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Los Cuarteles, el sueño de la gran reserva urbana de Arrecife

Fotos: JL Carrasco.

La disolución del Batallón de Infantería abrió la puerta a reclamar sus 60.407 metros cuadrados de superficie para uso público, como recoge el Plan General Supletorio.

Los Cuarteles, el sueño de la gran reserva urbana de Arrecife

Los Cuarteles es la gran reserva urbana pública de Arrecife. Nadie lo pone en duda desde que la disolución en 2003 del Batallón de Infantería de Lanzarote abriera la puerta a reclamar sus 60.407 metros cuadrados de superficie para uso público. La revisión del Plan General Ordenación Supletorio de Arrecife en conflictiva tramitación así lo contempla, pero el Ejército se mantiene firme y no cede.  
 
Las obras de este acuartelamiento comenzaron en 1940, tras la Guerra Civil, y concluyeron cuatro años más tarde. En julio de 1945, el Batallón de Infantería se instala en su nuevo acuartelamiento, el ‘Marqués de Herrera’. Con el paso de los años, miles de reclutas lanzaroteños hicieron la mili, cuando era obligatoria, en sus instalaciones. El servicio militar obligatorio fue un sistema de reclutamiento que sostuvo al Ejército desde 1770, y que finiquitó el Gobierno de José María Aznar en 2001.
Los Cuarteles aún cumple funciones logísticas y de apoyo

Poco después, en 2003, se crea la Unidad de Apoyo a la Proyección ‘Marqués de Herrera’, ubicada los Cuarteles. La nueva función de esta instalación militar es ofrecer  apoyo a todas las unidades del Ejército de Tierra, así como a otros ejércitos, que se desplacen a la isla para realizar ejercicios tácticos. Asimismo, sirve de soporte logístico a las autoridades civiles y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que lo soliciten.

Con esta nueva función que le ha sido encomendada, los Cuarteles han pasado a la reserva activa, en argot militar, pero aún sigue siendo de utilidad al Ministerio de Defensa. Pero, de inmediato, la jubilación del Batallón fue una oportunidad para que la sociedad reclamara el uso civil y público de esta instalación. Lo mismo sucedió en decenas de ciudades españolas, y muchas lo consiguieron.
 
Esta sensibilidad se concretó a principios de 2005, cuando el diputado del Partido Popular (PP) Cándido Reguera presentó una Proposición No de Ley en el Congreso. La iniciativa, que se aprobó por unanimidad, instaba al Gobierno de Zapatero a firmar un convenio para ceder las instalaciones a la ciudad de Arrecife, para uso público. Casi doce años después, nada de nada.
 
Más tarde, el 18 de enero de 2000, el Boletín Oficial del Parlamento de Canarias se hacía eco de una Proposición No de Ley del Grupo Parlamentario Socialista Canario, sobre gestiones ante el Gobierno del Estado para la cesión del Cuartel de Arrecife a la Comunidad Autónoma. Fue rechazada por el PP y Coalición Canaria (CC).
El Ministerio de Defensa no es el titular de los terrenos de los Cuarteles

Con el paso el tiempo, no se marchita la vieja idea de trasladar el acuartelamiento a alguna zona fuera de la urbe, con el fin de ganar este céntrico espacio con fines públicos. De hecho, el Plan General de Ordenación Supletorio de Arrecife contempla que los Cuarteles se reconviertan en un sistema general de uso comunitario, es decir, en un servicio público. Su superficie, de 60.407 metros cuadrados, equivale a unos diez campos de futbol. 

De conseguirse este objetivo, las antiguas instalaciones tendrían usos dotacionales y espacios libres públicos, concretamente el Plan General cita recorridos peatonales, espacios recreativos, parque infantil, aseos públicos y cafetería-terraza. Asimismo, aunque el Plan señala que la titularidad del suelo es pública, no está claro que sea así.  
 
Al parecer, el Ministerio de Defensa no es el titular de los terrenos de los Cuarteles, sino que fueron donados por sus propietarios con el fin exclusivo de construir en ellos el Cuartel del Ejército. Esta información constaría en el Registro de la Propiedad de Arrecife, en sendas inscripciones de 7 y 9 de noviembre de 1945. 
 
De ser así, el dilema está claro: si se ceden los terrenos a la ciudad y se cambia su uso para otro fin distinto al que ocasionó la donación, ¿podría dar lugar a que los herederos de los donantes reclamen la devolución  de esos 60.407 metros cuadrados? Este podría ser el verdadero nudo de la cuestión.

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