Paulino Rivero

Canarias puede

13/5/2018
El pasado domingo hice referencia a la primera de las grandes conquistas conseguidas por Canarias para mejorar la cohesión entre las islas, avance que se plasmó en los Presupuestos Generales del Estado de 1998 con la declaración de obligación de servicio público del tráfico aéreo entre las islas, el incremento de la subvención a los residentes en el Archipiélago y la bonificación de las tasas de pasajeros y aterrizaje en un 70% en todos los aeropuertos canarios.
 
Fue en los meses del verano de 1997 cuando comenzó la negociación de los Presupuestos del Estado para el ejercicio siguiente. Coalición Canaria (CC) puso especial énfasis en la necesidad del control público de los transportes en Canarias, promoviendo en esa dirección que se articularan medidas que permitieran acercar las islas entre sí, mejorando la conexión con el exterior. Desde el primer momento, la iniciativa que impulsamos paralelamente en el Congreso de los Diputados y en la negociación presupuestaria con el Gobierno del Estado recibió el rechazo y la descalificación de otras fuerzas políticas, así como de algunos sectores y grupos de presión. En aquellos meses se escucharon y leyeron argumentos como, entre otros, Europa no lo permite, atenta contra la libre competencia, es contrario a la liberalización y privatización llevada a cabo en el sector, el mercado es el que regula, estamos en una economía de libre mercado o, por ejemplo, Europa no permite el intervencionismo público en un sector liberalizado. Han pasado 20 años y se han seguido dando pasos importantísimos en el objetivo de tener unas comunicaciones entre las islas asequibles en precios, en frecuencias y en calidad. La última de las grandes conquistas ha sido el incremento al 75% de la subvención a los residentes en los trayectos entre islas.
 
Cumplido el objetivo de la conectividad interior, hay que afrontar ahora el reto de que se plasme en los Presupuestos del 2019 el incremento de la ayuda a los residentes en los trayectos Canarias-Península hasta un 75%. Y todo parece indicar  que Nueva Canarias se apuntará ese importante éxito en la negociación presupuestaria. Ahora bien, Si finalmente se logra el incremento hasta el 75% de la subvención a los vuelos con la Península es necesario que el Gobierno de España -competente en la materia- controle los precios máximos impuestos por las compañías. En este orden de cosas, y ante la posibilidad de que el Gobierno español proceda al control de los precios máximos de los billetes aéreos con la Península, vuelven a reproducirse los mismos argumentos de hace veinte años cuando el control público afectó a los trayectos entre islas. Otra vez Europa no lo permite, atenta contra la competencia, es contrario a la liberalización del sector, el mercado es el que regula, estamos en una economía de libre mercado o Europa no permite el intervencionismo público en un sector liberalizado. Más de lo mismo.
 
La posición política que tenía Canarias en Madrid en la legislatura 1996-2000 facilitó que el Gobierno español entendiera que el sistema del transporte aéreo entre las islas tenía que tener control público. Hay que hacer valer la posición política que Canarias en estos momentos en Madrid para que el Gobierno del Estado entienda que sí puede evitar el abuso que se está produciendo en los precios de los vuelos Canarias-Península. Es posible. Se puede imponiendo la declaración de servicio público aprobada en su día.
 
Hace ya dos décadas tuvimos que derribar la resistencia del Gobierno de España acudiendo directamente a Bruselas para certificar que era posible el control público del transporte aéreo en Canarias. En plena negociación con el Ministro de Fomento -Arias Salgado- decidimos acudir directamente a la Dirección General 7 de Transportes en la capital comunitaria para confirmar el amparo legal que tenía nuestro objetivo. José Luís Delgado -expresidente de Binter en la transición de compañía pública a privada- y el hoy portavoz de CC en el Parlamento de Canarias José Miguel Ruano, colaboraron en aquellos momentos con el trabajo que llevaba el Grupo de CC en el Congreso de los Diputados, encargándose ambos, entre otros, de hacer las gestiones en Bruselas.
 
Recuerdo perfectamente la satisfacción que compartimos al confirmar que podíamos garantizar el control público del sistema de transporte aéreo en el Archipiélago y que, por lo tanto, se reducía el riesgo de que solo mandaran los intereses privados. A partir de ahí, hicimos valer la necesidad de nuestros votos para la estabilidad del Gobierno de Aznar y peleamos hasta lograr el reconocimiento en la Ley española. En concreto, la Ley 66/1997 de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de 1998), que dice textualmente: El Gobierno procederá a la declaración de obligaciones de servicio público con los tráficos aéreos interinsulares y, en su caso, en los tráficos aéreos de los archipiélagos con el territorio peninsular; en ambos supuestos de acuerdo con lo previsto en el Reglamento (CEE) 2408/92 del Consejo, de 23 de julio. Esta declaración realizará previa audiencia a los gobiernos de Canarias y de las islas Baleares. Esta medida se aplicará a Melilla y, en su caso, a Ceuta en el tráfico con el territorio peninsular. A la vista está, ese control es posible. Puede y debe hacerse. Es el momento de, como así ocurrió hace ahora veinte años, hacer valer el peso de los nacionalistas canarios en Madrid.

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