Plan General: ¿tutelado o controlado?

Plan General: ¿tutelado o controlado?

No creo haber leído en sitio alguno una explicación sobre por qué se permitió la redacción de la revisión del Plan General de Arrecife a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, que derivó el encargo a la empresa pública Gesplan. El documento ha sido recientemente presentado a los medios de comunicación a instancias de la Cámara de Comercio.
 
Si nos remitimos al origen del asunto, puede que nos acerquemos a un probable escenario y que del mismo podamos extraer alguna conclusión. El encargo parece partir del entonces alcalde de la ciudad, Manuel Fajardo Feo, persona estrechamente vinculada a las altas esferas de CC y que ha disfrutado de diversos puestos públicos en el Gobierno de Canarias, así como de la Alcaldía de la ciudad en su última etapa, antes de desaparecer de la escena para intervenir entre bastidores. Es conocida su influencia y predicamento entre sus compañeros de partido en otras islas, así como su trato cercano a muchos cargos públicos del Gobierno regional.
 
Si en algo se ha caracterizado algún sector de CC es el de estar al servicio de determinados intereses, de su cercanía con el poder económico, de su complicidad con las fuerzas vivas del Archipiélago. Tanto, que no parece que salga del Gobierno ningún decreto o ley que no sea pactado con determinados interlocutores antes de su aprobación. De ello tenemos dos muestras que, por descaradas y tendenciosas, son la evidencia de la escasa vocación de servir de algunos cargos públicos vinculados al partido.
 
El desprecio a la vulgar ciudadanía es otra característica de esta forma de presentarse ante lo público
 
El desprecio a la vulgar ciudadanía, a las opiniones que no provengan de sus adláteres y colegas, es otra característica de esta forma de presentarse ante lo público. El relato que podría acercarse a esas condiciones de partida podría tener su sustento, no ya en el ahorro que supondría para las arcas municipales derivar esa tarea al Gobierno autónomo, sino en alejar la redacción lo suficiente para evitar las “injerencias” de otros partidos y de la propia “ciudadanía molestosa que no permite que nada prospere”. Entendiendo por prosperidad el negocio de unos pocos al amparo de un documento que debería marcar la prosperidad de muchos.
 
Encargar la redacción a un agente externo permite disculparse ante el pleno del Ayuntamiento por “desconocer” el contenido del mismo. También permite, a priori, haber negociado en mesa ajena las condiciones y los detalles de determinadas parcelas y el uso de las mismas. Y propicia autorizar que empresarios lanzaroteños o no, con intereses en la capital, cierren el Plan General con el beneplácito de quien encargó la redacción, cuidando que se dé respuesta a sus pretensiones, negociando bien lejos y a resguardo de miradas indiscretas.
 
Todo lo narrado, efectivamente, es un posible relato de lo que puede haber sucedido, y es la medida más original de cuantas se habrían adoptado para ningunear a los partidos políticos, a las asociaciones y a ese “incómodo populacho que no permite que nada prospere”. De haber sucedido así, ponga usted los calificativos.

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