Inicuos salarios: Nueva Canarias y Alternativa Ciudadana

Inicuos salarios: Nueva Canarias y Alternativa Ciudadana

Tras pactar con el PNL de Pedro de Armas o José Francisco Reyes, el repentino  intento de Nueva Canarias por introducirse en Lanzarote con su marca, parece haberles borrado de golpe todas las mañas propias de la política.

Sólo desde la bisoñez absoluta de su(s) dirigente(s) en la isla se puede entender que no se expulsara a Juan Manuel Sosa desde que comenzó a romper la disciplina de voto en el Cabildo de Lanzarote a principios de legislatura. Y es que, mantener un acta de consejero que funciona libre, no sólo es una falta de respeto a la ciudadanía y más concretamente a los votantes de Nueva Canarias, sino que supone poner en riesgo  la parte del erario público correspondiente al salario  que este consejero va a empezar a percibir  al entrar motu propio en el grupo, de gobierno. Es decir, no haber expulsado a Juan Manuel Sosa de Nueva Canarias, está permitiendo a día de hoy que este consejero perciba el mismo salario que un Consejero que sí hubiera mantenido fidelidad a las siglas y al proyecto por las cuales se presentó y fue votado. 
 
Su partido tenía sobrados motivos para sospechar cuál sería el devenir de los acontecimientos. El consejero ha votado pleno tras pleno al son de Coalición Canaria, incumpliendo la disciplina de voto de su partido en reiteradas ocasiones. No hace falta demasiada picardía para sospechar que a la mínima “tentadora oferta”, Juan Manuel Sosa alzaría el vuelo.
 
¿Será porque yo todavía no me hago la idea de cómo funciona este juego sucio de la política por lo que  me vuelve a surgir el debate, necesario,  sobre el salario que perciben nuestros políticos? Sinceramente pienso que quien tiene una importante responsabilidad, como es el caso de quien ejerce un cargo político, tiene que percibir una retribución económica a la altura de la misma. Otra cosa es cuando ese cargo alcanza esta posición de poder por medios que se encuentran al margen de los principios de la partitocracia, como en el caso de Sosa.
 
Pero el conflicto sobre la retribución económica de los políticos se ha puesto en el debate por parte de algunos partidos con el claro objetivo de utilizarlo como mero escaparate, como arma discursiva, pero con bastantes contradicciones. Podemos permitió así que, Victoria Rosell entre otros, siguiera percibiendo un salario similar al que tenía ejerciendo la judicatura. Y aquí a menor escala, el caso de Alternativa Ciudadana también es paradigmático de contradicciones e hipocresía a partes iguales. En los inicios de la formación, la renuncia a percibir un salario se vivió como un auténtico cambio en las prioridades de los que accedían al servicio público, demostrando que se quería llegar a la institución no para lucrarse económicamente, sino por el simple hecho de servir a la ciudadanía que les votaba. Sin embargo, las retribuciones por asistencia a plenos y comisiones, en los casos en los que además se actúa como único representante del grupo, como el caso de Alternativa Ciudadana en el grupo mixto la pasada legislatura,  ascienden a cuantiosas cantidades que, además no van acompañadas de una dedicación parcial a la actividad institucional.
 
La legislatura pasada María Paz Cabrera fue la única consejera del  extinto grupo Alternativa Ciudadana en el Cabildo de Lanzarote, y sin dedicar una sola hora de su tiempo a la institución, percibió lo correspondiente a la asistencia a seis comisiones y un pleno mensual, remunerados con 100 euros  cada comisión y 260 euros cada pleno. Una cantidad que superaba el Salario Mínimo Interprofesional, es decir, María Paz Cabrera, que supuestamente se había negado a percibir ni un solo céntimo de la institución y que por ello no aportaba ningún tipo de dedicación porcentual a la actividad en la misma, estaba cobrando sólo un poco menos que una camarera de piso haciendo infinitas jornadas laborales.

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