Paulino Rivero

Los precedentes e incógnitas del nuevo Estatuto

8/11/2018
Nadie puede negar que en estos últimos 30 años el autogobierno que hemos ha supuesto un hito sin parangón en nuestra historia como Pueblo, contribuyendo como nunca a favorecer y consolidar el progreso social,  económico y político y la convivencia democrática de los canarios.
 
Sin embargo, el proceso no ha sido fácil ni estamos cerca del ideal, en absoluto. Es necesario recordar que pese a que la voluntad de las instituciones representativas de los canarios –cabildos y ayuntamientos, impulsoras del proceso– era alcanzar el máximo autogobierno previsto a través del artículo 151 de la Constitución (CE), el Archipiélago se vio obligado políticamente por la mayoría hegemónica, tanto estatal como canaria, en los primeros años 80, a acceder a la autonomía por la vía lenta y limitada del artículo 143 CE.
 
Para compensar ese truncamiento, en el seno de los Primeros Pactos Autonómicos de 1981 se decidió la aprobación de la LOTRACA (Ley Orgánica de Transferencias prevista en el artículo 150.2 CE) lo que, en la práctica, equiparó a Canarias a las denominadas Comunidades históricas, aunque no se reconocieron suficientemente nuestras especificidades derivadas de la insularidad y lejanía, ni el Pueblo canario pudo manifestar vía referéndum su firme voluntad de ejercer ese autogobierno.
 
En esa última década del siglo XX se culminó el desarrollo del título VIII de la CE, con la equiparación de las CCAA. El modelo territorial de la CE, es de todos conocidos, pese a que logró una profunda descentralización política del Estrado Español, estaba, tras más de 20 años de desarrollo, prácticamente  agotó, requiriendo una profunda reforma que todavía estamos esperando.
 
Nuestra reforma estatutaria aprobada en 1996, mediante la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, tras la firma de los Segundos Pactos Autonómicos de 1992, que trataron de equiparar a las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 143 con las de régimen especial, permitió profundizar, aunque tímidamente, en nuestro régimen de autogobierno, pero fue más una reforma cosmética que provechosa.
 
La primera década del s. XXI se intentó una reforma del sistema –frustrada y frustrante, vistos los problemas territoriales a los que se enfrenta hoy el Estado español- mediante reformas estatutarias –los llamados Estatutos de nueva generación-, proceso al que se sumó tempranamente Canarias, mediante la constitución –por parte del recordado Presidente Adán Martín- de un Comité Asesor que, por unanimidad, presentó, tras seis meses de trabajo, un ambicioso texto de reforma estatutaria. Ese documento de trabajo fue rápidamente remitido por el Gobierno al Parlamento en septiembre de 2004 mediante una primera Comunicación.
 
Una Ponencia Institucional ya creada en el seno de la Cámara tomó ese texto como documento-base para iniciar sus trabajos, que concluyeron con la aprobación por el Parlamento de Canarias, en sesión plenaria celebrada el 13 de septiembre de 2006, de la Propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía que se remitió a las Cortes Generales para su tramitación como Ley Orgánica.
 
Pese a los intentos por lograr un amplio consenso sobre las cuestiones fundamentales del nuevo Estatuto (reconocimiento de nuestras especificidades –aguas archipelágicas, condición ultraperiférica y REF-, modernización de nuestro autogobierno –decretos leyes, decretos legislativos y potestad de disolución del Parlamento- y nuevas competencias –puertos y aeropuertos, sanidad y comercio exterior, telecomunicaciones, puertos, etc.), tras las elecciones de 2007, el Parlamento de Canarias, a instancia mía,  decidió retirar ese texto por el cambio de postura del PSOE, que presentó una batería de enmiendas que desdibujaban hasta su práctica desaparición los grandes logros que contenía ese nuevo Estatuto. Lamentablemente no fue el momento de la reforma.
 
Pero no se renunció a conseguir el máximo autogobierno compatible con la CE: la experiencia acumulada y la madurez adquirida por la sociedad canaria en las tres décadas de autonomía, así como aquella coyuntura económica, con una profunda crisis –de la que apenas estamos saliendo- que afectó al papel de los poderes públicos y a los valores de la sociedad actual, impulsaron volver a reflexionar nuevamente sobre el estado actual de nuestro autogobierno, sobre la dimensión más adecuada de cada una de las administraciones canarias y sobre las oportunidades que brindaría una nueva reforma estatutaria para mejorar, desde la óptica económica, pero también desde la social, la institucional y la democrática, las perspectivas de futuro de la sociedad canaria. En suma, era imprescindible dotarnos de las herramientas jurídicas, competenciales y financieras que nos permitieran superar la crisis económica y volver a la senda del progreso socioeconómico.
 
En el Pacto para la Gobernabilidad entre Coalición Canaria y el Partido Socialista para la Legislatura 2011-2015 ya se recogía que una reforma del Estatuto redundaría en la profundización del autogobierno y en el reconocimiento de nuestros hechos diferenciales, en la mejora tanto del funcionamiento democrático de las instituciones como del Estado del Bienestar, asegurando tanto la participación  ciudadana, la transparencia y el buen gobierno, como que la prestación de los servicios esenciales a los ciudadanos sea básicamente pública, lo que sin duda contribuirá a lograr una sociedad democrática avanzada y a mejorar la calidad de vida y la satisfacción de necesidades cotidianas de los canarios (trabajo, vivienda, sanidad, educación, dependencia, cultura, etc.).
 
Tras un proceso de participación ciudadana, abierto y participativo, con implicación de la universidades canarias, la patronal y los sindicatos, los partidos extraparlamentarios, así como innumerables colectivos sociales que aportaron sus puntos de vista se armó un texto que, mejorando el retirado a finales de 2007, ponía a Canarias a la vanguardia de la autonomías españolas.
 
El resultado fue un modelo de autogobierno propio y peculiar, hecho en Canarias y por los canarios, que evitaba la excesiva dependencia exterior y que nos dotaba de nuevos espacios de decisión propia para poder, por ejemplo, incentivar la economía, crear más puestos de trabajo, garantizar la prestación pública de los servicios esenciales, reformar las administraciones canarias para hacerlas más eficaces y evitar duplicidades, reducir la dependencia energética del exterior apostando por energías limpias y renovables, exigir un nuevo sistema de financiación, dotarnos de nuevas competencias en materias claves para Canarias (puertos y aeropuertos, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior, etc.), blindar nuestro régimen económico fiscal, tener capacidad para acelerar la toma de decisiones (decretos leyes), prever la disolución anticipada del Parlamento o la posibilidad de tener mayor capacidad de abrirnos al exterior.
 
En esencia, pese a ciertas matizaciones introducidas, el texto aprobado en las Cortes es el que se remitió por el Parlamento de Canarias en 2015, cuya base es el 2007, que se armó sobre los mimbre del Comité de expertos creado en 2004 por Adán Martín. Es, por tanto, un texto de toda una generación de canarios que quieren más y mejor autogobierno.
 
Ese nuevo Estatuto es imprescindible para resolver definitivamente muchas de aquellas cuestiones relacionadas con las especificidades canarias, especificidades que no son sino una muestra de la pluralidad territorial del Estado español, tornando el modelo autonómico en asimétrico, pues nuestros hechos diferenciales, nuestras especificidades –la insularidad y la lejanía que el nuevo Estatuto toma como excusa para denominarnos archipiélago atlántico –, condiciona nuestra forma de vida, nuestra convivencia, nuestra economía, nuestro sistema de partidos, incluso, nuestra identidad singular…; y es el Estatuto la norma llamada a dar cumplida respuesta a esos condicionantes permitiéndonos poder tomar mayores y mejores decisiones para adaptar nuestro autogobierno a esas circunstancias singulares.
 
La duda que me queda es si el modelo aguantará sin las reformas necesarias para que funciones otros 30 años más. Desde luego que como está no aguanta. A lo que hay que añadir la deriva centralista de PP y su hijuela Cs. Esperemos que el PSOE aguante y apueste de verdad por una España asimétrica y plurinacional en la que Canarias tenga, de la mano de este nuevo Estatuto, reconocidas sus especificidades y espacio suficiente para ejercer su autogobierno.

1 Comentarios

Si entalegan a Clavijo estaría bien que vuelvas, Paulino. Anímate, hombre.

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