Que pague el creyente
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue poniendo en entredicho algunos anacronismos existentes en España, un país que va de ridículo en ridículo en el ámbito europeo. El último, las exenciones fiscales de la que disfruta la iglesia católica. Todavía pasan factura los estrechos vínculos, forjados a sangre y fuego, entre la derecha proclive a las sublevaciones y el ultra catolicismo antes y durante la Guerra Civil, bendecidos en 1953 por el concordato suscrito con la santa sede -no confundir con el Vaticano-.
Con el apoyo de la iglesia católica, el dictador golpista se aseguró reconocimiento internacional mientras aquella recibía importantes privilegios legales, políticos, económicos y fiscales. Entre otros, la exención fiscal para los bienes y actividades eclesiásticos, el derecho a constituir universidades, el derecho a operar estaciones de radio y publicación de periódicos y revistas, o la protección contra la intrusión policial sobre propiedades de la iglesia. Ahí siguen en pie casi todos, y hasta anteayer mismo padecíamos la censura en sus variadas formas, otra forma de dictadura impuesta desde el dogmatismo ignorante.
“Junto a la Administración del Estado, la iglesia católica es el mayor propietario en España”
Los acuerdos entre el estado español y la santa sede se revisaron en 1979 para adecuarlos a la nueva situación aconfesional recogida por la Constitución. Papel mojado, ya que la iglesia católica sigue goza de innumerables privilegios procedentes del franquismo en asuntos jurídicos, económicos y en la enseñanza. Uno de ellos es que no paga el IBI. Tú pagas contribuciones, pero ella no. Junto a la Administración del Estado, la iglesia católica es el mayor propietario en España, pero sus inmuebles seguramente deben estar registrados en el reino de los cielos porque a ellos no llega el fisco. La confesión vive en un paraíso –fiscal- mientras sus feligreses pasan por caja.
Si la iglesia católica pagara el IBI se recaudarían entre 2.000 y 2.500 millones de euros anuales, según los expertos. Curioso para un Estado teóricamente aconfesional, pero que en la práctica está a años luz de ser laico. Es una afrenta que los ciudadanos paguemos el impuesto de la contribución urbana y que el mayor propietario no pague. Los entendidos estiman que la iglesia romana en España posee unas 100.000 propiedades, de las que sólo 5.000 son edificios religiosos. Si quieren sostenerse, que paguen los creyentes; y, en lo demás, igual que todo el mundo.
Ernesto Cedrés
