Un pacto para avanzar

Esos asesinatos de mujeres por sus parejas o exparejas, unos 40 en lo que va de 2017, constituyen el extremo más brutal de una situación intolerable, que incluye brutales palizas y humillaciones de todo tipo por parte de hombres que se consideran con el derecho a limitar la libertad, a intentar acabar con la dignidad, a dirigir desde el mayor de los desprecios la vida de mujeres a las que sienten como una propiedad más.

 

Además, preocupa la disminución en la edad de las víctimas y de los agresores machistas. Con el agravante de que muchas adolescentes no perciben como violencia comportamientos, desde los celos al control del móvil o de las amistades, que consideran como normales en las relaciones afectivas.

 

Se trata de un pacto demandado socialmente, fruto del progresivo aunque todavía insuficiente avance de la conciencia colectiva en este tema, como respuesta frente a una inaceptable realidad de pervivencia de la violencia contra las mujeres; y que figuraba en el programa electoral de varias de las formaciones políticas que concurrimos a las elecciones generales de 2016. En los mismos se señala la necesidad imperiosa de actuar de forma integral y con recursos contra esta lacra.

 

El machismo se encuentra muy insertado en la fibra de la sociedad. No es un asunto individual o del ámbito familiar, como erróneamente planteó un dirigente político canario en el reciente verano. Es un tema de profundas raíces sociales, anclado en una cultura milenaria que ha negado la libertad y la igualdad a las mujeres. Exige, por tanto, medidas de todo tipo para contribuir a desmantelar un andamiaje ideológico que vulnera los más elementales derechos humanos.

 

Por eso, aún reconociendo sus posibles limitaciones e insuficiencias y que habrá que desarrollar adecuadamente cada una de sus propuestas, desde Nueva Canarias hemos apoyado, de forma decidida, las 213 medidas que incluye este pacto y que intentan actuar desde los más diversos ámbitos: educativo, policial, judicial, sanitario y mediático. Igual que, en la legislatura de 2004 a 2008, tuve la oportunidad de apoyar, siendo diputado en el Congreso, la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, aprobada en el año 2007.

 

Para la implementación del Pacto de Estado contra la Violencia Machista se dispondrá inicialmente de 1.000 millones de euros, correspondiendo 200 millones de euros anuales en sus cinco primeros años de aplicación.

 

Aunque para la socióloga María Amparo Tortosa, “la cuestión no es solo dedicar más recursos, también es actuar cuando el maltrato aflora en sus primeras manifestaciones. Es arquitectura institucional, homogeneizar los protocolos entre todas las administraciones, coordinación entre sectores e involucrar más a la sociedad civil. La violencia machista, al igual que la escolar, seguirá siendo un fracaso colectivo mientras no hagamos un mayor esfuerzo preventivo, condenatorio social, rehabilitador con el agresor y de extensión de protocolos”, según señala en un análisis del acuerdo publicado en El País.

 

Entre los contenidos del pacto se recoge que las mujeres, cuyos hijos han sido asesinados por sus parejas o exparejas, serán consideradas víctimas de violencia machista y, por tanto, podrán acogerse a la asistencia, ayuda y protección establecidas. Así como poner fin a la custodia compartida para los padres maltratadores. Suprimiéndose, además, atenuantes en las sentencias por maltrato, como la confesión del crimen o la reparación del daño.

 

Se incide, por otra parte, en las acciones de tipo preventivo, fundamentalmente con el papel relevante de la educación en la lucha contra el machismo y el de los propios medios de comunicación a la hora de proyectar una imagen de la mujer libre de estereotipos, combatiendo los contenidos denigrantes y discriminatorios.

 

En distintas ocasiones desde Nueva Canarias hemos considerado absolutamente prioritario alcanzar ese pacto y señalado asimismo que, mientras se iba gestando y poniendo en marcha sus distintas medidas, había que persistir en el combate contra la violencia machista en todos los frentes. En los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y en las cuentas públicas canarias hemos presentado enmiendas dirigidas a ampliar los recursos que se dedican para luchar contra la violencia machista.

 

El Pacto de Estado contra la Violencia Machista es un acuerdo que implica a todas las administraciones públicas, tanto la estatal como las autonómicas y locales. Un acuerdo que debe contar, asimismo, con el papel activo de una sociedad movilizada y consciente. Para superar la actual desigualdad -.pese a los indudables avances que se han producido en las últimas décadas- y hacer frente al machismo que sustenta esa violencia contra las mujeres.

 

Para conseguirlo es esencial potenciar todo tipo de medidas preventivas. Impulsar los valores de igualdad plena entre mujeres y hombres desde el sistema educativo y desde los medios de comunicación. Acabar con cualquier forma de marginación de las mujeres. Combatir activamente el machismo. Construir una sociedad en la que no haya espacio para la discriminación y que rechace contundentemente cualquier tipo de violencia hacia las mujeres.