Román Rodríguez

Gasto público responsable

Foto de archivo de un Consejo de Gobierno de Canarias.
11/10/2020
Como consecuencia de la actual crisis sanitaria, económica y social se prevé este año en Canarias una pérdida de riqueza de 10.000 millones de euros, con una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 21,6%, casi duplicando lo estimado para el Estado español (11,2%) y el doble de lo perdido durante los cinco años de la crisis precedente. Una situación que afecta a las empresas y al empleo; que reduce de manera significativa los ingresos de las administraciones públicas, justo cuando estas tienen que afrontar más necesidades sanitarias, educativas o de protección social, así como de estímulo económico. Frente a esta crisis se han venido consolidando en Europa, en el Estado español y en Canarias políticas fiscales expansivas, anticíclicas, dirigidas a paliar sus consecuencias en la economía y en la vida de la gente, así como a desarrollar planes de reactivación que permitan una recuperación a medio plazo. 
 
Son respuestas muy distintas a las de la anterior crisis, la financiera del 2009-2014. Entonces se impusieron políticas de austeridad y recortes que debilitaron a los servicios públicos y abandonaron a empresas, trabajadores y familias. Por ello, en esta ocasión resulta justo reconocer el positivo papel de las instituciones europeas, del Consejo y de la Comisión, así como del Banco Central que ha puesto en circulación 1,3 billones de euros, facilitando dinero a la banca privada y posibilitando que la deuda pública se compre a precio justo, sin especulación. Y, también, hay que reconocer el esfuerzo de las distintas instituciones en el Estado español. Del Gobierno central, intensificando la política fiscal expansiva. Con numerosos ejemplos: la financiación autonómica del año 2020 planteada al margen del ciclo económico adverso; el Fondo Covid de 16.000 millones de euros no reembolsables; los 100.000 millones de los créditos ICO; los ERTE, ahora prolongados, y que en Canarias tienen una incidencia por encima de la media estatal; las ayudas a los autónomos y la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Del Gobierno de Canarias, ampliando las partidas presupuestarias para la sanidad y la educación, apoyando a pequeñas y medianas empresas y autónomos, adelantando el pago del Fondo Canario de Financiación Municipal y flexibilizando su uso.
 
Déficit y deuda
En la reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y los consejeros de las comunidades autónomas analizamos las consecuencias de la suspensión de las reglas fiscales para 2020 y 2021. Aprobada por el Ejecutivo estatal, pero que habrá de ratificar las Cortes. Avalada por lo decidido por la Comisión Europea en marzo, en la excepcionalidad que establece la Constitución en su art. 135.4 (que señala que los límites de déficit y deuda “sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria…”) y en la propia Ley de Estabilidad Presupuestaria.
 
En el 2020 y en el 2021 no habrá límite de gasto, se pueden usar remanentes y superávit, se suspenden los objetivos de déficit y deuda. Y el Gobierno central ha aprobado el límite de gasto no financiero para 2021, que incrementa el gasto público un 54% hasta alcanzar los 196.097 millones de euros. Se establece una tasa de referencia del déficit del -7,7% del PIB para el conjunto de las administraciones. Del que un -2,4% corresponderá a la administración central, el -2,2% a las CCAA, el -0,1% a las corporaciones locales y un -3,0% a la seguridad social. Esa tasa de referencia de las comunidades, el -2,2%, el Gobierno central se compromete a cubrir la mitad, transfiriendo esos recursos a las nacionalidades y regiones, en lo que se convierte en una especie de reedición del Fondo Covid de 2020 en el próximo 2021.
 
Junto a la suspensión de las reglas fiscales resulta muy relevante cómo se resuelve la financiación autonómica, que supone el 72,9% de los ingresos de la Comunidad Canaria. Al igual que sucedió este año, para 2021 se plantea que las cantidades a cuenta se mantengan al margen del ciclo económico adverso, lo que supondrá para Canarias contar con recursos similares a los del actual ejercicio, unos 600 millones. Tiene el condicionante, eso sí, de que lo que Canarias reciba por encima de lo que le correspondería teniendo en cuenta el contexto económico lo tendrá que devolver dos años después: lo de 2020 en 2022, lo de 2021 en 2023. Lo que obliga a ser aún más prudentes si cabe en el manejo de las finanzas públicas.
 
Expansión y consolidación fiscal
Otro asunto trascendental son los fondos europeos, 140.000 millones de euros entre 2021 y 2026 para el Estado español. Con 10.000 millones del Plan REACT-UE destinado a reforzar el sistema sanitario y paliar las consecuencias socioeconómicas de la pandemia. Y otros 60.000 del Plan de Recuperación y Resiliencia, orientado hacia la transición ecológica, la transición digital, la igualdad de género y la cohesión social y territorial. Canarias reclama que el destino de estos fondos tenga en cuenta no solo la población, sino también la caída del PIB y los datos de desempleo, apoyando a los territorios y los sectores más dañados por esta crisis. Los mismos criterios que utilizó la Comisión entre los estados.
 
La información expuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera despeja importantes incógnitas para la tramitación de la ley de presupuestos de Canarias para 2021. Ya no hay reglas fiscales, la financiación autonómica se mantiene en niveles similares a este ejercicio y habrá fuentes adicionales de ingresos: transferencias, remanentes y superávit, fondos europeos y, en su caso, el recurso al endeudamiento. De manera que, como mínimo, tendremos un presupuesto inicial similar al de 2020, al que se sumarán en su momento las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, del marco financiero europeo 2021-2027 y de los fondos de reconstrucción europeos. Además, está pendiente la solución de la sentencia de carreteras.
 
Se abre, por tanto, una situación excepcional y coyuntural, con políticas expansivas del gasto público que posibilitarán mantener las nuevas necesidades sanitarias y educativas, además de apoyar a los sectores económicos y al empleo, así como proteger a las personas más vulnerables. Siempre desde la máxima responsabilidad fiscal. El gasto y el endeudamiento no pueden ser estructurales sino coyunturales, porque estamos obligados a garantizar la consolidación fiscal y la sostenibilidad financiera de los servicios públicos. Por eso, hay que ser muy conscientes de la excepcionalidad del momento y de la excepcionalidad de las respuestas al mismo. Pero también entender que se precisa un gran esfuerzo del sector público en los próximos años para reparar el enorme daño que está causando la pandemia de la covid-19, reforzar los servicios públicos y contribuir a la recuperación de la economía y el empleo desde una visión sostenible, justa y con futuro.
 
Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

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