Betancort: “Será Lanzarote quien decida en qué suelos irán implantadas las energías renovables”
Durante su comparecencia este martes en el pleno, el presidente del Cabildo de Lanzarote ha reiterado la soberanía insular en la planificación e instalación de las energías fotovoltaicas y eólicas
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Oswaldo Betancort, compareció este martes en el pleno insular para abordar la situación actual de las plantas fotovoltaicas Magec I y Tías I, reafirmando la posición firme del Cabildo en defensa de los intereses de Lanzarote y La Graciosa en materia de energías renovables.
“Desde que asumimos la responsabilidad de gobernar el Cabildo de Lanzarote, hace ahora más de un año y medio, hemos sido sumamente y meridianamente claros respecto a nuestra posición sobre la introducción de energía sostenible, ya sea fotovoltaica o eólica, en las islas de Lanzarote y La Graciosa”, afirmó Betancort, quien destacó que “Lanzarote posee una conciencia ambiental y paisajística única, diferente al resto de islas del archipiélago. Históricamente, nuestro aprecio por nuestro paisaje y nuestro entorno natural ha sido una seña de identidad especial, propia y singularizada”.
En relación al proyecto Magec I, Betancort informó al plenario que el expediente ha quedado caducado desde el pasado 1 de enero de este año debido al vencimiento del plazo. “Este Cabildo se opuso firmemente a otorgar el Interés Público y Social (IPS) tanto en 2021 como en 2023. Además, un informe de Biodiversidad cuestionó el proyecto, solicitando información adicional al promotor, que no fue entregada, lo que llevó a la caducidad del expediente”, explicó.
Respecto al proyecto Tías I, el presidente señaló que no hay novedades significativas más allá de los trámites administrativos habituales. “Se ha cumplido el proceso de información pública, en el que se recogieron alegaciones, mientras que la reciente publicación en el BOE es un procedimiento propio del promotor”.
Durante su intervención, el presidente fue contundente al afirmar que “desde el momento en que fuimos conscientes de que el Gobierno de Canarias había tramitado una declaración de 6bis para la implantación de paneles de placas fotovoltaicas, nos pusimos radicalmente en contra porque, primero y por encima de todo, están los intereses de Lanzarote y La Graciosa”.
“Este Cabildo ha defendido de forma contundente ante el Ejecutivo regional que seremos las instituciones de Lanzarote las que definamos, a través de nuestros instrumentos de ordenación, qué superficie de nuestro territorio queremos destinar a la implantación de energías sostenibles, pues es necesario considerar el impacto paisajístico que ello conlleva. Será Lanzarote quien decida en qué suelos irán implantadas las energías renovables en nuestro territorio”, afirmó con rotundidad Betancort.
El presidente también destacó el liderazgo de Lanzarote en la planificación energética en Canarias, con la puesta en marcha de una ordenanza insular para la homogeneización del suelo rústico para la penetración de energía sostenible, que se encuentra muy avanzada. “Esta ordenanza se llevará próximamente al Órgano Ambiental, y de ahí a exposición pública para que los ciudadanos puedan alegar. De forma que, lo antes posible, podamos tenerla aprobada definitivamente”, indicó.
“Gracias a esta normativa insular, pionera en Canarias, se ordenará la penetración de energías renovables en la isla, determinando en qué suelos sí y en cuales no, restringiendo la implantación de infraestructuras sólo en suelo rústico residual sin protección ambiental”, concluyó Oswaldo Betancort.
Empleo para para personas en riesgo de vulnerabilidad social
El consejero del Grupo Mixto - NC en el Cabildo Insular de Lanzarote, Óscar Noda, ha logrado el voto a favor por unanimidad de la moción en el pleno de hoy en la que se proponía “la creación o adición de empresas para que se comprometan a contratar personas en situación o riesgo de vulnerabilidad social”. Además, Óscar Noda solicitaba que “las citadas empresas dispongan de beneficios fiscales y/o subvenciones del propio Cabildo, que tengan reconocimiento social, que se difundan campañas sobre estos beneficios para las empresas interesadas en adscribirse a la red, así como la disposición de una plataforma digital que favorezca el contacto entre empresas y demandantes de empleo”.
Así las cosas, el gobierno cabildicio manifestaba su aprobación a esta iniciativa y en palabras del Consejero de Bienestar Social, Marciano Acuña, se reconocía que “la normativa estatal y autonómica ya tiene incentivos fiscales para la contratación, pero sigue siendo necesarias políticas de divulgación y en eso también vamos a estar, y junto con el servicio especializado de inclusión social creado en 2023 hemos ampliado su función para hacer un acompañamiento a esas personas en riesgo de vulnerabilidad y ayudarlas a encontrar empleo y y soluciones habitacionales”.
Por ello, esta propuesta de Noda ha logrado el voto favorable de toda la corporación, de izquierda a derecha porque “que se considera socialmente necesario garantizar el derecho de todas las personas al sistema público de Servicios Sociales, sea a través de la planificación de políticas sociales y la reestructuración y/o creación de nuevos programas con dotación adecuada para optimizar y garantizar las prestaciones básicas, u orientando las actuaciones a la prevención de las situaciones de riesgo y a la promoción de condiciones que permitan que personas en situación de dificultad o necesidad mantengan la mayor autonomía posible en su vida”. Argumenta el consejero que ha agradecido al resto de grupos su voto favorable y ha felicitado al área de Bienestar Social por su trabajo técnico.
En definitiva, según Óscar Noda, “esta necesidad social ha supuesto un incremento de la demanda en el sistema a la que, gracias a esta iniciativa, se estará dando una respuesta adecuada y supone la recuperación de políticas sociales basadas en los derechos de la ciudadanía y en la dignidad personal, con objeto de superar las actuales líneas políticas orientadas, casi de forma exclusiva, a la tramitación de prestaciones económicas ante situaciones de emergencia social, es decir al asistencialismo y a la beneficencia. Es por ello que, para cambiar esta conducta, debemos fomentar de forma más afianzada la autonomía de las personas vulnerables y, la mejor forma de hacerlo es generando empleo para ellos, garantizando una salida digna de esas circunstancias”.