Incautación de la desaladora
San Ginés, sobre Montaña Roja: “Si ha de haber juicio, mi deseo es que sea cuanto antes”
La investigación judicial "no es por robar, malversación o cohecho sino, supuestamente, por una decisión que tome a sabiendas que era injusta”, afirma.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, afirmó esta mañana que “la principal consecuencia de la incautación de Montaña Roja es que los 5.000 vecinos del Plan Parcial tendrán una factura legal del Consorcio del Agua de Lanzarote en igualdad de condiciones del resto de ciudadanos de Lanzarote”. También que “sin coste a las arcas públicas ahora existe un canon que asciende a unos 400.000 € anuales, y esta cantidad se va a dedicar a que los agricultores y ganaderos de Lanzarote tengan el agua más barata de Canarias”.
Estas declaraciones las hace tras el último auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de 12 de abril de 2018 dictado por el Juzgado de Instrucción Nº 2. Auto que pone fin a la fase de instrucción, ahora falta que la Fiscalía y la acusación particular determinen si van a presentar escrito de acusación. El denunciante, la entidad Club Lanzarote, S.A (Urbanización Montaña Roja) se retiró del procedimiento tras el acuerdo alcanzado con el Consorcio del Agua de Lanzarote en agosto de 2017.
En este convenio, avalado por la justicia, Club Lanzarote SA asumió las tesis jurídicas del Consejo Insular de Aguas de Lanzarote en el sentido de que su actividad era irregular y el servicio de abastecimiento y depuración domiciliaria del agua está delegado en el Consorcio del Agua de Lanzarote, único ente habilitado, dijo el presidente.
“Los vecinos y el canon son la única consecuencia importante, aunque a mi evidentemente también me afecta, me han hecho un juicio paralelo”, asevera San Ginés, “yo ya soy víctima, sigo sin saber en qué medida”. Ahora se está a la espera que la Fiscalía o la acusación particular presenten escrito. Se trata de “si tomé una decisión a sabiendas de que era injusta, si la incautación de la desaladora la hice pensando que era injusta. Los hechos demuestran los beneficios y, además, ya el secretario aclaró en sede judicial que no necesitaba informes jurídicos previos, ni verbales, ni escritos, aunque los tuve verbales en el sentido de que sí podía incautar la planta”, manifestó San Ginés.
“En cualquier caso y en el peor de los escenarios no se me investiga por robar o corrupción, sólo por si la decisión la tomé a sabiendas de que era injusta, y nunca existirá una condena de cárcel o sanción económica, solo de inhabilitación”, apuntó. “Yo solo deseo que esto acabe ya, se archive o pueda defenderme, confió absolutamente en mi absolución”, concluyó.
