Samuel Clavijo

Lanzaroteños en el Gobierno

13/8/2019
La experiencia nos indica que muchos de los que han estado en las tareas de gobierno han sabido sacar rentabilidad para sus islas de procedencia, ya porque estuvieran desatendidas en determinadas parcelas, como porque arrimaban el ascua a su sardina. Y lo hacían de tal manera que ha llegado a cantar mucho determinados niveles inversores según la isla de que se tratara.
 
Habría que valorar en clave de oportunidad la presencia de cuotas de la isla en el Gobierno de Canarias, pues resulta un tanto ilusorio creer que no importa el lugar del que proceden las personas que acceden a determinados cargos, porque su vocación de servicio y niveles de neutralidad sea tal  que atenderá a todas las islas por igual.
 
Los majoreros se especializaron en carreteras, y en ello siguen
Quienes casi nunca han sacado nada de provecho son los conejeros en el Gobierno, no ya porque no hicieran negocio desde las áreas de su responsabilidad, que de todo ha habido, sino porque poco caso les hicieron para revertir la escasa inversión en diferentes áreas. Los majoreros se especializaron en carreteras, y en ello siguen. Una bacanal de asfalto y áridos que conducen a ninguna parte, o al menos de momento no conducen a ninguna parte, hasta que un plan general otorgue una utilidad conveniente a los suelos por los que pasan los nuevos trazados viarios. Todo es esperar, que ya nos enteraremos de a quiénes beneficia.
 
Que Lanzarote está marginada comparativamente al resto es de una clamorosa evidencia, aunque no tengo tan claro si es porque cuando un conejero ha estado en el Gobierno no se ha hecho oír, o  porque les valga con disfrutar del estatus y echar días atrás.
 
Esperar un acto de entrega incondicional y de ecuanimidad de los miembros del Gobierno suele ser una vana aspiración, por lo que tocaría seguir contemplando cómo se reparten el pastel de la obra pública con destino a determinadas islas de origen de cada consejero y a volar. La obra supone la mejora y la dotación de infraestructuras, pero también un suculento negocio que suele dejar beneficios durante su recorrido, tanto a los empresarios como a personas interpuestas al modo de una red clientelar que suele llegar incluso a partidos políticos y cargos públicos.
 
Lo de pedir obras por pedir debería acabarse
Lo de pedir obras por pedir, para el negocio de empresariado afín a los partidos que gobiernan en cada momento, debería acabarse. Prefiero que me dejen como estoy, pues se ha demostrado que por aquí salimos perdiendo. Si no, contemplen la pasta que han metido en el Islote de Fermina, cómo se repartieron la tarta en forma de obras y aquí seguimos sin dinero y sin Islote.
 
En esta lacerante situación de ninguneo y de resignada aceptación de quienes nos han representado contemplamos cómo han desarrollado el asunto portuario en otras islas, y en Los Mármoles estamos mendigando cada piedra que colocan en la escollera. Percátense, si no, en el número de auditorios o palacios de congresos de Fuerteventura, de Gran Canaria o de Tenerife, y aquí estamos con una cueva —magnífica cueva, por cierto— muy lejos de poder albergar las propuestas culturales que necesitamos y en el lugar en que la necesitamos, que es Arrecife.
 
Si históricamente toca y hay cabeza, deberíamos valorar en clave de oportunidad que quienes han llegado al Gobierno a diversas áreas pongan el empeño de que nos toque algo, pero con condiciones. Esto es, en clave de sostenibilidad, ya sea el soterramiento de torretas eléctricas, la mejora de vías-que no nuevas vías —soterrando tramos que minimicen impactos e integren comunidades (Mácher, Tías, Playa Honda...)—, la mejora ambiental de los núcleos de población, especialmente de Arrecife y de sus accesos por los distintos puntos, la mejora ambiental de las zonas industriales, el Plan de La Geria, las respuestas a las carencias en infraestructura educativa —y no hablo de centros nuevos—, o  el futuro del tratamiento de los residuos ante la aproximación del momento en que el vertedero y planta de tratamiento de Zonzamas llegue al límite de su capacidad.
 
Hay varias leyes tocapelotas; una es la Ley del Suelo, a la que corresponde echar al suelo
No cabe duda de que nos sale una lista enjundiosa en muy diversos capítulos, por lo que lo que parece tocar es el establecimiento de las prioridades que, para no comprometer a los nuevos cargos, no les vamos a indicar por dónde toca pelear. Ellos lo saben, seguro que lo saben. Lo que ignoramos es si van a estar a la altura o se conformarán con aguantar la legislatura y agarrar el sueldo,  ncluso los que no se den por aludidos porque mi lenguaje no sea todo lo inclusivo que sus sensibilidades admitirían.
 
Hay varias leyes que podríamos convenir en que son tocapelotas. Una es la Ley del Suelo, a la que corresponde, precisamente, echar al suelo. La otra es la Ley de Islas Verdes, hecha a  medida de las islas occidentales con el objeto de que la infraestructura alojativa quepa con calzador en los espacios naturales de La Palma, La Gomera y El Hierro, y que no sólo es gravosa para aquel medio, sino que es una fórmula de establecer sustanciales diferencias legislativas para un mismo territorio. Y la tercera en discordia es la Ley de Patrimonio Cultural que pergeñó CC con mucha habilidad y acierto con el objeto de que las exitosas experiencias de camas turísticas —a más plazas, más beneficios— entren en los conjuntos históricos de Canarias, suponiendo tan profunda transformación de los inmuebles y la desaparición de sus valores. En la remonta, la construcción de nuevas plantas de altura sobre las viejas casas, está el asunto del negocio y de la destrucción.
 
Hay tarea para todos. En septiembre veremos si la sintonía con los tiempos es la virtud de este Gobierno, y si nuestros conciudadanos con responsabilidades en el mismo se merecen el cargo o simplemente son la cuota para mantenernos, una vez más, en silencio.

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