Rocar, suelo industrial

19 de octubre de 1993. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dicta sentencia sobre las demandas interpuestas por Rocar, SA, y Puerto Naos, SA, contra la Comunidad Autónoma de Canarias por la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación de Arrecife. La crítica que Rocar, SA, formuló al Plan General de Arrecife se centraba en una doble circunstancia. De un lado, sobre los terrenos situados en el Islote del Francés censuraba, básicamente, su clasificación de suelo urbanizable al considerar que reunía los requisitos legales para su consideración como suelo urbano. Los tribunales le dieron la razón.
 
En segundo término, pretendía Rocar, SA, la calificación -que no clasificación- de uso residencial, cuando en aquel momento -y siempre- había sido un suelo industrial com un uso industrial. Con la salvedad de la dedicación de una pequeña parte del espacio a la venta de coches o, más recientemente, a la actividad de aparcamiento de vehículos. Idéntica pretensión dedujo la entidad Puerto Naos, SA, respecto a casi todo el Islote. Pero los tribunales no le dieron la razón.
 
Demoler las naves de Rocar costó casi un millón de euros del presupuesto municipal
 
El tribunal sentenció que “la ciudad es de todos y por tanto es el interés de la comunidad -representada por la Administración- y no el de unos pocos, los propietarios del suelo, el que ha de determinar la configuración de la misma (…) dado que la utilización del suelo ha de regularse de acuerdo con el interés general”. Y argumentó que el ponente que “si bien del informe pericial se desprende que en el sector que nos ocupa, destinado a usos industriales, se ha producido una importante transformación de los destinos, ‘más propio de almacenistas’, no por ello es discutible desde el punto de vista urbanístico el criterio de la demandada. Además, el propio perito reconoce que se mantiene su imagen netamente industrial.
 
La segunda pretensión fue desestimada, cierto, pero las naves de la antigua Rocar se llenaron de indigentes, y el espacio se convirtió en un grave problema social hasta que fueron  demolidas en 2010 con la férrea oposición del empresario gran canario Jaime Cortezo. A los del puerto la broma les costó casi un millón de euros del presupuesto municipal. Desde entonces, y mucho antes, Cortezo viene librando una cruzada contra todos los gobiernos de la ciudad para que le permitan llevar a término una operación urbanística de envergadura en el Islote del Francés.
 
El borrador de la revisión Plan General Supletorio de Arrecife, redactado por Gesplan por encargo del Gobierno de Canarias, le permitiría ahora usos residenciales, hoteleros y comerciales, con un coeficiente edificabilidad bruta de 1,20. El espacio no presenta sistemas generales, a pesar de que en el Plan General en vigor todo el Islote está destinado a sistema general, compensando los derechos edificatorios de Cortezo en otros sectores. Como cuando le otorgaron el 30% de las radios de FM concedidas en Canarias: debe ser por méritos propios.

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