Unidad de acción

Según las previsiones de las organizaciones empresariales canarias, lo más probable es que 2020 acabe en Canarias con la mayor caída del Producto Interior Bruto desde que hay datos estadísticos. La referencia anterior se remonta a 2009, cuando la economía cayó un 4,2% y el paro alcanzó el 33% de la población activa. Los datos de coyuntura económica -presentados esta semana por los representantes empresariales canarios- prevén que la economía de nuestro Archipiélago se desplome este año un 25,05% debido a los efectos de la crisis sanitaria, situándose el desempleo en un 38,09%.

 

Los empresarios barajan un escenario que puede ser incluso peor -más pesimista aún- en el que la economía de las islas caería un 41,6% y la tasa de desempleo se iría por encima del 50%. Estamos ante una tormenta como nunca antes la hemos vivido las actuales generaciones. El virus que amenaza nuestra salud, nuestras vidas. Seguimos confinados, condicionados por franjas y restricciones. Las entradas y salidas de Canarias solo se autorizan para abastecimiento o causas debidamente justificadas de fuerza mayor. Las fronteras están cerradas. Mantenemos máximas restricciones para movernos entre las islas. Hoteles y apartamentos también cerrados. Los servicios dependientes del turismo sin actividad. 250.000 personas en paro. Más de 400.00 afectados por un ERTE, con la amenaza de que muchos de los afectados terminen en un ERE. La situación puede ser -está siendo ya- catastrófica económica y socialmente.

 

La complejidad del escenario al que nos condena la crisis económica y social que nos ha traído la pandemia exige el máximo entendimiento entre el Gobierno de Canarias, partidos de la oposición, cabildos, ayuntamientos, empresarios y sindicatos. La unidad de acción será necesaria para que el Gobierno de España comprenda que la lejanía, la insularidad y la dependencia del transporte internacional -imprescindible para funcione el motor de nuestra economía- representan en esta coyuntura un obstáculo para nuestro bienestar.

 

La situación económica en la que va a quedar España como consecuencia del COVID-19 no anima a pensar que el Gobierno de Sánchez vaya a tener mucho margen para poder atender las necesidades de todos los territorios del Estado. Ahora bien, dentro de las limitaciones y ajustes presupuestarios que sin duda se van a producir, lo que se demanda es un trato diferenciado al que por razones estrictamente objetivas más pierde en esta crisis sanitario-económica: Canarias.

 

España tendrá que hacer duros ajustes en la política de gastos. Con la economía en ralentí, la caída de los ingresos tocará fondo. El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que recurrir a los Fondos Extraordinarios de la Unión Europea; y, muy probablemente, la concesión de los mismos estará condicionada a que España lleve a cabo duros e impensables ajustes en el gasto público -como impensable ha sido el vuelco que ha dado el mundo en apenas dos meses-.

 

Los ajustes presupuestarios del Estado afectarán también a Canarias que, además, verá severamente recortados sus ingresos por la mayor contracción de su economía (alrededor de un 25% frente al 9,4%). Sin el apoyo y la solidaridad del Estado será muy difícil afrontar la situación en las islas. El brutal hundimiento de las cuentas públicas de Canarias obligará al Gobierno a llevar a cabo un riguroso ajuste del gasto público que afectará a todo y a todos. Será el momento de ver cuál será el compromiso de partidos políticos, empresarios y sindicatos para consensuar medidas que van a ser muy dolorosas para la ciudadanía. No es momento para ponerse de perfil o mirar hacia otro lado. Todos, sin excepción, deben sumar fuerzas en el objetivo de la reconstrucción. Solo desde la unidad de acción lograremos que se nos escuche, entienda y atienda.