El descrédito va a más
El deterioro y descrédito que rodea a las instituciones en España exige el impulso de una batería de acciones, tendentes a abrir una nueva etapa política que refresque y revitalice la ahora dañada democracia, que dé un espaldarazo al marco de convivencia que tanto nos ha ayudado en estos últimos cuarenta años a disfrutar del más largo periodo de paz, libertad y progreso en todo el Estado. Si hubiera conciencia por parte de los más representativos responsables de las máximas instituciones del Estado, y de los partidos políticos, del abismo que se está abriendo entre la sociedad y sus representantes, alguien estaría ya liderando una iniciativa que buscara el consenso para activar un plan ilusionante y renovador que rescate del desapego ciudadano al sistema que, exitoso, hemos disfrutado estos cuarenta años.
Esta última semana nos ha dejado otros dos episodios que no ayudan a frenar la paulatina pérdida de confianza que vienen sufriendo nuestra instituciones. Es impropio de una democracia madura el espectáculo que se ha dado con el abortado acuerdo entre el PSOE y el PP para nombrar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y al presidente del mismo y del Tribunal Supremo. Si nos atenemos al mensaje enviado por el portavoz del PP en el Senado a sus 148 compañeros de grupo parlamentario, el cambalache, la picaresca y las malas artes priorizaron el acuerdo con los socialistas. Buscaban servirse de la Justicia y no tanto dejar trabajar a la Justicia -empeorándolo más si cabe, el descontento que al parecer produjo el acuerdo con los socialistas en las filas populares llevó al redactor del mensaje enviado a los senadores a hacer una interpretación asombrosa del mismo-.
En el mensaje que salió del teléfono del portavoz del PP, Ignacio Cosidó, se justifica el acuerdo porque, se dice, “…y además, controlando la sala segunda desde detrás (la Sala de lo Penal, única competente para enjuiciar a los diputados, senadores y miembros del Gobierno) y presidiendo la sala 61 (la Sala especial que tiene entre sus atribuciones la ilegalización de partidos políticos)”. Digo, asombrosa interpretación la que hace Cosidó del apaño pactado para calmar al ala más radical de su partido, porque lo que interpretábamos la mayoría de los mortales era que el acuerdo para elevar a Marchena a la presidencia del CGPJ y del Tribunal Supremo perseguía, entre otras cosas, alejarle de la presidencia de la Sala de lo Penal que juzgará a los encartados por el procés. Tanto los socialistas como los populares añadieron, con su frustrado acuerdo, más pólvora al descrédito creciente de nuestras instituciones. En ésta ocasión, a la Justicia, que dicho sea de paso, había tocado fondo con las formas en la que condujo el asunto del pago de los gastos derivados de las hipotecas.
El otro episodio que protagonizó la semana que termina fue el bochornoso y lamentable espectáculo vivido en el Congreso de los Diputados, con Gabriel Rufián como actor principal y en el que tuvieron papel destacado un buen número de los 350 diputados que conforman la Cámara. Solo falta la agresión física para parecernos más a parlamentos bananeros que a los que nos corresponde como país puntero de Europa.
La cadena de actos poco ejemplarizantes que se van enlazando en España en los últimos años en el ámbito de la política, los partidos, los sindicatos, las organizaciones empresariales y sindicales, la Justicia y, en general, en los estamentos más representativos, está generando un divorcio con la mayoría social. La situación exige un liderazgo político, económico y social que propicie un diálogo transparente que culmine con un gran acuerdo de Estado, que sea la base que ayuda a impulsar medidas que oxigenen nuestra democracia y nuestras instituciones.
En la situación actual, en la que cada uno está pensando más en lo que le conviene y muy poco en lo que conviene al interés general, no parece viable ese acuerdo por un nuevo impulso democrático. Entre otras cosas, porque la mayoría de nuestros representantes no son conscientes de lo que piensa la gente a pie de calle. El calendario viene cargado de citas con las urnas en las que se renovarán a nuestros representantes en el Parlamento Europeo, Cortes Generales, Autonomías, Cabildos y Consejos Insulares y Municipios. Quizá las elecciones ayuden a recuperar una parte de la confianza perdida.