Román Rodríguez

1.404 millones para autónomos, pymes y empresas

6/6/2021

La pandemia y las imprescindibles respuestas sanitarias -confinamiento, restricción de la movilidad, cierres de establecimientos o limitación de aforos y horarios…- para evitar una mayor extensión de la enfermedad y que se produjeran más contagios y más muertes, han supuesto un devastador impacto en la economía y en el empleo. Amortiguado, eso sí, por medidas de enorme relevancia como los ERTE, las aportaciones a los autónomos por cese de actividad y los créditos ICO para garantizar liquidez, que se vienen aplicando desde el comienzo de esta crisis. Y, asimismo, por las ayudas directas, a fondo perdido, a autónomos, pymes y empresas implementadas por el Gobierno de Canarias y por el Ejecutivo español. Nuestra Comunidad es la que más dinero distribuirá y la que a mayor número de profesionales y empresas -se estiman unas 60.000- beneficiará con estas ayudas.

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este viernes el decreto ley que regula las ayudas directas por 1.144 millones que el Estado aporta a nuestra Comunidad para colaborar con su tejido productivo. Destinadas a realizar pagos pendientes a proveedores y otros acreedores; satisfacer deudas financieras y no financieras y cubrir las pérdidas acumuladas entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021. Su plazo de solicitud se abrirá el próximo 15 de junio y abarcará hasta el 28 de julio. Podrán acogerse a las mismas empresas y profesionales de todos los sectores económicos, a excepción del financiero y el de seguros.

El camino no ha sido nada fácil. En el debate y negociación con el Ejecutivo central, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y yo, como vicepresidente y consejero de Hacienda, hemos tenido que emplearnos a fondo para hacer entender a los responsables ministeriales y al propio presidente del Ejecutivo estatal que no podíamos recibir el mismo trato que otras comunidades. Una ardua tarea de convicción que ha resultado fructífera.

 Un trato similar al dispensado al resto de las comunidades autónomas hubiese sido absolutamente injusto y contrario a la equidad. Sería así porque las consecuencias económicas y sociales de la pandemia del Covid 19, por el superior peso del turismo -el sector más dañado en esta crisis por las restricciones a la movilidad- en nuestra economía, y su efecto arrastre hacia otros sectores, son muy superiores a las de las otras nacionalidades y regiones, en la reducción del PIB y en el incremento del desempleo (atenuado por los ERTE) y de la pobreza; solo Baleares ha sufrido un impacto similar.

 Hay que reconocer, y sabemos que no siempre ocurre así, que en el proceso negociador han sido escuchadas nuestras justas y razonables demandas. Esto se traduce en que Canarias es la Comunidad que más recibe de este fondo de ayudas estatales, 1.144 de los 7.000 millones de euros para toda España, más del triple de lo que nos correspondería por un estricto reparto realizado sobre base poblacional; representa 520 euros por habitante, mientras que para el resto del Estado español la proporción es de 150 euros por habitante.

Más autonomía de gestión

Además, hemos logrado otros aspectos diferenciales en la distribución de estos fondos, aparte de la superior cuantía destinada al Archipiélago. En primer lugar, la ampliación de las ayudas a cualquier empresa que haya registrado una caída de sus ingresos superior al 30 por ciento, con independencia de su calificación fiscal; en segundo, límites superiores en las ayudas a los establecidos para las empresas en el resto del Estado, de manera que, por ejemplo, donde allí el tope es 200.000 euros para las de más de 50 trabajadores aquí alcanzan los 5 millones de euros; y, en tercero, más intensidad de las ayudas: las empresas de 1 a 10 trabajadores pueden cubrir el 100% de sus pérdidas; las de 10 a 50 empleados, hasta el 90%, y las de más de 50 trabajadores, el 80%.

 A la hora de desarrollar el decreto canario para canalizar estas ayudas, desde las consejerías de Economía y Hacienda del Gobierno canario nos planteamos algunas prioridades. Entre ellas, alcanzar los máximos niveles de simplificación en los procesos administrativos, facilitando la gestión desde la mayor garantía jurídica, y extender las mismas al mayor número de profesionales y empresas de las Islas. Respecto a lo primero, y siempre dentro del marco jurídico de la normativa europea y estatal, las personas y entidades solicitantes solo deberán presentar la solicitud cumplimentada, acompañada por una declaración responsable. No será necesario aportar más documentos, salvo en casos excepcionales, como el de las empresas con pérdidas en el año 2019, que deberán presentar documentación complementaria.

 Las ayudas llegarán a todos los sectores afectados. Pero, hemos dado especial preferencia a las pequeñas y medianas empresas, mayoritarias en nuestro tejido productivo. De esta manera, 932 millones se dirigen a pymes de hasta 50 trabajadores; de los que 70 millones son para autónomos sin empleados, que no tendrán que acreditar pérdidas, 650 para quienes tengan entre 1 y 10, y 212 para las que cuenten entre 10 y 50 empleados.

Todo tipo de actividades económicas

Hemos conseguido ampliar al máximo las posibilidades del autogobierno en este asunto, yendo más allá de la normativa estatal, lo que nos ha posibilitado incrementar la cuantía de las ayudas y generalizarlas a todo tipo de empresas y autónomos. Igualmente, la presión de Canarias posibilitó que el Ejecutivo central aprobara una norma complementaria para que las empresas de cualquier actividad se pudieran acoger a las ayudas, frente a una regulación inicial mucho más restrictiva.

Conseguimos, por otra parte, que también se ofreciera cobertura a las empresas que en 2019 sufrieron situaciones excepcionales, como aquellas que tenían relación comercial con Thomas Cook y, al no haber cobrado de esta compañía tras su quiebra, les costaría acreditar pérdidas superiores al 30% en 2020, o, asimismo, a los establecimientos turísticos en proceso de rehabilitación.

Si añadimos las aportaciones en ayudas directas del Gobierno de Canarias, que ascienden en el presente ejercicio a 165 millones de euros, las empresas, pymes y autónomos de las islas dispondrán de más de 1.309 millones de euros este año 2021. Supone más de 3 puntos del PIB del Archipiélago. A ese importe hay que sumar los 95 millones aportados por el Gobierno de Canarias el pasado año para totalizar 1.404 millones de inyección del sector público a los autónomos y empresas de Canarias en los últimos quince meses.

Con anterioridad a la llegada de estos fondos estatales por 1.144 millones de euros, este 2021 Canarias había destinado 84 millones de euros de recursos propios para pymes y autónomos que ya se están abonando. Asimismo, implementó otra partida de 80 millones para el sector turístico, con una reprogramación pactada con las patronales, y que se plasmarán en una próxima convocatoria, destinada al abono de ayudas equivalentes al IBI que pagan las empresas. De esos 80 millones, 15 se dirigen a estimular la demanda y que los ciudadanos y las ciudadanas de Canarias puedan disfrutar sus vacaciones en las Islas, mediante la implantación de bonificaciones a los consumos turísticos.

Somos conscientes del carácter paliativo de estas medidas. Pero también de su alcance, superior al de otras comunidades, y de que resultan imprescindibles para colaborar en el mantenimiento de muchas empresas y muchos empleos. Para, tras este naufragio pandémico, llegar a la orilla y comenzar a recuperarse. Con esta histórica inyección de dinero público a la economía privada y el avance de la campaña de vacunación estoy convencido de que podremos iniciar la remontada de modo firme antes de acabar el presente año.

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