DÍA DE LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA

733.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en las Islas

La tasa de pobreza severa es del 11,2%, y es el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 500 € mensuales por unidad de consumo.

733.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en las Islas

La pobreza es una violación de los derechos humanos y para erradicarla no hace falta salir fuera de Lanzarote o Canarias, y que tres de cada diez canarios están en riesgo de pobreza y/o exclusión social, en dato de 2019. No obstante, la erradicación de la pobreza es uno de los mayores retos globales con que se enfrenta actualmente el mundo, en particular en África y en los países subdesarrollados. La pobreza no es solo una cuestión económica; se trata de un fenómeno que comprende la falta de las capacidades básicas para vivir con dignidad, como el acceso al agua potable, a la electricidad, saneamiento y alimentos. 
El 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social
 
Cada 17 de octubre se celebra el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza con el objetivo poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. Coincidiendo con la jornada, acaba de ver la luz el informe de 2019 sobre El estado de la pobreza. Seguimiento del indicador de pobreza y exclusión social en España. Lo elabora European Anti-Poverty Network, una plataforma europea de entidades sociales que trabajan y luchan contra la pobreza y la exclusión Social en los países miembros de la Unión Europea. Esta plataforma busca permitir que aquellas personas que sufren la pobreza y la exclusión social puedan ejercer sus derechos y deberes, así como romper con su aislamiento y situación.
 
Los datos en las Islas son demoledores, y eso que no incluye la crisis ocasionada por la pandemia. El 35% de la población canaria está en riesgo de pobreza y/o exclusión social en el año pasado. En los tres últimos años la tasa se ha reducido casi 10 puntos porcentuales, sin embargo, sigue siendo extraordinariamente elevada, y se mantiene en 10 puntos porcentuales por encima de la media nacional. En términos absolutos, 733.000 personas residentes en Canarias están en riesgo de pobreza y/o exclusión social. Los datos no aparecen desglosados por islas.  
El 3,9% de la población de Canarias vive en condiciones de privación material severa
 
Otro indicador es la tasa de pobreza severa, esto es, el porcentaje de personas que viven en hogares con un ingreso máximo de 500 € mensuales por unidad de consumo, y que en Canarias es del 11,2%. Por otro lado, el año pasado, el 3,9% de la población de Canarias vive en condiciones de privación material severa, es decir, no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos de consumo básico definidos a nivel europeo. En términos absolutos unas 86.000 personas, viven en condiciones de privación material severa en la región. 
 
La renta por unidad de consumo en Canarias es de 14.247 € en 2019 (9.486 € por persona). Después de alcanzar su punto más bajo en el año 2012, la renta media inició un proceso de débil recuperación que se ha mantenido este año, pero no ha servido apenas para reducir distancias con respecto al valor medio nacional. En este sentido, la renta se incrementó en 701 € (5,2%) con respecto al año pasado. Si bien esta cifra es el doble del crecimiento medio nacional, Canarias mantiene la cuarta renta más baja de todas las regiones, tanto si se mide por unidad de consumo como si se hace por persona.

Ingreso Mínimo Vital y riesgo de pobreza

El Ingreso Mínimo Vital es una prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que viven solas o están integradas en una unidad de convivencia y carecen de recursos económicos básicos para cubrir sus necesidades básicas. Se configura como derecho subjetivo a una prestación económica, que forma parte de la acción protectora de la Seguridad Social, y garantiza un nivel mínimo de renta a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad económica.  
 
El Ingreso Mínimo Vital persigue garantizar una mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias. Opera como una red de protección dirigida a permitir el tránsito desde una situación de exclusión a una participación en la sociedad. Contiene para ello en su diseño incentivos al empleo y a la inclusión, articulados a través de distintas fórmulas de cooperación entre administraciones.

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