Román Rodríguez

Repunte migratorio y solidaridad vinculante

18/7/2021

En el pasado mes de junio se produjo un repunte en la llegada de personas a Canarias en barquillas, cayucos o lanchas neumáticas. Con un total de 1.381 hombres, mujeres y menores, el segundo mayor dato registrado tras el producido en el mes de enero. En el global de los primeros seis meses del año se alcanzan los 6.774, cifras similares a las que se produjeron en el período enero-octubre del pasado año 2020. Con 47 personas desaparecidas o muertas en naufragios en las costas canarias, a pocos metros de tierra, o en embarcaciones cuyos pasajeros vivos fueron rescatados. Desapariciones de las que existe constancia, pues es razonable pensar que son muchísimas más las víctimas de las que no tenemos datos. Lo que no ha repuntado, lamentablemente, es la insuficiente respuesta de la Unión Europea y el Estado español, así como la escasa solidaridad de la mayoría de las comunidades autónomas en el tema de los menores. 

En lo que va de año la mayoría de las personas migrantes llegó a la isla de Gran Canaria, un 47%, por delante de Fuerteventura (20%), Lanzarote y La Graciosa (14%) y Tenerife (12%); con porcentajes menos relevantes en El Hierro (6%) y La Gomera (0,6%). El punto de salida más frecuente en esta ruta, ubicado en Dajla y alrededores, se ha desplazado al norte, concretamente a las inmediaciones de la capital del Sahara Occidental, El Aaiún. Según los supervivientes rescatados, las embarcaciones estarían saliendo de Lblaya, ubicado en el Puerto de El Aaiún. Igualmente, también ha habido múltiples salidas desde los puntos costeros habituales de la provincia de Guelmin, ya en Marruecos. Sigue predominando la población subsahariana entre los llegados al Archipiélago. 

Recientemente, la ONG Caminando sin Fronteras, denunció que en la ruta canaria perdieron la vida 1.922 seres humanos en 57 naufragios en la primera mitad del 2021. Resaltando en su informe los riesgos de la navegación y la fragilidad del creciente empleo de embarcaciones neumáticas, poco adecuadas para navegar en el Atlántico. Esta ONG exige más medios materiales y humanos al Gobierno de Pedro Sánchez, así como una mejor coordinación con Marruecos, para evitar la terrible pérdida de vidas humanas en las distintas rutas marítimas -argelina, del Mar de Alborán, el Estrecho y la canaria- por las que personas procedentes del continente africano intentan llegar a la Unión Europea.

Pobreza y conflictos bélicos

El fenómeno migratorio no parece que vaya a remitir en el próximo período. Como no parece que vayan a mejorar a corto plazo las condiciones de vida en los países emisores, sensiblemente empeoradas por la pandemia de la Covid 19, que ha incrementado sustancialmente los niveles de desempleo y de pobreza severa en estados que carecen de sistemas de protección social. Ni tampoco desaparecerán los graves efectos de los conflictos bélicos en Mali, Niger o Burkina Faso, que han causado en los últimos años miles de muertes y cientos de miles de personas desplazadas.

Una mirada sobre la situación de la ruta migratoria atlántica, a su paso por Canarias, nos deja algunas reflexiones que no debemos dejar pasar por alto. Ha aumentado significativamente el número de personas que se han lanzado al mar en el primer semestre; y que llegan a Canarias como puente para tratar de alcanzar su destino en el territorio continental de la Unión Europea. Unas 7.000 personas han llegado a nuestras costas en lo que va de año. Un periodo en el que han venido más mujeres que en todo el año pasado. Por todos es sabido, y hay múltiples informes al respecto, que las violencias que sufren las mujeres en la ruta migratoria, la vulneración de sus derechos fundamentales es mucho mayor. En lo que va de año más de 1.200 mujeres han llegado al Archipiélago.

De igual forma, los niños y niñas que viajan solos o con familiares siguen muy presentes en las costas y suponen un reto para el que debemos adaptar el sistema de acogida e integración, no solo en las Islas, sino desde una perspectiva de compromiso del Estado. Abordando un nuevo marco regulatorio de forma diligente que permita afrontar la realidad con la necesaria actitud y disposición para proteger los derechos de las personas más desprotegidas y vulnerables. Porque no es admisible desde ningún punto de vista que, por su condición de frontera Sur de Europa y de España, Canarias tenga que asumir prácticamente en solitario la atención a los menores. Es inviable ofrecer el trato adecuado a miles de niños y niñas procedentes de África, además de la tutela que ya ejercemos sobre los residentes en las Islas. Es justo que se produzca un reparto vinculante entre las diferentes comunidades autónomas.

Abandonan sus lugares de origen por diferentes causas, algunas de forma forzada y otras para recorrer el enorme camino de la desigualdad que nos separa y tener algunas aspiraciones vitales y horizontes más certeros. Los niños y las niñas que llegan en soledad son parte de la ciudadanía europea del presente y del futuro y como tal, reducir la hostilidad, propiciar una acogida en mejores condiciones, impactará de forma directa en su inclusión e integración en la sociedad del presente y del futuro. 

Apoyo idiomático

Al respecto, resulta relevante que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias haya emitido una resolución por la que se permitirá a los centros solicitar apoyo idiomático si se produce, por causas sobrevenidas, un incremento en sus aulas de alumnado que no habla el castellano. Esto antes solo se podía hacer a principio de curso. Acertadamente, se ha adaptado la estructura a la realidad educativa y migratoria de las Islas.

Como se sabe, la interpretación restrictiva del marco legal actual descarga en las comunidades autónomas la gestión de todo lo referido a los menores no acompañados. Pero desde Canarias continuamos insistiendo en que habría que afrontar este asunto con realismo y ser conscientes de que para propiciar el mejor de los tratos hay que trabajar de forma conjunta y coordinada entre las diferentes administraciones del Estado. Resulta paradójico pedir a la Unión Europea lo que no se hace entre las comunidades autónomas: una redistribución justa, equitativa, obligatoria, vinculante y con criterios de reparto asociados a la riqueza, a la población y al desempleo de cada nacionalidad o región, como plantea la propuesta Share impulsada por el País Vasco y su lehendakari.

Se trata de salvar vidas. Se trata de mejorar la convivencia. Se trata de estar comprometidos con nuestro tiempo. El fenómeno migratorio será una constante en las próximas décadas y la Unión Europea y el Estado español deben afrontarlo desde el respeto a los derechos humanos, los recursos suficientes para propiciar la integración, los procesos seguros por vías legales -estableciendo, por ejemplo, cupos anuales, como desde hace tiempo hace Canadá- y una verdadera colaboración al desarrollo que posibilite la mejora de las condiciones de vida en los países de origen.

Añadir nuevo comentario