Algo está fallando
Sin duda, España es un país especial. Los políticos se desacreditan entre sí. Los jueces juegan a la política. Los políticos juegan a jueces. Los partidos políticos siembran dudas sobre la imparcialidad del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y resto de órganos judiciales. Los jueces se descalifican entre sí. Y hasta el Gobierno de España pone en entredicho al Tribunal de Cuentas del Estado, al Tribunal Supremo o al Tribunal Constitucional. Por si faltaba algo, algunos partidos políticos cuestionan la democracia española, reniegan de España y humillan al Jefe del Estado.
Sólo con que se estuviera produciendo alguno de los hechos relatados en cada uno de los apartados anteriores, debería ser motivo de suficiente preocupación para nuestros dirigentes e Instituciones, pero sí, como es el caso, y desde hace mucho tiempo, todos estos hechos están ocurriendo al mismo tiempo, la conclusión es que algo está fallando en el sistema y exige una seria reflexión por parte por parte de los responsables del conjunto de las principales instituciones.
La interferencia que se viene produciendo entre el poder político y judicial es absolutamente intolerable. Probablemente, el problema empieza a incubarse desde el mismo momento en que se inicia el proceso de nombramiento de los miembros del Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o de los Tribunales Superiores de Justicia Autonómicos y sus respectivas Audiencias Provinciales.
El objetivo de muchos partidos políticos es luchar para conseguir que los nombramientos recaigan en personas ideológicamente próximas. El resultado es el permanente cuestionamiento de las decisiones de los Tribunales cuando, como es normal, salen perjudicados determinados intereses partidarios. Un país que vive el drama de una cruenta pandemia que deja ya alrededor de cien mil muertos, más de cuatro millones de afectados, miles de empresas y puestos de trabajo destruidos y un incremento del empobrecimiento que amenaza la cohesión social, debería tener concentrados todos los esfuerzos en la búsqueda de fórmulas que ayuden a aliviar la complicada situación socio-económica de sus ciudadanos.
Es lamentable el último desencuentro que se ha producido como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el estado de alarma. Miembros del Tribunal descalificándose, la ministra de Justicia y otros miembros del Gobierno acusando al Constitucional de elucubraciones doctrinales respecto la sentencian, un partido que forma parte del Gobierno del Estado (Unidas Podemos) calificando al Tribunal de “Voxtitucional” y retándolo a que se presente a las elecciones, un ejército de analistas echando gasolina a la hoguera y un país que, a pie de calle, asiste boquiabierto al espectáculo que dan sus referencias institucionales.
El cuestionamiento por parte del propio Gobierno del Estado de la imparcialidad con la que actúan instituciones que son pilares fundamentales de nuestro Estado de Derecho exige una reflexión serena por parte de los partidos políticos. Algo está fallando en el sistema que obliga a una oportuna revisión del mismo. Lo contrario nos conduce a más confusión e incertidumbre.
A quienes no somos juristas nos produce desazón y perplejidad las distintas interpretaciones que los tribunales de justicia hacen de un mismo asunto. Solo por mencionar algunos ejemplos, confunde mucho el debate abierto ahora como consecuencia de la sentencia del Constitucional sobre si el camino correcto a seguir por el Gobierno para confinar era el del estado de alarma o el estado de excepción; más confusión, si cabe, cuando la sentencia se produce un año y medio después. Otro ejemplo lo tenemos en debate producido como consecuencia de la sentencia del Supremo sobre los procesados en Cataluña, ¿rebelión o sedición? Otros debates resaltables por las contradicciones producidas han estado entorno a las sentencias sobre violación/ acoso/ abuso o la de los indultados por el procés.
Los asuntos de Estado exigen supeditar el interés partidario al general. En los casos citados, y en tantos otros, estamos ante asuntos de Estado que afectan a la calidad de nuestra democracia y que no pueden ser torpedeados con descrédito o desafíos por quienes tienen la obligación de restituir la confianza en las instituciones.