Nuestro cambio climático

Nuestro cambio climático

El Consejo de Gobierno ha aprobado el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias. Es nuestro cambio climático y hay que hacerle frente, pero antes toca el periodo de exposición pública que se comunicará en próximas fechas en el Boletín Oficial de Canarias. Se estima que será aprobada por el Consejo de Gobierno en la primera mitad del 2021 y, a partir de ese momento, iniciará su tramitación parlamentaria. Pues nada, a ponerse a leer lo que viene.
 
Esta Ley supondrá un cambio de modelo, ya que establece obligaciones tanto para el ámbito privado como público y, al mismo tiempo, fija objetivos a corto plazo para las administraciones, así como pautas concretas para todos los sectores de Canarias, en sintonía con la normativa europea de acción climática. Este texto normativo se complementará con otras herramientas que permitirán que Canarias se alinee con las políticas climáticas europeas y estatales.
Nuevo modelo energético basado en la gestión de la demanda y en las renovables
 
La futura Ley aspira a un balance neutro de emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas, con la reducción progresiva del consumo de combustibles fósiles y el establecimiento de un modelo energético basado en la gestión de la demanda y en las energías renovables. Asimismo, sienta las bases para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, mediante la reducción de la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas terrestres, costeros y marinos.
 
Otros objetivos prioritarios marcados por esta Ley son la integración de la salud pública en las políticas de acción climática, como mecanismo para la prevención y gestión de riesgos, o la promoción de las políticas de transición ecológica, cohesión social y acción climática, a nivel de las regiones ultraperiféricas y otros territorios. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias también contempla medidas específicas para ámbitos como el de las administraciones públicas, turismo, transporte, agricultura, ganadería, pesca, sanidad, urbanismo, arquitectura, industria, hostelería o seguridad.

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