De la minusvalía a la discapacidad
Cada 3 de diciembre se celebra el Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad. Fiel a la cita, el Senado ha reiterado su compromiso de velar por los derechos de las personas con discapacidad, ya que es uno de los segmentos de la población más afectados por la COVID-19. Se ha hecho a través de una declaración institucional en la que se insta a promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, pero subrayando que son los poderes públicos los encargados de desplegar los recursos necesarios para asegurar una mejor y más justa reconstrucción tras la pandemia sin dejar a nadie atrás, en particular a este colectivo tan frágil y vulnerable.
A veces, conviene alejarse un poco del ruido mediático que produce el ejercicio cotidiano de la política, levantar la cabeza y recordar cuál es la verdadera misión de todo representante electo, y que no es otra que el servicio público. Así lo entendemos las y los progresistas cuando se conmemora una jornada como esta, en la que la sociedad se centra en promover los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad, así como concienciar sobre su situación en todos los aspectos de la vida. No olvidemos que son la minoría más amplia en el mundo, y suelen tener más dificultades que otros colectivos en el acceso a la educación o al mercado laboral.
En su declaración institucional, el Senado reconoce el trabajo de las organizaciones del sector de la discapacidad, que, desde el inicio de la pandemia, han estado en alerta poniendo en marcha acciones para defender los derechos de estas personas y sus familias, asegurando los recursos y servicios para proteger su salud, su empleo y su educación. Un informe publicado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales ha reportado más de 4.300.000 personas a las que se les ha valorado alguna discapacidad en nuestro país, de la que casi la mitad tienen edades comprendidas entre los 35 y los 64 años. Queda mucho por hacer a favor de estas personas.
El Senado también ha reafirmado su compromiso con principios como la igualdad, la equidad y la no discriminación y con los derechos de estas personas y sus familias, algo que no es exclusivo de uno u otro color político, afortunadamente. No obstante, creo que el PSOE ha demostrado sobradamente una responsabilidad efectiva hacia las personas con discapacidad para garantizar su pleno acceso a las prestaciones del Estado del Bienestar. Ahora bien, para poder seguir avanzando, tenemos que dar respuestas en los presupuestos y mediante un diálogo permanente con las organizaciones del Tercer Sector, así como con las plataformas de defensa de los derechos de estas personas.
No perdamos de vista que la gran asignatura pendiente sigue siendo la inserción de las personas con discapacidad en el mundo laboral. Tampoco que el envejecimiento digno de estas personas reclama espacios residenciales acordes con sus necesidades, lo más vinculados posible a sus familias y a sus entornos conocidos, con profesionales adecuadamente formados, que les proporcionen seguridad, tranquilidad y confianza. Y, lo que es más importante, tengamos muy presente el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas, ya que, como regla general, son las encargadas de tomar sus propias decisiones.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.