Ni museo ni casa del polvo

Ni museo ni casa del polvo

Cuando el anterior presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, adquiere para la institución un destacado inmueble de Arrecife con destino a museo arqueológico, según propuesta de la entonces jefa de servicio María Antonia Perera, parece quererse dar respuesta a una vieja demanda de que Lanzarote cuente por fin con su museo de arqueología, asunto frustrado una y otra vez durante décadas ya desde que Jerónimo Saavedra lo intentó cuando era presidente.
 
Con la operación parece cumplirse con dos compromisos, tanto el de que las administraciones públicas adquieran relevantes bienes arquitectónicos que recuperar de la destrucción y poder brindar a la ciudadanía, como dar respuesta a la instalación museística. Todo ello queda en cuestión cuando se va disponiendo de información relativa a un supuesto trato de favor a la propiedad así como al estado de la casa y a su protección, asuntos que impedirían destinarla a un uso diferente al residencial. No cabe duda de que este último aspecto parece poco relevante pues bastaría iniciar un procedimiento que permita modificar esa circunstancia.
 
Con dudoso buen gusto, se llegó a afirmar que la compra fue favorecida por la fugaz relación sentimental —que el propio San Ginés ha reconocido— con una de las herederas de los propietarios. No cabe duda de que aunque el supuesto trato haya sido negado por el expresidente, desconocemos qué pasó por su cabeza en el momento de firmar la adquisición.
 
Muy elevado gasto para tan modesto resultado y que refleja el desigual baremo entre lo que cuesta y lo que vale la obra pública
No parece haberse planteado en profundidad algunos otros aspectos relacionados con aquella compra, tales como si se conocía por algunos de los actores intervinientes en la operación el estado real de la casa o si las limitaciones derivadas de la protección y la propia superficie útil de la misma tenían la capacidad para albergar un museo de las características que exige la disciplina —la arqueología— a la que se iba a destinar: almacenes, laboratorio, taller de restauración, dependencias administrativas, etc. Porque no cabe duda de que las posibilidades de exponer en tan limitada superficie es un hándicap, tanto para el desarrollo de un proyecto óptimo como desde la perspectiva de la ampliación de la colección, más cuando aún queda mucho por prospectar en la isla y lo descubierto podría ir a parar a esas instalaciones. Y esto sí que es responsabilidad de quien propone adquirirla. De ser posible un museo, poco cabría en él. 
 
Los cinco millones que viene costando la casa son una muestra de lo oneroso de la operación, cuando en esa cantidad está la compra y las obras realizadas sólo en las naves laterales. No existen garantías de que haya límites precisos de lo que vaya a costar finalmente. Como añadido a la comprometida capacidad de la casa para su uso como museo, el edificio parece presentar graves patologías en su cuerpo central, el más moderno, realizado en las primeras décadas del siglo XX con materiales que en todo lo construido en esa época, resultan bastante catastróficos en clave de conservación. Por tanto, no era difícil establecer que este no iba a ser una excepción.
 
Si la compra se cerró en 1,6 millones de euros, significa que en las obras de las naves laterales y la instalación de lo que hoy hay expuesto se han empleado de largo casi tres millones y medio de euros, una cifra realmente significativa para adecuar dos naves antiguas, única parte de la casa intervenida y que no observaba daños significativos. Muy elevado gasto para tan modesto resultado y que refleja el desigual baremo entre lo que cuesta y lo que vale la obra pública.
 
No se le puede exigir responsabilidad a Nona Perera porque esta es exclusiva de la Presidencia
El por qué de esta compra y no de otro inmueble con mejores condiciones es lo que no conocemos, y tampoco sabemos precisar si la respuesta está en aquella relación del expresidente o en el entusiasmo con que se “vendió” desde patrimonio. Parece que fue la propiedad quien la ofertó a la jefa de servicio, ante la imposibilidad de cargar con su mantenimiento y ante una delicada situación financiera. Habría correspondido a Perera garantizar la fiabilidad de lo que la administración iba a adquirir sin considerar la perentoria necesidad de la parte vendedora que es lo que pareció considerar. Correspondió al Cabildo requerir todos los informes posibles como paso previo a la adquisición, tanto los relativos al estado de la casa como sus posibilidades reales como instalación y no fiarlo todo a la palabra de un técnico. 
 
No cabe duda de que para otras decisiones tomadas por el expresidente en su mandato ha estado más ampliamente asesorado, ya sea en la incautación de desaladoras o en su particular caza de brujas emprendidas con determinados trabajadores.
 
Opino que como trabajadora pública, Perera no estuvo a la altura por no velar por el interés general sino por el muy particular interés de la propiedad, conmovida por la apelación a las razones de la venta. No se trataba de adquirir la casa a cualquier precio para contentar a la parte vendedora. La carga, que lo era ya antes de la venta, ha pasado de la propiedad al Cabildo, casa de todos, al fin y al cabo. Y sí, esta casa es una ruina. No se le puede exigir responsabilidad a Perera porque esta es exclusiva de la Presidencia. Si San Ginés se vengó de la arbitrariedad de aquella cesándola de sus funciones directivas en Patrimonio, eso sólo lo sabe él, pero es a lo que huele.
 
Creo que no siendo museo, tampoco es casa del polvo, por poco elegante y nada definitivo. Y aunque podamos afirmar que de aquellos polvos estos lodos, sí será, en todo caso, casa de las lágrimas y favores.

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