El Juez Alba expedientado disciplinariamente

El magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Salvador Alba Mesa, encargado de juzgar dos de las piezas más importantes del Caso Unión, ha sido expedientado por hechos que podrían constituir dos faltas disciplinarias muy graves y otra grave.

 

El Promotor de la Acción Disciplinaria, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, ha acordado la incoación de un expediente disciplinario al magistrado, en relación a su actuación al frente del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria.

 

Las faltas muy graves son las del artículo 417.8 –inobservancia del deber de abstención a sabiendas de que concurre alguna de las causas legalmente previstas- y 417.12 –revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona-.

 

El expediente también contempla la posible comisión de una falta grave del artículo 418.5, referido al exceso o abuso de autoridad.

 

Fonseca-Herrero abrió el pasado mes de mayo diligencias informativas contra Alba a raíz de la denuncia formulada contra él por la magistrada Victoria Rosell Aguilar, a quien el primero sustituía en el Juzgado tras la decisión de la juez de concurrir como candidata a las elecciones generales y su posterior elección como diputada al Congreso.

 

A esas diligencias se incorporaron después las grabaciones difundidas por varios medios de comunicación de una conversación entre Salvador Alba y el empresario Miguel Ángel Ramírez, imputado en un procedimiento que se tramita en el citado Juzgado.

 

La falta grave de abuso de autoridad se habría cometido al utilizar Alba su condición de instructor de las diligencias previas 644/2014 para llevar a cabo actuaciones no amparadas por la investigación ni por las competencias derivadas de su cargo, y que ninguna relación guardarían con el objeto de las actuaciones: delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social y contra los derechos de los trabajadores supuestamente cometidos por la empresa Seguridad Integral Canaria, de la que era administrador Miguel Ángel Ramírez.

 

“De este modo, el magistrado habría desarrollado una investigación indebida contra la denunciante y su entorno”, señala el Promotor en el acuerdo de incoación del expediente.

 

Fonseca-Herrero añade que la posible comisión de una falta muy grave de revelación de secretos se deriva de la publicación en diversos medios de comunicación de un informe redactado por Alba y remitido al Tribunal Supremo en el marco de la querella que el exministro de Industria José Manuel Soria interpuso ante el alto tribunal contra la juez Rosell.

Por último, la posible falta muy grave de incumplimiento del deber de abstención se basa en la afirmación de la existencia, por parte de la magistrada Rosell, de una relación de enemistad del juez Alba con ella, compañera sentimental del denunciando en el proceso penal, “y  por ello, en la existencia de un interés directo o indirecto del señor Alba Mesa en el proceso, revelado posteriormente con el contenido de la grabación previa a la declaración de don Miguel Ángel Ramírez en esa causa”.