El coste de la denuncia

Denunciar está demodé. Ya no se lleva porque, entre otras razones, te puedes buscar la ruina. El coste de denunciar la corrupción puede ir desde el acoso a la depresión, pasando por el deterioro de la salud física y mental, el despido y la ruina económica y humana. El resultado final es una terrible sensación de fracaso y de soledad, tras arriesgar y/o perder el prestigio personal y profesional. De esto sabemos mucho en esta isla, con casos recientes de represaliados por denunciar corruptelas o negarse a participar en ellas que están en la memoria de todos. Y en instituciones tan respetables como, por ejemplo, el Cabildo o la Guardia Civil.
 
En España se juegan el prestigio y el trabajo; en otros países se juegan la vida
La sensación de injusticia la sufre quien es perseguido por defender la legalidad, pero lo que esto transmite al conjunto de la sociedad es que es mejor callar y mirar hacia otro lado. La mayoría de los denunciantes acaban sufriendo un patrón de acoso en el que, primero se les advierte para que se retracten, después se les presiona a través del entorno afectivo, luego se les aísla y finalmente se busca expedientarlos, despedirlos o acusarlos de calumnia: exterminarlos socialmente. Por eso, la Unión Europea tramita una nueva directiva para proteger a los denunciantes del desamparo. 
 
La protección europea de los denunciantes propone blindarlos ante las represalias y brindarles todas las facilidades para que puedan comunicar lo que saben en confidencialidad. De no hacerse así, el riesgo que se corre es que se extienda la impunidad y el silencio, ya que muchos deciden no hablar por temor tras observar lo que les ha sucedido a quienes sí lo han hecho. En España se juegan el prestigio y el trabajo, pero en otros países se juegan la vida.

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