La educación

Intersindical Canaria ha denunciado ante la Fiscalía Anticorrupción que más de 350 profesores se encuentran fuera de las aulas realizando tareas administrativas en distintas consejerías del Gobierno de Canarias.  Oigan, súmenle los cargos públicos... La Federación de Administraciones Públicas de Intersindical Canaria ha sido quien ha puesto el dedo en la llaga. ¿Qué denuncian? Pues que ese número de docentes no están en las aulas sino en despachos varios se supone que prestando servicios más políticos que técnicos. Dice la Intersindical Canaria que se viene utilizando el "subterfugio" de los nombramientos de docentes para programas educativos, puestos especializados de apoyo o asesoramiento técnico educativo, "para nombrar de forma ilícita e ilegítima a docentes para centros directivos del Gobierno de Canarias, para realizar funciones meramente administrativas". Y que estos elegidos, porque son elegidos, naturalmente, se embolsan unos extras mensuales que oscilan entre los 224,39 y 395,03 euros. Esto último, por cierto, no deja de ser una visión muy particular de cómo se trata al cuerpo de docentes en el Archipiélago. El que no quiera dar clases tiene como incentivo 60.000 pelas más al mes. El que sufre saturación en aulas, escasez de medios, padres descontrolados y jovencitos “con derechos”, agua y ajo. 

 

La educación en Canarias, desgraciadamente para nuestros jóvenes, figura de forma reiterada en la cola de todos los indicadores. Ayer se conoció el último, por cierto, que dice que los alumnos de Canarias  son de los que menor capacidad de adaptación tienen para conseguir mejores resultados teniendo en cuenta un peor nivel socioeconómico. El sistema no es perfecto, ni mucho menos. La cosa esa de destinar docentes a ejercer de asistentes de los políticos dice el sindicato que cuesta unos 18 millones de euros anuales. Un dinero precioso, sin duda. Pero la merma en las aulas es todavía mayor ya que no todos los puestos de estos docentes están cubiertos porque ya se sabe la de malabarismos que hace la Consejería para meter casi que con calzador a fleje de alumnos en el aula con un solo profesor o profesora. Unos linces para “este” ahorro. Porque si dijéramos que son unos fieras para mover el dinero de tal manera que los medios fueran los que tienen que ser, pues oiga, todo va a parar al mismo sitio sólo que a distinta cosa. Pero no es el caso. El caso es que a los amiguetes afiliados hay que “rescatarlos” de la jungla de pupitres para meterlos entre algodones en los despachos nobles.

 

Lo que ha denunciado el Sindicato en cuestión es, en efecto, grave. Pero hay otro agujero por dónde se va una millonada en cada presupuesto: los liberados políticos. Docentes que van en las listas de los partidos en los que militan y que resultan elegidos concejales o consejeros de ayuntamientos o cabildos. Y que luego tardan 'cero coma' en liberarse. ¿Y quién paga su sueldo? Efectivamente: la administración educativa. Como son docentes, el dinero sale de educación. En reiteradas ocasiones hemos denunciado este hecho. No es el caso de debatir si estamos a favor o en contra de tanto liberado. Esa es otra historia. Pero a lo que nos oponemos con rotundidad es a que se pague con dinero de Educación. Si un docente metido a concejal o consejero se quiere liberar, adelante. Pero su sueldo que se lo pague el ayuntamiento o el cabildo. Y las arcas educativas que se ahorren su sueldo y lo inviertan o en el sustituto, o en material escolar, que buena falta hace en la inmensa mayoría de los centros educativos de Canarias. O en apoyos, o en actividades extraescolares...en fin. En cualquier cosa de provecho. Cada vez que planteamos la cuestión nos contestan con la misma monserga: “Eso es cuestión de Función Pública, que lo permite”. ¿Y? ¿Acaso un Gobierno no puede cambiar esta realidad? A ver si ahora que la Intersindical ha abierto un melón, abrimos la caja entera.