Top Secret, 16 de agosto de 2017

El reparto de la publicidad institucional

El reparto de la publicidad institucional

El Ayuntamiento de Madrid acaba de publicar por primera vez el criterio seguido y la cantidad invertida en concepto de publicidad institucional en cada medio de comunicación de la ciudad Es un duro golpe a la corrupción periodística, porque se acaba con el reparto a dedo y se invierte el dinero público en función de los datos de audiencia, primando la austeridad, objetividad, transparencia y eficiencia, así como el reparto que más beneficie a los objetivos de cada campaña. Madrid acaba de dar un paso histórico en este terreno.
 
Antes y durante años, el Ayuntamiento de Madrid inyectaba millones de euros a medios afines, manipulando así la esfera mediática madrileña. Lo mismo se hacía desde la Comunidad de Madrid para beneficiar al periodismo amigo. El propio gobierno de Rajoy privilegió a las redacciones próximas, por lo que al final no es el mercado quien las mantiene, sino el Estado. Ocho ministerios han pleiteado ante la Audiencia Nacional para que se mantenga en secreto el reparto de la publicidad institucional. Pero no sólo el PP ha caído en la tentación; también la Junta de Andalucía favoreció a medios afines.
 
Hablamos en total de muchos cientos de millones inyectados al sistema informativo a dedo y de forma opaca, adulterando el mercado. Un método de corrupción que desvirtúa la libre competencia real e impide que se la audiencia quien decida qué medios progresan o se hunden. La ‘mamanza’ es de tal magnitud que diversos informes europeos recogen el subdesarrollo del sistema de medios español en cuanto a dependencia política. Los sindicatos de periodistas llevan años denunciándolo, porque es el mecanismo más directo que tiene el poder político para comprar medios de comunicación: asignándoles publicidad institucional desde ayuntamientos, cabildos, consejerías del Gobierno autónomo, etc. Campañas pagadas con dinero público.
 
Repartos arbitrarios e ilegales
 
En una reciente sanción, ejemplar, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León condenó a la Diputación de León a indemnizar al portal ileon.com tras marginarlo sistemáticamente de los “repartos arbitrarios e ilegales que los responsables políticos y gabinetes de prensa han realizado de la publicidad institucional”, dice la sentencia. Para el medio, se trata de “un gran precedente que consolida un escenario que impida el uso de dinero público para forzar líneas editoriales”. El trasfondo es que se asigna la publicidad a dedo, premiando a los medios dóciles y castigando a los díscolos mediante un tipo de contratos que son al mismo tiempo convenio, contrato y subvención pública.
 
La Ley de Publicidad Institucional establece que el reparto debe hacerse con “criterios objetivos” que garanticen la mejor difusión, ajustándose a “principios de eficiencia, austeridad y transparencia”. Su artículo 14 exige: “el Gobierno elaborará un informe anual de publicidad en el que se incluirán las campañas, su importe, los adjudicatarios de contrato y los planes de medios correspondientes”, lo cual es extensible a todos los niveles de las administraciones públicas. La misma transparencia debe exigirse en todos los municipios y Cabildos de Canarias, y al propio ejecutivo autónomo. Todo eso se tiene que acabar, desde Madrid a Lanzarote, pero dudo que lo veamos.

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