Ha recurrido el auto de la Audiencia Provincial
La Fiscalía pide que las instalaciones de Stratvs continúen precintadas
La Fiscalía ha alegado que existe una ”absoluta falta de justificación y argumentación en el cambio de criterio", ya que la propia Sección Sexta ha avalado en varias ocasiones el cierre cautelar del complejo vitivinícola y pierde sentido, sobre todo, cuando "la celebración del juicio es inminente".
La Fiscalía de Las Palmas ha recurrido el auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial en el que se levantaba la medida de cierre cautelar de la Bodega Stratvs. Así, el Ministerio Fiscal ha pedido que las instalaciones continúen precintadas, tal como acordó la juez instructora, Silvia Muñoz.
La decisión del levantamiento de la medida cautelar, dictada por el Juez Salvador Alba, se justificaba en que el cierre, que pesaba sobre Stratvs desde el 20 de diciembre de 2013, era "un tiempo excesivo para cualquier medida cautelar".
Sin embargo, la Fiscalía ha alegado que existe una "absoluta falta de justificación y argumentación en el cambio de criterio", ya que la propia Sección Sexta ha avalado en varias ocasiones el cierre cautelar del complejo vitivinícola y pierde sentido, sobre todo, cuando "la celebración del juicio es inminente, pues estamos a la espera de que la Sala señale la fecha del mismo".
La Fiscalía añade en su recurso que el auto dictado ha "tenido únicamente en cuenta las manifestaciones que de forma interesada se narran en el escrito que solicita el alzamiento de la medida cautelar, y que han sido acogidos sin crítica ni objeción alguna", a pesar de basarse en informes encargados por el principal acusado, el propiertario de la bodega.
Así mismo, el Ministerio Fiscal ha insistido en que "resulta incomprensible que se alce la medida cautelar y se proceda a la apertura de la bodega cuando es ilegal su funcionamiento por la carencia de títulos habilitantes y la contradicción frontal con el planeamiento urbanístico que le es de aplicación".
En cuanto al "perjuicio económico" la Fiscalía ha manifestado que la Audiencia Provincial no puede tenerlo en cuenta, como ya hiciera el propio juez Alba en su primer auto en el que avalaba el cierre de la bodega en 2014, y en que explicaba que ese supuesto perjuicio económico no sería causa de la medida cautelar sino de las “irregularidades que se vienen constatando y que están siendo objeto de proceso penal”.
En este sentido, la Fiscalía ha concluido que "los intereses económicos privados jamás pueden ceder ante el interés general protector del medio ambiente, y mucho menos darse pábulo y consentir por los tribunales de justicia un lucro económico ilícito derivado del conjunto de presuntos delitos por los que se ha formulado la acusación".
