Infraestructuras: crecer con fundamento

Román Rodríguez
19/9/2021

La crisis climática es una preocupación cada vez más extendida, pese a los negacionistas de turno. El pasado mes de agosto, el informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático aseguraba que todo el planeta se ha visto afectado por el impacto del deshielo, el calentamiento global, el aumento del nivel del mar o los fenómenos meteorológicos extremos. Los científicos responsabilizan a la actividad humana del calentamiento de la atmósfera, del océano y de la superficie terrestre. Circunstancias estrechamente vinculadas a un modelo económico depredador y nada respetuoso con la Naturaleza. Por su parte, la ONU destacaba recientemente que, tras el paréntesis del confinamiento y el frenazo económico por la pandemia, las emisiones de efecto invernadero han vuelto a incrementarse de forma significativa.

Una de las características de la sociedad canaria de los últimos cuarenta años es la creciente conciencia medioambiental y de defensa del territorio por parte de su ciudadanía. No es casualidad que, en distintos estudios sociológicos, aparezca el paisaje de las Islas como uno de los elementos más relevantes de la identidad canaria. En las últimas décadas han sido numerosos los momentos en que esa sensibilidad ante el territorio y el medio se ha manifestado en masivas movilizaciones o en iniciativas legislativas aprobadas por el Parlamento de Canarias.

En los años ochenta del pasado siglo sobresalen por su capacidad de concienciación y movilización los movimientos dirigidos a la protección de Veneguera (Mogán, Gran Canaria) y El Rincón (La Orotava, Tenerife); esta última protegida por una ley de 1992 que considera “de interés autonómico la zona denominada El Rincón por su valor como parte de un paisaje a proteger cual es el Valle de La Orotava, y por su condición de zona sensible”. Simbolizaron la preocupación por la protección del territorio y el convencimiento de que el modelo económico había que orientarlo hacia la sostenibilidad para que esta tierra tuviera presente y futuro. En los años noventa destacaron las movilizaciones a favor de una moratoria turística en Lanzarote. 

Y ya en este siglo, las de rechazo a las torres de Endesa en Vilaflor, en Tenerife, lo que llevó en noviembre de 2002 al Gobierno de Canarias que entonces presidía a retirar a Endesa el permiso para ese tendido eléctrico. Tenerife también fue escenario, en la primera década del siglo XXI, de distintas manifestaciones contra la construcción del puerto de Granadilla; algo de razón tendrían los manifestantes cuando hoy es un puerto sin apenas actividad y sin los 20.000 empleos prometidos tras más de 300 millones de euros de dinero público (de la ciudadanía) despilfarrados. Y, en la siguiente década, se producirán las contrarias a las prospecciones petrolíferas en toda Canarias. 

En el caso de Veneguera, cuyo primer proyecto contemplaba 140.000 camas turísticas, cuatro puertos deportivos y un campo de golf, el proceso se alargó desde los años ochenta, en que se crearon los colectivos Salvar Veneguera, hasta su definitiva solución en 2003. Para ello fue esencial la aprobación de la ley de medidas urgentes de ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias, 2001, más conocida como ley de moratoria, que suspendió el planeamiento.

Ley protectora

Antes, en 1998, la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por Salvar Veneguera no solo fue descafeinada por el Parlamento de Canarias, sino que, dándole la vuelta a la propuesta proteccionista, terminó por convertirla en una norma que autorizaba la construcción de miles de camas en una superficie cercana a las 160 hectáreas en la zona. Generando el rechazo de los promotores de la ILP. Tras muchos avatares y el boicot nada disimulado de una parte de CC que buscaba en ese momento inversores para construir Veneguera, la solución definitiva tuvo que esperar hasta el año 2003. Entonces logramos que el Parlamento de Canarias aprobara la ley 6/2003 que declara el barranco de Veneguera como espacio natural protegido, integrado en el parque rural del Nublo, impidiendo el desarrollo urbanístico en la zona.

Ese mismo 2003, a final de la legislatura, el Parlamento aprueba por unanimidad las Leyes de Directrices Generales de Ordenación y la sectorial del Turismo, que constituyen un punto de inflexión en el compromiso por un desarrollo sostenible en nuestra tierra. Suponen un cambio profundo tras un largo período de desarrollismo sin límites. Antes, el Gobierno canario había establecido, en 2001, una moratoria en las construcciones turísticas para abrir un período de análisis y participación de la sociedad en las decisiones futuras, rompiendo con el dogma liberal de que el mercado lo regula todo. Una decisión de la que me siento personalmente orgulloso.

Con relación a las directrices de ordenación general, inciden en la conservación de los recursos naturales y del suelo, considerándolo como un recurso de carácter estratégico; promoviendo en las zonas urbanas el ahorro de suelo y la reutilización del suelo urbanizable, impidiendo la dispersión residencial y desarrollando políticas activas de suelo y vivienda. Las del turismo apuestan por una menor ocupación de suelo, la calidad frente a la calidad, la renovación de la planta obsoleta y de las ciudades turísticas degradadas, así como por la diversificación de la oferta y la cualificación de sus trabajadores y trabajadoras. Las directrices quedaron olvidadas en una gaveta y los gobiernos posteriores la fueron derogando en la práctica, tarea que culminó la nefasta ley del suelo.

Prospecciones petrolíferas

Entre 2012 y 2014 tienen lugar numerosas y masivas manifestaciones en todas las islas contra las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Canarias por parte de la compañía Repsol. Ecologistas, distintos colectivos sociales, la mayoría de las fuerzas políticas y de las organizaciones sindicales, la práctica totalidad de las instituciones canarias y el propio presidente del Gobierno de entonces, Paulino Rivero, se enfrentaron a los propósitos de la empresa multinacional que contaba con el entusiasta apoyo del entonces ministro de Industria, José Manuel Soria.

En fechas más recientes se produjo el rechazo ciudadano a la ampliación del puerto de Agaete que, con problemas en la declaración de impacto ambiental, fue paralizada por el actual Gobierno de Canarias. Y en las últimas semanas hemos asistido a un intenso debate sobre la construcción del macropuerto de Fonsalía. La Ejecutiva Nacional de Nueva Canarias, atendiendo a la propuesta de su organización en Tenerife, ha realizado un profundo análisis sobre esta infraestructura, que cuenta cada vez con menos defensores. Una infraestructura que tiene su declaración de impacto medioambiental caducada, que es cara e insostenible, que pone en riesgo a la fauna marina que habita transita por la zona, entre ella importantes colonias de cetáceos, y que, con el pretexto de mejorar el tráfico marítimo interinsular, dedica el 80% de su superficie a barcos de recreos y al comercio.

Tras muchos años de incomprensible inacción, entendemos que la solución a los atascos de tráfico que se producen en Los Cristianos debe ser urgente, planteando alternativas más sostenibles, más económicas y rápidas en su ejecución. Mediante una racionalización de la gestión interna de la carga y descarga de vehículos en el puerto y, sobre todo, actuando en las carreteras que van desde este a la TF-1, soterrando algunos de sus tramos, como ha planteado el alcalde de Arona.

Considero finalmente que, frente a las distintas infraestructuras que se plantean en las Islas, hay que tener siempre una visión flexible, abierta y actualizada. Sin rechazos ni adhesiones a priori, cerradas y fundamentalistas. Analizando con rigor cada caso concreto, sus pros y sus contras, sus beneficios para el conjunto de la ciudadanía, sus costes económicos, sociales y medioambientales, la existencia o no de alternativas más sostenibles. En definitiva, creciendo en infraestructuras con el interés general y la preservación medioambiental como referencia; y haciéndolo con fundamento.

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