Opinión

Vivas y a salvo

El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado, esta semana, la articulación de un Pacto de Estado para la reforma de la Ley de Violencia de Género que nació hace ya 12 años, en el transcurso de los cuales se ha revelado como necesaria pero, tristemente, insuficiente para abordar un problema de tanta complejidad.
 
Detrás de cada mujer maltratada hay un sistema que falla. Detrás de cada asesinato hay un fracaso colectivo, como sociedad. Falla la detección, falla la atención inmediata, fallan las medidas de alejamiento, falla la justicia, fallan los recursos… Fallan, aún, demasiadas cosas. Y el resultado es la muerte, el desamparo, los niños que quedan huérfanos, marcados  para siempre, las vidas destrozadas.
 
Por eso, cada día que pasa se hace más urgente articular ese Pacto de Estado, que no solo debe tener como fin último cambiar la Ley, sino que ha de ser, en sentido amplio, un acuerdo por la prevención y la erradicación de cualquier forma de violencia contra las mujeres y sus hijos e hijas.
 
Canarias cuenta, desde 2003, con una Ley para la Prevención y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres más avanzada que la estatal, ya que categoriza como violencia contra las mujeres todas las formas de violencia para el dominio y la subordinación de éstas: trata, agresión sexual, acoso sexual y acoso laboral por razón de género, abuso a las niñas, mutilación genital, abuso de guerra contra las mujeres… y no solo la violencia de género en el ámbito doméstico y de la pareja.
 
Es una Ley pionera y avanzada, de la que, como mujer y canaria, me siento orgullosa, pero para su aplicación total faltan recursos. Los que se recortaron con la excusa de la crisis -que está demostrado que ha hecho mella, especialmente, en las libertades y avance de la mujer- y que no se han vuelto a restituir. Recursos que no se pueden ahorrar cuando estamos hablando de vidas humanas, cuando de ellos depende la supervivencia, la integración, la recuperación y la salvación de cientos de mujeres y de sus hijos.
 
Por ello, el Gobierno debe comprometerse, en materia presupuestaria, a restaurar la financiación de las partidas económicas no solo en la Administración General del Estado, sino en la financiación de las comunidades autónomas, ya que estás son las que responden de la protección de las víctimas, y la erradicación, a través de la prevención, de la violencia de género.
 
Estamos de acuerdo, además, en que tiene que integrar, y aglutinar a todos y cada uno de los agentes que intervienen: la justicia, la sanidad, los colegios profesionales, la sociedad civil, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las distintas administraciones públicas.
 
Tenemos que hacer un esfuerzo para establecer una hoja de ruta fácil, pero eficaz, para que las víctimas puedan ser atendidas con las garantías y los derechos que les asisten, y esto pasa, necesariamente, por unificar procedimientos, legislaciones, protocolos de actuación, ampliar la red de recursos de atención, y destinar mayor presupuesto a todos y cada uno de los elementos que integran esa hoja de ruta.
 
Precisamente porque la prevención es una de las mejores formas de eliminar la violencia de género, tenemos que incluir en el nuevo sistema educativo, que salga del consenso de todas las fuerzas políticas y sociales, una asignatura específica que trabaje sobre la erradicación de estereotipos de género, y fomento de la igualdad real entre mujeres y hombres.
 
Hay, además, un asunto especialmente preocupante, que debe ser resuelto con urgencia: la custodia, y la patria potestad de los hijos menores,  considerados, por fin, víctimas de violencia de género, hace que sus madres sigan ligadas a sus agresores, a pesar de estar ya acogidas en centros después de ser agredidas.
 
Por eso, es necesario no conceder custodias compartidas en supuestos de violencia de género. Y hay que eliminar de la praxis judicial la aplicación del  Síndrome de Alienación Parental, que la propia judicatura desaconseja.
También merece una especial atención el estudio de la violencia que se da en las relaciones de pareja en la adolescencia, así como el diseño y puesta en marcha de programas que permitan prevenir desde esas edades.
 
En resumen: Hay que ampliar los supuestos de violencia hacia las mujeres, aumentar los recursos destinados a prevención, atención y erradicación, no otorgar la patria potestad de los hijos a los agresores y educar en igualdad.
 
Estas y otras medidas, en necesaria coordinación con el trabajo de las administraciones autonómicas, insulares y locales, y el consenso de todas las fuerzas políticas, deben estar encaminadas a la eliminación de esta lacra que ya se ha cobrado demasiadas vidas y ha destrozado demasiadas familias. Merecemos estar vivas y a salvo. Y tenemos que trabajar, desde hoy mismo, cuanto haga falta para ello. 
 
Ana María Oramas González-Moro, diputada de Coalición Canaria en el Congreso

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