Otro ejemplo de la habitual incompetencia pública
Lanzarote, ni una vivienda protegida en años
Los gobernantes de los últimos doce años han manejado excusas para todos los gustos para justificar que no se haya construido ni una sola vivienda protegida.
“Probablemente de aquí a finales de año tendremos algo de suelo para viviendas de protección oficial (VPO)”. Esta frase se pronunció en 2005 y vuelve a repetirse ahora, doce años después. Durante ese período, durante nada menos que tres mandatos –y va para cuatro-, no se ha construido ni una sola VPO en Lanzarote. A pesar de tan calamitoso balance, el Instituto Canario de la Vivienda tiene una sede en la isla, situada en la Rambla Medular. Lo que no se sabe es para qué, además de pagar un alquiler.
Los gobernantes de los últimos doce años han manejado excusas para todos los gustos para justificar que no se haya construido ni una sola vivienda protegida en la isla. La más recurrida es la falta de suelo apto para ser cedido, culpando al planeamiento municipal, o a la ausencia de este. Pero la realidad es que toda la responsabilidad recae en la habitual incompetencia que se detecta entre los cargos públicos cuando encaran problemas de cierta complejidad.
Desde 1995 se han contabilizado más de tres mil demandantes de vivienda
La protegida es un tipo de vivienda de precio limitado y, casi siempre, parcialmente subvencionada por la Administración Pública, cuyo objetivo es favorecer que los ciudadanos con rentas más bajas puedan adquirir o arrendar viviendas dignas y adecuadas a unos precios asequibles a sus posibilidades. Habrá quien crea que no se necesitan en la isla, o que aquí no llega la Constitución, porque ni rastro de ellas, a pesar de que desde 1995 se han contabilizado más de tres mil demandantes.
“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación…”. El artículo 47 de la Constitución Española puede cantar misa, porque no hay ningún 155 que ponga coto al incumplimiento de este precepto constitucional.
Desde 2005 no ha sido visado ni un solo proyecto de vivienda pública
También puede cantar misa la Declaración Universal de los Derechos Humanos que, su artículo 25.1, establece que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la viviendas…”. Dado que por estos lares no hemos visto una VPO desde hace la tira y como tardaremos en verlas, conviene que sepamos que, en ocasiones, el promotor es la misma Administración Pública. En este caso, se habla de VPO de promoción pública. Cuando el promotor es un particular, se habla de promoción privada.
Así están las cosas: desde el año 2005 no ha sido visado ni un solo proyecto de vivienda pública en Lanzarote. Y ello a pesar de que el acceso a la vivienda ha de ocupar un lugar preferente en el planeamiento urbano, tanto en la rehabilitación de cascos urbanos como a través de la construcción de vivienda de protección oficial, fundamentalmente de iniciativa pública. Por eso, hace uso meses Somos Lanzarote llevó al pleno del Cabildo la creación del Consorcio Insular de la Vivienda, una medida que figura en el borrador de programa de un gobierno transversal en el Cabildo que preparan los partidos en la oposición, salvo el PP. Está en el programa de la moción de censura, vaya, proponiendo, entre otras medidas, la creación de un parque público de viviendas para alquiler social. Otra cosa es que la moción prospere.
