Un paso en la mejora democrática

Para llegar a este acuerdo –al que ha contribuido el destacado papel desarrollado por Demócratas para el Cambio- todas las organizaciones han tenido que renunciar a sus puntos de partida, al concreto modelo electoral que defendían inicialmente, para buscar puntos de encuentro. Lo han fundamentado en una alternativa que mejora la calidad democrática en el Archipiélago, reduciendo las desmesuradas barreras electorales y ganando moderadamente en proporcionalidad. Este principio de acuerdo queremos que se traslade a la ponencia de la comisión de estudio y desearíamos que, a su apoyo, se sumaran también CC y ASG.

 

El modelo propuesto permite ganar en pluralidad, al disminuir las barreras de acceso al Parlamento, pasando del 30% insular y el 6% archipielágico actuales al 15% en la circunscripción de la isla y a una reducción de la autonómica aún por fijar, aunque la mayoría de los grupos ha propuesto bajarla hasta el 3%.

 

Esto evitaría injustas situaciones como las que afectaron a NC en 2007 (50.749 votos; 5,39% del total) o Ciudadanos en 2015 (54.375; 5,84%), que por no superar la barrera del 6% se quedaron fuera de la Cámara pese a disponer de un importante apoyo en las urnas. Si lo aplicamos, con el 3% de barrera a los datos de los comicios de 2015, hubiese permitido entonces el acceso de Ciudadanos y de Unidos al Parlamento canario.

 

Asimismo, la propuesta corrige que, en el inicio de la autonomía, no se tuviera en cuenta la futura evolución demográfica de las circunscripciones (como sí ocurre en otros estatutos que prevén modificaciones en función del aumento o la disminución poblacional) a la hora del reparto de escaños. Asignando generosamente uno más a Fuerteventura, que hoy tiene siete pese a tener mucha más población que La Palma, que cuenta con ocho.

 

Además asigna nueve escaños, hasta llegar a los 70 que permite el Estatuto en vigor, mediante un colegio de restos (asignación por votantes), lo que contribuye a mejorar la proporcionalidad, actualmente la más desequilibrada de las comunidades autónomas. Se hace sin quitar nada a nadie, sin disminuir escaños a ningún territorio. Euskadi con similar población que Canarias tiene 75 (15 más que las Islas), Extremadura, con la mitad de población. tiene 65 y ambos son territorios continentales. En Canarias, por ser un archipiélago, es mucho más complejo y, aun así, el nuevo modelo sería perfectamente homologable.

 

No estamos ante una transformación radical. Sí ante un ponderado avance, una superación de un modelo –el de la triple paridad- que pudo tener sentido en la Canarias de los años ochenta, pero que no lo tiene hoy. Y que no ha sustanciado el desarrollo y la equidad en los distintos territorios insulares, tarea que corresponde a las decisiones políticas y económicas.

 

Deseamos que esta moderada reforma pueda concluirse en el Parlamento de Canarias y, sólo en el caso de frustrarse esta vía en la Cámara canaria (se requieren 40 votos, cuando para reformar el Estatuto basta con 31), plantearíamos la de la modificación estatutaria que se tramita en el Congreso de los Diputados, como ha ocurrido hasta ahora.

 

Somos conscientes, además, de que la mejora de la democracia exige otros elementos sustanciales, como una mayor transparencia de las instituciones y la instauración de consultas que permitan conocer el sentir ciudadano, como en su momento planteamos con el asunto de las prospecciones petrolíferas.

 

Los cambios suelen generar siempre resistencias. Pero no puedo entender que se traten de impedir mejoras democráticas con el argumento simplificador del gasto. En primer lugar, porque el aumento de 10 parlamentarios no tiene porqué llevar añadido el incremento de los costos de nuestro Parlamento; ni todos han de tener necesariamente dedicación exclusiva en la Cámara y, además, su presupuesto puede asumir este costo con sus propias economías.

 

Con el argumento del costo, y bajo un presunto progresismo, se esconden posiciones conservadoras e inmovilistas que pretenden mantener el actual statu quo. Hay que recordar, en ese sentido, que en la comparecencia del profesor Juan Carlos Monedero en la comisión de estudio, a propuesta de Podemos, señalaba que agarrarse a la limitación de escaños era un “fraude” y que no se sostenía impedir ese aumento por motivos económicos.

 

El próximo 9 de febrero tendrá lugar una nueva reunión de la ponencia de la comisión de estudios para la reforma de nuestro sistema electoral. Deseamos  que entonces sea posible plasmar de forma definitiva una posición que posibilite contar con nuestra primera ley electoral 35 años después de la constitución de nuestro primer Parlamento. Y que la misma entre en vigor en las elecciones autonómicas de mayo de 2019.

 

No se trata de mirar lo que cada partido gana o pierde con el nuevo modelo. Aunque sea NC la única de las formaciones que, con su aplicación con los datos de 2015, se queda como estaba, cinco escaños, incrementando escaños todas las demás (Podemos y PSOE, dos cada uno, PP y CC, uno) y entrando en la Cámara Ciudadanos y Unidos. Se trata, esencialmente, de facilitar el acceso a formaciones políticas con suficiente apoyo social; y, también, de contribuir, aunque sea moderadamente, a equilibrar la proporcionalidad entre los territorios, de manera que los ciudadanos y las ciudadanas estén mejor representados en la Cámara canaria. De dar un paso en la mejora democrática.