Industrias en la periferia, brindis al sol y cerrojazo

“El Cabildo de Lanzarote, en defensa de los intereses del tejido productivo local, solicita de manera urgente a la Audiencia de Cuentas de Canarias y al Tribunal de Cuentas de España una auditoría de las subvenciones al transporte de bienes acogidos a las ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento [de las Islas Canarias] (REA) y de las ayudas de estado para el transporte marítimo y aéreo de o hacia las Islas Canarias. Dicha auditoría debe hacerse de manera conjunta entre ambas modalidades de subvención a fin de determinar si está produciéndose una acumulación contraria a lo dictado por las autoridades de Unión Europea”.

 

El acuerdo anterior fue adoptado por unanimidad por todos los grupos políticos en el último Pleno del Cabildo. Sin embargo, puede que la declaración institucional llegue demasiado tarde para Harinera Lanzaroteña, SA, que acaba de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE). 

 

 

El acuerdo también contempla que el Cabildo se dirija a la Comisión Europea con el fin de que inspeccione si se está produciendo acumulación entre las ayudas de estado al transporte y las subvenciones en concepto de REA. Asimismo, el Cabildo defenderá ante las autoridades de la Comunidad Autónoma y del Estado la realización de las gestiones necesarias para compensar a las industrias lanzaroteñas que se hubiesen visto perjudicadas por dicha acumulación y la competencia desleal ejercida.

 

Ya en 2010, y a instancias de Agustín Márquez, la institución acordó dirigirse al Gobierno de Canarias para pedir que se distinguiese un REA diferencial para las islas menos pobladas; la contemplación de la doble y triple insularidad en el transporte de mercancías, y que se tomasen medidas para que las subvenciones beneficiasen a  los consumidores. Dicho acuerdo fue ratificado por los plenos de todos los ayuntamientos de la isla. Ocho años después, no se ha avanzado ni un solo milímetro. 

 

En 2014, el Parlamento de Canarias aprobó una Proposición no de Ley para impulsar el tejido industrial de las islas menos habitada, subrayando que son las empresas de Gran Canaria y Tenerife las principales beneficiarias de las ayudas al transporte interinsular, generando una desigualdad competitiva y desequilibrando la producción y distribución de bienes en las Islas. Cuatro años después, nada ha cambiado.

 

 

Un año más tarde, en 2015, el Pleno del Cabildo adopta un acuerdo institucional para que el Gobierno de Canarias proceda a regular los criterios de reparto de las ayudas europeas del REA en las islas menos pobladas. ¿El motivo? Las empresas industriales no sólo sufren la doble insularidad sino que, por la reducida dimensión de sus mercados, se ven penalizadas, imposibilitando así, que las economías de escala jueguen a su favor. Se insiste en las medidas a implementar, pero tres años más tarde, la vida sigue igual.

 

Nada ha cambiado. Canarias es un territorio definido no solo por la insularidad, al distribuirse su geografía en ocho islas pobladas, sino también por una asimetría estructural, tanto demográfica como para el potencial desarrollo socio-económico de las islas. Así, conceptos como doble insularidad refieren el conjunto de dificultades añadidas que las sociedades de islas como Lanzarote y La Graciosa tienen que sortear para poder situarse en plano de igualdad con el resto de la población canaria.

 

El carácter periférico que sufren los territorios menos poblados del Archipiélago requiere de respuestas políticas, sociales y económicas que, al mismo tiempo que garanticen necesidades básicas como el abastecimiento, también permitan el desarrollo de sus potencialidades, especialmente del tejido económico insular, incluido el mantenimiento de las pequeñas industrias transformadoras, la distribución y el comercio interior.

 

Sí. Puede que la declaración institucional llegue demasiado tarde para una industria extenuada, Harinera Lanzaroteña, SA, ya que acaba de presentar un ERE.