JUSTICIA

Relato verdadero de una larga infamia con la cocina de Jameos como coartada

El auto califica la querella de “relato fáctico ciertamente profuso, confuso y difuso”, lo que ofrece una idea del grado de ignominia perpetrado por los denunciantes.

Relato verdadero de una larga infamia con la cocina de Jameos como coartada

Ya nadie alberga dudas, ni los que se han llenado la boca todos estos años a cuenta de la cocina de Jameos del Agua, ni los denunciantes, ni sus cómplices, corifeos, coros y danzas. Todo se orquestó para descreditar al denunciante que destapó el mayor caso de corrupción de la isla, con más de cien imputados, y que dio lugar al caso Unión. Y, de paso, tratar de descabalgarlo de la dirección orgánica de su partido, el PSOE, de la toma decisiones en las instituciones públicas. Exactamente diez años después, se ha desvelado que la denuncia era falsa y que se interpuso con fines político, y Carlos espino sale reforzado. De momento nadie ha pedido perdón; los analistas consultados no apuestan por ello.
 
 
Pedro San Ginés involucra en la denuncia a la presidenta del Cabildo saliente, Manuela Armas, y a la empresa de su familia
El auto es el relato de una ignominia, como se desprende del auto dictado por el juez José Luis Ruíz Martínez, magistrado titular del Juzgado de Instrucción Nº 3 (antiguo mixto Nº 8), de Arrecife, al decretar el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones, sin declaración de costas en un auto firmado el viernes, 29 de noviembre de 2019. El juez da una fuerte reprimenda a los actores que han participado en esta farsa y viene a decir que el incremento del coste de la cacareada cocina no supera el 20% del presupuesto total, por lo que se ajusta a derecho, decisión que argumenta con detalle.
 
Al poco de tomar posesión de su cargo como presidente del Cabildo mediante una moción de censura, Pedro San Ginés presenta una denuncia contra Carlos Espino Angulo por la presunta comisión de ilícitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Eran los tiempos en que mantenía una estrecha amistad con Ignacio Calatatyud, su abogado de cabecera. Involucra en la denuncia a la presidenta del Cabildo saliente, Manuela Armas, y a la empresa de su familia, aunque todo quedó en nada. Formulada la querella en su inicial entrega, y sobre todo en su ampliación, el juez la califica de “relato fáctico ciertamente profuso, confuso y difuso”, lo que ofrece una idea del grado de ignominia perpetrado por los denunciantes, que encontró amparo en una instrucción judicial errática y ajena a la profesionalidad y cobertura en un caballo de Troya, la Asociación Jiménez de Asúa.
 
El coste final fue superior al presupuestado por cuestiones técnicas imprevistas
Entrando en materia, dice el auto que queda acreditado que el presupuesto presentado por CLIMAFRICAL para la nueva cocina de Jameos del Agua “no era el más barato, pero que oscilaba más o menos entre los mismos precios, más IGIC” (apartado en el que por contra consta documentalmente acreditado en autos que el presupuesto “más estipendioso para las arcas públicas era el presentado por la entidad SERHOSTEL, que ascendía a 231.803,74 euros frente a los 224.454,70 euros de CLIMAFRICAL, en ambos casos incluyendo los pertinentes impuestos”).
 
Según el auto, el coste final “fue superior al presupuestado por cuestiones técnicas imprevistas como filtraciones (capítulo en el que asimismo consta acreditada la realización en un tiempo perentorio –vid pago de horas extras–, dada la urgente necesidad de utilización de las cocinas para atender al restaurante de Jameos, de la indispensable acometida de obras de remodelación no presupuestadas –vg separación mesas de trabajo– para conseguir el obligatorio permiso sanitario)”.
 
En cuanto a la revisión de las facturas, el informe pericial encargado por el Juzgado asegura  “que todas las facturas cumplían con los requisitos de facturación recogidos en el R.D 1496/2003, de 28 de noviembre”, una pericial cuyos profesionales “no aquilataron las contingencias que surgieron durante la realización de estos trabajos como la significada perentoriedad exigida por la necesidad de atender al comedor de Jameos, o las especiales características de la estructura del tubo volcánico donde había que alojar e instalar los equipamientos, o el acometimiento ex novo de las obras de remodelación y adaptación que devinieron imprescindibles para cumplir con los requisitos sanitarios exigibles para poner en funcionamiento las cocinas”.
 
Se incrementa el coste en una cuantía de 44.890,93 euros, lo cual no supone un incremento superior al 20%
En base a estas circunstancias, “resultando acreditado al hilo de la comentada exposición que el importe del incremento del precio en el porcentaje en que habría tenido lugar no superó el 20% legalmente previsto al efecto (lo que por añadidura implicaría que la modificación del precio en la referidas circunstancias ni tan siquiera entrañaría la comisión de una infracción administrativa, quedando vedado a la Administración incluso el percibir una indemnización por dicho desfase)”. 
 
Al final, prosigue el auto, CLIMAFRICAL, SL, realiza una obra que viene firmada en un contrato por un importe total de 224.454´70 euros -IGIC incluido-, “pero posteriormente se confeccionan dos nuevas facturas por el que se incrementa el coste en una cuantía de 44.890,93 euros, lo cual no supone un incremento superior al 20% del coste total de la obra ya circunscrito; todo ello en el seno de procedimientos de contratación habilitados por la intervención de una multiplicidad de personas –vid Sr Lorenzo Rodríguez en su condición de Director Gerente, Sr Ortega Reguilón en su concepto de Director Económico, Sr Esteban Nieto en su rol de ingeniero responsable, o el Sr Nieto en su misión de jefe de mantenimiento-“. 
 
Y concluye el auto judicial: "Consideraciones en cuyo merito procede acordar el sobreseimiento provisional y subsiguiente archivo de las presentes actuaciones con respecto a todas la personas que en el momento histórico presente detentan la condición de investigados”.
 
El juez parece no albergar dudas al redactar un auto de una inusitada dureza y claridad, exonerando de toda responsabilidad a los denunciados. Cualquiera diría que sólo le faltó decir que la denuncia era falsa y con una evidente carga política de profundidad. Aunque el auto es recurrible, en principio concluye uno de los episodios más oscuros de la reciente vida pública insular, y que no tenía otro objeto que destruir adversarios políticos, desacreditar a denunciantes de la corrupción insular, dar cobertura a los corruptos y actuar de parapeto y desviar la atención del verdadero foco de la corrupción que anida en la isla, y de la que parecen meros títeres.

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