ANÁLISIS

Ley del Suelo, un palo a la cultura del territorio

MAP 18/06/2017 - 06:19

La Fundación César Manrique (FCM) encabeza en Canarias la oposición civil a la Ley del Suelo elaborada por el Gobierno autónomo. La FCM lo considera un proyecto indeseable para las Islas y que tendrá efectos nocivos tanto para el paisaje como para la ordenación del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, reclama su retirada para abordar un proceso participado y una nueva redacción, sobre nuevas bases, que no le dé la espalda a la cultura territorial del archipiélago, atienda al cambio climático, a la racionalidad territorial y a la capacidad de carga, y anteponga la identidad del paisaje, los recursos naturales y la sostenibilidad de las islas a los intereses abusivos y especulativos del dinero.

Tanta contundencia tiene su razón de ser en que Canarias pretende dar un salto en el tiempo… hacia atrás, hacia los años sesenta del siglo XX, los del desarrollismo. Cualquiera diría que el espectro de Fraga se ha materializado en los actuales gobernantes proponiendo un remedo cutre y extemporáneo del plan de estabilización del 59: fuera trabas para la inversión, viva la liberalización y bienvenido Mr. Marshall. El fin justifica los medios, y si por el camino hay que incinerar el territorio, pues se le pega fuego y listo. Ni siguiera don Manuel se atrevió a tanto. 
 
“A falta de mejores ideas, el Gobierno se ha propuesto generar empleo a costa del mayor activo del Archipiélago: el territorio”
 
Cierto es que el ejecutivo canario se encuentra ante un dilema, ya que los récords de afluencia turística apenas están consiguiendo reducir la tasa de paro por debajo del 25%. De ahí que, a falta de mejores ideas, el Gobierno se haya propuesto generar empleo a costa del mayor activo del Archipiélago: el territorio. El caso es que CC, PP y el partido de Casimiro Curbelo suman una mayoría suficiente en el Parlamento autónomo para aprobar la Ley del Suelo en pocas fechas, a pesar de que lo aconsejable es concitar alrededor de esta trascendental norma una mayoría muy cualificada, fruto de un amplio consenso. Ni caso, a lo que se ve, tal es la euforia con que los tradicionales señores del suelo reciben el nuevo ciclo alcista de la economía: a hacer caja y a correr.
 
No obstante, el conocimiento, el pensamiento crítico y una parte de la sociedad canaria y de sus representantes, la mitad aproximadamente, reclaman que no se sobrepase ciertos límites. Por ejemplo, que el planeamiento insular tenga competencias para reclasificar como suelo rústico un suelo previamente clasificado como urbanizable, o que sean los planes insulares los que definan el modelo territorial y las zonas reservadas a usos turísticos, así como su delimitación. Desde esta perspectiva, las competencias municipales seguirían teniendo menor rango que las autonómicas, de forma que, por ejemplo, el organismo encargado de la redacción de la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación no recaiga sobre la administración municipal redactora, sino permanezca en un ámbito jerárquico superior de carácter autonómico. El proyecto del gobierno propone, en cambio, reinos de taifas y self service.
 
“La Ley del Suelo cierra la puerta a cualquier posibilidad de equilibrio entre urbanismo, actividad económica y protección del medio”
 
Frente a la liberalización gubernamental, la FCM propone reforzar el planeamiento insular frente al debilitamiento que propugna la Ley del Suelo. Así, se defiende la potestad de los planes insulares para la ordenación de los recursos naturales. También combate los denominados proyectos singulares de interés regional e insular, que son instrumentos excepcionales al margen del planeamiento, procurando limitar su alcance, con efectos perniciosos para el suelo rústico y la construcción dispersa. Por otro lado, se propone la reducción de los proyectos singulares a la iniciativa pública suprimiendo la privada. 
 
La FCM defiende que la ordenación de los espacios naturales prevalezca en cualquier circunstancia sobre la planificación sectorial. Del mismo modo, reclama que la competencia para formular los instrumentos de ordenación de los espacios naturales, así como la modificación y aprobación de dichos instrumentos, debe recaer en el Gobierno de Canarias y no en los Cabildos. Finalmente, se propugna que la ordenación urbanística municipal esté supeditada a la ordenación ambiental.
 
Orden y jerarquía o barra libre. No hay más. La Ley del Suelo que tramita el Gobierno de Canarias es desarrollista, desreguladora y carece del necesario consenso político y social. Es una Ley que cierra la puerta a cualquier posibilidad de equilibrio entre urbanismo, actividad económica y protección del medio, por lo que su eventual entrada en vigor desplegará efectos demoledores sobre el territorio, los recursos naturales y paisajísticos y la calidad de vida de la población porque fomentará la especulación, el desarrollismo y la conflictividad judicial al rebajar los controles legales de la Administración. Es un palo en el cogote a la frágil cultura del territorio en Canarias.

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