Es un campo de batalla de la política

Las luchas de poder por la tele autonómica

La adjudicación del concurso  de los servicios informativos ha desatado la caja de los truenos. Su importe asciende a 144 millones durante ocho años.
Las luchas de poder por la tele autonómica

Pues no, la señal no se fue a negro el pasado día 1 de enero y la televisión autonómica canaria continúa con la emisión de sus programas. A cual más malo, por cierto. En el último minuto, la dirección del ente público aseguró que no se perdería la señal, y así fue. Pero no se ha explicado cuál ha sido la solución. La radio pública canaria está en la misma situación, ya que el 1 de enero pasado caducó el actual contrato para la distribución y difusión de la señal de ambos medios, así como su transporte permanente.
 
Le tele del Gobierno canario, o la tele de Coalición Canaria para ser más precisos, se encuentra bloqueada porque se ha convertido en uno de los campos de batalla de los grupos políticos representados en el Parlamento regional. Entre otras razones por la forma de proceder del presidente del ente, Santiago Negrín Dorta, quien está haciendo bueno a su predecesor, Willy García.
 
El presidente del ente se ha puesto en contra a la mayoría del Parlamento
Fruto de estas disputas, hay varias vacantes en el Consejo Rector de Radio Televisión Canaria, y no ha habido manera de alcanzar mayorías cualificadas en el Parlamento para llegar a acuerdos para cubrirlas. Se espera que la situación se desbloquee a lo largo del presente mes de febrero. La adjudicación del concurso  de los servicios informativos de la tele canaria es la que ha desatado la caja de los truenos. El importe asciende a 144 millones de euros durante ocho años y se presentaron varias ofertas a tan jugoso contrato. De un lado, la actual concesionaria, Videoreport, de la que forma parte la empresa editora de Canarias7; de otro, Nuntium, participada por Prensa Ibérica, la empresa matriz de los diarios La Provincia y La Opinión de Tenerife; y la tercera es Mediapro.
 
La lucha de intereses económicos entre los actuales adjudicatarios, que quieren repetir, y los que aspiran a conseguir el contrato, ha movilizado a las fuerzas políticas parlamentarias. A algunos medios, les va la vida en el concurso, en el sentido literal del término. Sin embargo, la mesa de contratación se encuentra paralizada porque se ha impugnado la presencia de una de sus integrantes. Pero eso no es lo más grave, ya que el presidente del ente, Santiago Negrín, se ha puesto en contra a la mayoría del Parlamento de Canarias, que le ha retirado su confianza y ha reclamado su dimisión.
 
En teoría, es un órgano independiente que sólo debe rendir cuentas al Parlamento
Si el concurso no se llevara a término, la televisión se quedaría sin servicios informativos en julio del año en curso. De ello dependen doscientos trabajadores, que, con la licitación, tendrían plenas garantías de subrogación por la empresa que finalmente resulte adjudicataria. Pero es muy improbable que los trabajadores se queden sin empleo, ya que, aunque los partidos políticos representados en el Parlamento autónomo no han sabido ponerse de acuerdo en el modelo de gestión que debe presidir en la televisión y la radio autonómicas, ninguno va a dejar caer al ente público. Más que nada porque, a pesar de las acusaciones de manipulación al actual Gobierno, ningún partido quiere renunciar a influir en su orientación, llegado el caso.
 
La tele y la radio autonómicas están sujetas al control político más férreo que se haya visto jamás desde la creación del ente, a pesar de que la cadena pública es, por definición, un órgano independiente y autónomo que sólo debe rendir cuentas al Parlamento de Canarias y nunca al Ejecutivo regional. Mientras tanto, la oposición reclama más neutralidad, una gestión más eficiente y nuevos contenidos en un escenario de creciente descrédito y caída libre de la audiencia de la tele autonómica.

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