Una comisión de expertos analizará el impacto de la nueva Ley de Empleo Público de Canarias
A iniciativa del Área de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote, que dirige el consejero Miguel Ángel Jiménez, una comisión de expertos en empleo público local ha comenzado a estudiar en profundidad el anteproyecto de Ley de Empleo Público de Canarias. La norma, actualmente en fase de tramitación por parte del Gobierno autonómico, tendrá repercusión directa sobre más de 35.000 empleados públicos en la administración local de las islas.
“Esta nueva norma afectará directamente a 35.000 empleados locales y ello merece un estudio específico de las necesidades en los cabildos, ayuntamientos, mancomunidades y consorcios”, ha indicado David Hernando, director insular de Recursos Humanos del Cabildo lanzaroteño, durante la primera sesión celebrada el pasado jueves, día 10 de abril.
El grupo de trabajo está formado inicialmente por responsables de recursos humanos de los cabildos y de los cuatro grandes municipios del archipiélago, además de cuatro expertos independientes. A diferencia de la comisión creada por el Gobierno de Canarias, integrada exclusivamente por funcionarios de la administración autonómica y centrada en los 13.000 empleados autonómicos, esta iniciativa pretende dar voz a la realidad y necesidades del personal de la administración local, el ámbito más cercano a la ciudadanía.
“Desde Lanzarote hemos querido dar un paso adelante y propiciar un foro técnico y riguroso que garantice que la nueva ley contemple también la singularidad del empleo público local. No se trata solo de mejorar las condiciones laborales, sino de adaptar el sistema a los retos actuales y futuros de una administración moderna, eficaz y al servicio de la gente”, ha señalado el consejero Miguel Ángel Jiménez, quien destacó además que esta propuesta nace del compromiso del actual grupo de Gobierno con la profesionalización, la formación continua y la mejora de la gestión pública.
"Hay carencias que corregir"
Durante la primera sesión, el funcionario local y profesor del INAP, Fernando Fariña, abordó los elementos más destacados de las últimas reformas legislativas en materia de empleo público. Las próximas sesiones contarán con la participación del catedrático Carles Ramió, encargado actualmente de la reforma del sector público catalán, y de Federico Castillo, Secretario de la Unión de Municipalistas.
Uno de los miembros de la comisión subrayó que “la norma actual, de 1987, nunca contempló las particularidades de la administración local, que es la más cercana a la ciudadanía y, por ello, tiene características diferenciadas. Por tanto, la nueva ley debe corregir esta carencia”.
En este sentido, Jiménez ha añadido que “no se puede construir una legislación moderna sobre cimientos obsoletos. El Cabildo de Lanzarote no solo apoya esta iniciativa, sino que seguirá promoviendo espacios de reflexión y mejora del servicio público, con especial atención al capital humano que lo hace posible”.
El presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, también valoró esta actuación como “una muestra más del compromiso del grupo de Gobierno con la excelencia en la gestión pública y la formación del personal, como elementos claves para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía de Lanzarote y La Graciosa”.
Las conclusiones de esta comisión serán trasladadas a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias, con el objetivo de que sirvan de referencia en la elaboración final de una norma que, según los expertos, debe ofrecer soluciones a problemas estructurales que arrastra el sistema desde hace décadas.