecer la cohesión social, el empleo y la actividad económica, pero están fallando a la hora de tomar medidas para que la maquinaria administrativa responda con prontitud y compromiso a la demanda de los ciudadanos con derecho a ellas. Las medidas económicas y sociales que han ido impulsando los gobiernos apuntan en una buena dirección, pero las respuestas de la Administración para hacerlas efectivas deben ser urgentes, porque las necesidades que deben atenderse son también muy urgentes.
 
La noticia hecha pública esta semana de que los empleados públicos canarios pueden teletrabajar desde sus casas —de dos a cinco días a la semana— no parece que favorezca la agilidad y urgencia que se demanda. En períodos difíciles y complejos lo público debe ser referencia y ejemplo, todos los que están trabajando en el amplio dispositivo sanitario que está luchando para contener al virus se han ganado el cariño y el respeto de la ciudadanía. El tiempo dirá si la parte de la Administración Pública que tiene que dar respuestas para hacer efectivas las medidas sociales y económicas impulsadas por los gobiernos se gana el reconocimiento o el rechazo ciudadano.

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