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Blanquear es el verbo más conjugado en todo el Estado tras las elecciones andaluzas. El término que refiere el proceso de ajustar a la legalidad fiscal el dinero negro, está siendo empleado en la política española para aludir a los intentos de legitimación democrática de Vox, un partido legal, es cierto, pero cuyos postulados dejan mucho que desear a estas alturas de avance de la humanidad y muchos de los cuales carecen de encaje constitucional. 

 

PP y Cs no lo tienen fácil en su pretensión de articular una mayoría de gobierno en Andalucía y corren el riesgo de contaminarse por los postulados de la extrema derecha. La fuerte irrupción de Vox en el panorama político ha dejado sin habla y sin capacidad de respuesta a los restantes partidos. La salida sin complejos del armario político de la ultraderecha española frena en seco las aspiraciones de Pablo Casado y el PP de recuperar la hegemonía electoral, y, aunque mantiene la segunda posición en todas las encuestas, se resiente del ascenso de Vox por su derecha y no logra recuperar por el centro, taponado por Cs.

 

Por su parte, Cs está cayendo en el promedio de las encuestas ya que su ambigüedad y su escasa claridad en la negociación del nuevo Gobierno andaluz está siendo penalizada. Es obvio, para parecerse a Vox, la gente prefiere el original y no una mala copia, que es lo mismo que le está sucediendo al PP. Y quienes la están gozando son los dirigentes y los votantes de Vox, ya que, tras el impresionante resultado obtenido de Andalucía, sigue subiendo con fuerza en todos los sondeos y captando votos de múltiples nichos. 

 

PP y CS ensayan una alternativa al PSOE en el Gobierno de España, pero necesitan a Vox. Este es su dilema, ya que pueden acabar espantando a muchos demócratas porque es harto evidente que este pacto de perdedores, que podría cuajar en un pacto con el populismo de extrema derecha, podría dar lugar a una movilización democrática en defensa de los derechos y las libertades conquistadas. Si dan paso a Vox, PP y Cs estarían coqueteando abiertamente con el recentralismo, el machismo, el racismo, la xenofobia o el antiecologismo, poniendo en jaque los derechos laborales y los mismísimos derechos humanos. A la espera del desenlace y de las posibles consecuencias en Lanzarote y Canarias, parece que habrá que volver al activismo puro y duro y quién sabe si a la clandestinidad, dicho sea metafóricamente, en defensa de esta débil y frágil democracia.