Román Rodríguez

Exigimos nuestros derechos

4/10/2020
La crisis originada por la pandemia de Covid-19 no afecta a todas las comunidades autónomas por igual. En nuestro caso, las restricciones de movilidad y el miedo a viajar han dejado bajo mínimos al sector turístico que en Canarias representa el 35% del PIB y el 40% del empleo, cifras que triplican las del Estado. Entre enero y junio de este año, el turismo se ha reducido en las islas un 63,67%, lo que supone 5,8 millones de visitantes menos que en 2019, con duras consecuencias sobre la economía y sobre el empleo. En agosto, los establecimientos hoteleros y extrahoteleros registraron un 73,7% menos de pernoctaciones que en el mismo mes del pasado año. Otros datos confirman el mayor impacto económico de la actual crisis en Canarias. La última EPA, la del segundo trimestre, nos daba un 21,5% de paro, seis puntos más que la media estatal. Respecto al PIB, el de Canarias retrocedió en el segundo trimestre 14 puntos porcentuales más que el estatal (36,27% frente a 22,1%).
 
En consecuencia con esa realidad, las respuestas del Gobierno central no pueden ser homogéneas. Como no lo fueron ante los efectos sanitarios de la primera ola de la pandemia: se inyectaron muchos más recursos del plan de 16.000 millones de euros no reembolsables en comunidades, como Madrid, con mayor población afectada, más casos de hospitalización y de ingresos en UCI, lo que consideramos razonable. Como razonable es que hayamos reclamado legítimamente en las Cortes respuestas diferenciadas que posibiliten aminorar el grave impacto de esta crisis y evitar la quiebra económica y social en las Islas. Lo hemos hecho exigiendo la prolongación de los ERTE y planteando la necesidad de un plan específico de recuperación del turismo, mediante una moción del diputado Pedro Quevedo (NC) aprobada por el Congreso de los Diputados a mitad de junio.
 
Plan de Reactivación
Y, al mismo tiempo, estamos tomando importantes decisiones en Canarias. La más reciente, la aprobación del Plan para la Reactivación Social y Económica, impulsado por el Gobierno canario y suscrito por la mayoría del arco parlamentario, las organizaciones empresariales y sindicales, y el tercer sector. Un documento que define una hoja de ruta clara con un orden de prioridad en las medidas consensuadas y su cuantificación. Además, nos encontramos en pleno proceso de elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2021, con el objetivo de que sean aprobados por el Parlamento canario antes de finalizar el año para su entrada en vigor desde el 1 de enero, como necesita Canarias y mandatan las leyes.
 
Para su elaboración es preciso despejar una serie de incógnitas que dependen de la Administración General del Estado. La primera, a falta de conocer la letra pequeña, ha quedado resuelta al anunciar la ministra de Hacienda la suspensión de las reglas fiscales, seis meses después de que lo autorizara la Unión Europea. Posibilitando a las administraciones públicas, tanto comunidades autónomas como corporaciones locales o insulares, el uso del superávit y de los remanentes de tesorería. Aunque queda por aclarar qué pasa con la deuda autorizada, lo que no es un asunto menor. La suspensión de las reglas fiscales resulta imprescindible para que las administraciones continúen fortaleciendo los servicios públicos, impulsando a la economía y a las empresas, apoyando a los asalariados y a los autónomos y protegiendo a las personas más vulnerables.
 
Otra relevante incógnita, aún no despejada, hace referencia a los ingresos del Sistema de Financiación Autonómica (SFA), que suponen el 72,9% de los ingresos no financieros no finalistas de la Comunidad canaria. En este 2020 fueron actualizadas por el Estado sin considerar el ciclo económico adverso, situación que debe repetirse el próximo ejercicio para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos fundamentales. De no ser así, hay que compensarlo mediante transferencias no reembolsables o con la autorización de endeudamiento.
 
Y, además, para resolver la pérdida de ingresos fiscales por la extraordinaria reducción de la actividad económica, el Gobierno de Canarias tiene previsto utilizar sus ahorros. Incluyendo los 516 millones de euros consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el Convenio de Carreteras y registrado como superávit excepcional de la Comunidad Canaria del año 2018 y que el Gobierno de España sigue adeudando a nuestra Comunidad. El propósito del Ejecutivo canario es incorporar al presupuesto del próximo año ese importe como ingreso, de modo que, sumado a una actualización del SFA, nos permitiría aprobar unas cuentas públicas canarias similares a las del año en curso.
 
Junto a ello, hay que sumar lo que corresponde a Canarias en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 en dotaciones económicas anuales que recogen las disposiciones del Régimen Económico y Fiscal (REF) y el Estatuto de Autonomía: el Plan Integral de Empleo de Canarias, las inversiones en infraestructuras turísticas, la dotación de la totalidad del POSEI adicional, las subvenciones al transporte de personas y mercancías o las ayudas al agua de riego agrícola. Asimismo, lo referido a los derechos emanados de la condición de Región Ultraperiférica (RUP) en el marco financiero 2021-2027. Y la participación canaria en el Plan de Reconstrucción de 750.000 millones de euros de la Unión Europea, recursos adicionales claves para atender al turismo, las pymes, la construcción, la vivienda, la eficiencia energética o el cambio climático, que deben distribuirse (como se hizo entre los estados europeos) conforme al daño territorial y sectorial de esta crisis.
 
Moción aprobada
El conjunto de acciones que corresponden al Estado fue reclamado por el diputado Quevedo en una moción sobre previsiones del Gobierno español para atender el mayor impacto de la crisis en Canarias por sus singularidades y sobre su reflejo en los PGE de 2021, aprobada esta semana por el Congreso de los Diputados. Algo que valoramos, aunque nos preocupa la abstención del PSOE y de Unidas Podemos, también de sus diputados canarios, en aspectos tan sensibles como el uso de los 516 millones del plan de carreteras para gasto corriente; la inclusión en los PGE para 2021 de las dotaciones económicas del REF y del Estatuto, cumpliendo con nuestros derechos; y que la distribución de los recursos del Plan Europeo de Reconstrucción tuviera en cuenta el impacto de la crisis en cada territorio.
 
Hemos expresado nuestra voluntad de apoyar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021. Hemos mostrado nuestro reconocimiento a distintas decisiones del Gobierno central que consideramos muy útiles para afrontar esta crisis: los ERTE, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, las líneas ICO de liquidez para las pymes, el apoyo a los autónomos o la más reciente suspensión de las reglas fiscales. Pero, con la misma convicción, vamos a exigir que se cumpla con Canarias y se tenga en cuenta el mayor impacto de la crisis en esta tierra, en su economía y en su gente. Tratar por igual a los que son desiguales es lo más alejado de la justicia, de la equidad y de la búsqueda de la imprescindible cohesión económica y social. Reclamamos y reclamaremos nuestros derechos. Lo ocurrido en el Congreso esta semana, la postura mantenida por los dos partidos estatales que apoyan al Gobierno, resulta muy preocupante. Esperamos y deseamos que no sea la posición definitiva.
 
Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.

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