Rebelión
Rebelión
El ayuntamiento de San Bartolomé ha destapado la caja de los truenos y huele a rebelión institucional contra Canal Gestión. Los problemas con el agua para el campo, el detonante. Ojo que el tema va en serio. Si fuera cualquier otro ayuntamiento podríamos interpretar que estamos ante uno de los tan habituales brindis al sol, pero tratándose de San Bartolomé quizá convenga tomarlo en serio. Cabe recordar que los servicios jurídicos de ese ayuntamiento ya tumbaron a la todopoderosa AENA y pleitearon y ganaron al mismísimo Ministerio de Hacienda. Que no se achantan por muy poderoso que parezca ser el adversario, vamos. Esta vez tienen en el punto de mira a Canal Gestión, la empresa de matriz madrileña responsable del ciclo integral del agua. De todos es sabido el deficiente servicio que vienen prestando, sobre todo en lo que hace referencia al agua que ha de llegar, y no llega, al campo lanzaroteño. Las quejas se multiplican en un sector históricamente vacilado por la clase política de esta isla. El alcalde de San Bartolomé, Alexis Tejera, harto ya de recibir mensajes de vecinos (“Alcalde, me dijo que estaban intentando solucionarlo y vuelvo a tener las tuberías secas. Quién me paga la cosecha????? Usted????” (sic); “Alexis no hay agua otra vez voy a coger el marrón y voy a romper la caja de la llave. Me da igual que me denuncien"), ha decidido pasar a la acción
Agricultores
“Son pocos, pero merecen que se les defienda”, dice Alexis Tejera en referencia al número de agricultores de su municipio. Y a ello se ha puesto. Lo hará en tres líneas de actuación. De un lado, remitirá una carta al Consorcio del Agua llamando a una reunión urgente y monotemática. De otro, mandando a la Policía Local a levantar acta cada vez que haya una denuncia de corte. Para ello pedirá al Consorcio que le ceda un técnico cuando se ofrezca ir a pie de finca, abrir el chorro y comprobar cómo no sale nada. Y, por último, los Servicios Jurídicos de San Bartolomé dedicarán unas horas a la semana a cooperar con el Consorcio diseccionando el contrato que une a las partes y haciendo un seguimiento detallado del mismo. Y, al primer renuncio, ¡catapún! le caen arriba. La segunda de las medidas tiene como objetivo, justamente, acumular actas de denuncia que tengan validez jurídica suficiente. Hacer acopio de armamento para la guerra jurídica que espera al final de este camino que parece iniciarse ahora
Solución
Lo cierto es que, tras la privatización del agua oficiada en la pasada legislatura por el gobierno de Pedro San Ginés, nada ha ido mejor que antes para el consumidor. Parece que tampoco para la empresa que lo gestiona. A ver qué hacemos entonces. Salvo adecentar los depósitos dispersos por toda la geografía insular y renovar el parque móvil, lo demás ha sido, si no catastrófico, sí muy deficiente por parte de los madrileños desembarcados en Lanzarote. Ineficaces para atajar las pérdidas en red -siguen en el 50%-, incapaces de suministrar agua a todos los clientes -en el norte los cortes son habituales- y abandonando, en la práctica, el agua con destino al sector primario. Lo único que parece haberse frenado, que no es poco, es el saqueo de las cuentas por parte de políticos insulares. Lo demás resulta un tanto inexplicable. En definitiva, habrá que estar atentos a esta maniobra de San Bartolomé, copropietario del Consorcio del Agua junto a los otros ayuntamientos y el Cabildo de Lanzarote.
