Juan Francisco Rosa: Llamo a quien tenga que llamar… y lo seguiré haciendo

En la sesión de tarde del juicio que celebra en Arrecife el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), a diferencia del resto de procesados que quedaban por declarar, Rosa no ha tenido inconveniente en contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal, al menos a parte de ellas, hasta que su abogado defensor le ha recomendado no seguir.

 

Rosa dijo que “posiblemente” se ratifica en su declaración del año 2013 en la que manifestó que "cuando necesitaba que le movieran los papeles llamaba a quien tuviera que llamar”. “Y lo seguiré haciendo mientras esté con un proyecto" replicó el empresario al Ministerio Fiscal, a lo que añadió, "me tengo yo que interesar, nadie se va a interesar por mi proyecto”.

 

El empresario ha declarado que él “nunca hace llamadas para conseguir, sino para defender sus proyectos como es normal en cualquier empresa” y que la relación que mantenía con el también acusado Leonardo Rodríguez era "la de un hombre más en el pueblo", sin que tuviera "ninguna ascendencia" sobre el exconcejal o sobre el resto de encausados. Rosa sostiene que habló con Rodríguez para interesarse sobre la licencia que había pedido en 2005, ya que entendía que ya estaban todos los informes para que recibiera el visto bueno, pero "tardaba".

 

Al inicio de su interrogatorio, el fiscal Ignacio Stampa -que se refiere en su escrito de cargos a la bodega Stratvs como "el peor atentado medioambiental" que ha sufrido Lanzarote en décadas- le ha preguntado si recuerda haber solicitado licencia de actividad. "Sin lugar a dudas", ha replicado Rosa, que ha dado la misma contestación a la pregunta relativa a si el suelo en el que pretendía desarrollar esa actividad era el mismo que el terreno donde se le autorizaba a construir la bodega. Sin embargo, sobre si las dimensiones de la bodega para la que pidió la actividad eran las mismas que le había autorizado construir no ha querido responder.

 

Con respecto al delito de tráfico de influencias del que se le acusa, Rosa ha apuntado justo antes de que su abogado le aconsejara que no siguiera contestando al interrogatorio del fiscal: ”Yo solicito algo en 2005 y me lo vienen a conceder en 2008, o sea tres años después... ¡vaya influencia buena que tenía yo!”.

 

Todos los miembros de la junta municipal de gobierno de Yaiza en aquellas fechas han respondido solo a sus abogados y al tribunal, pero no a la acusación popular, ni a la particular, ni al fiscal. Así mismo, todos han coincidido en aclarar que su relación con Juan Francisco Rosa es de "vecinos" o "conocidos", en cualquier caso una relación por ostentar un cargo público, sin mantener o haber mantenido una relación personal con el empresario.

 

El primero en declarar en la sesión de tarde ha sido Evaristo García, exconcejal Yaiza por el PIL, que ha recordado que en la junta de gobierno "se trataron dos licencias, una a BTL Lanzarote”, empresa de Juan Francisco Rosa, “y otra a Hermanos Tavío".

 

Con respecto a la de BTL ha indicado que el secretario, el también procesado Vicente Bartolomé, "dio fe del expediente" y mostró a los ediles "todos los informes positivos de las administraciones, entre los que había uno del Gobierno de Canarias y otro del Cabildo de Lanzarote".

 

"Yo confiaba en el buen hacer del secretario y no comprobaba los expedientes", ha alegado García. "No tenía detalles a la hora de votar. Yo iba allí y, si todo estaba positivo, no tenía ninguna duda de votar a favor, creía en la fe del secretario", ha añadido.

 

Por su parte, Juan Lorenzo Tavío, exedil de Yaiza por CC, ha argumentado que cuando el secretario y técnico municipal explicaban el contenido de un informe favorable, los ediles no tenían "potestad para desautorizarlos si estaba todo conforme". "Y todos los informes del expediente eran favorables", ha enfatizado.

 

Leonardo Rodríguez, exconcejal de Urbanismo por CC, ha especificado que los expedientes que se tratan en la junta de gobierno se conocen en ese mismo momento y que, en el caso de Stratvs, el expediente de actividades clasificadas contenía un dictamen del técnico municipal, la resolución del Gobierno de Canarias y la del Cabildo de Lanzarote, además de dos informes más, uno de Sanidad y otro del Consejo Insular de Aguas. Todos eran de carácter favorable, ha apuntado, por lo que "era muy sencillo: si todos los informes eran favorables votamos a favor, porque no teníamos nada que objetar".

 

Con respecto a su relación con Rosa, ya que le fueron intervenidas algunas llamadas a raíz del ‘caso Unión’, Rodríguez ha declarado que "lo trataba como a cualquier otro vecino". "Yo hablaba por teléfono con cualquiera que me llamara", ha alegado. El exedil de Urbanismo ha negado que ninguna de sus conversaciones con el empresario fuera para tratar asuntos de la bodega y ha afirmado que la información que le dio era "absolutamente pública".

 

Otro de los procesados, José Antonio Rodríguez, que también tuvo competencias en Urbanismo como concejal de Yaiza, ha explicado que el Ayuntamiento mandó a inspeccionar la bodega y la junta de gobierno local incoó un expediente sancionador.

 

En estos mismos términos se ha pronunciado la alcaldesa de Yaiza y diputada regional, Gladys Acuña, que ha dicho que se enteró de la actividad de restaurante que existía en la bodega Stratvs por la jueza del caso, cuando fue a declarar en julio de 2003.

 

A raíz de ahí, ha apuntado, ordenó que "se fuera al complejo de forma inmediata y se inspeccionase". Y de hecho, ha relatado que en mitad de esa inspección, el propietario de la bodega exigió que se fueran y tuvieron que volver a realizar la visita "en compañía de la Policía Local".

 

A partir de la inspección se incoaron tres expedientes sancionadores municipales sobre Stratvs: uno por la bodega, otro por la tienda y otro por el restaurante que terminó con el cese, clausura y precinto de esa instalación, ha ratificado la alcaldesa.

 

"Con el restaurante lo teníamos clarísimo", ha señalado Acuña, que en cambio ha indicado que la arquitecta municipal y el ingeniero de obras públicas "tenían dudas con los otros dos informes y necesitan más información, porque entre otras cosas, habían cambiado las leyes". Entonces "se pidió cooperación al Cabildo por la falta de medios, pero nunca respondieron".

 

"Hoy en día es un escándalo la bodega Stratvs, pero por aquel entonces nadie me dijo nada, ni siquiera la Agencia del Medio Natural. Pero nosotros actuamos desde que tuvimos conocimiento de lo que ocurría", se ha defendido Acuña.

 

A Gladys Acuña, además del delito de inactividad respecto a las actividades de la bodega se le imputa otro sobre la licencia que otorgó la Junta de Gobierno el 19 de diciembre de 2008, con respecto a este último, la alcaldesa ha recordado que ella se incorporó al trabajo, tras una baja de maternidad, cuatro días antes de que la Junta de Gobierno diera la licencia de actividad a la bodega.

 

"No fui informada de ninguna irregularidad. Si hubiese habido algún informe desfavorable hubiéramos dejado el expediente sobre la mesa", ha manifestado. Aunque “los informes no se leen de forma íntegra el técnico los explica de forma somera y se revisan, y si está todo completo se vota a favor. Ese es el procedimiento” ha explicado la alcaldesa.

 

El juicio ha quedado aplazado hasta el miércoles por la mañana, cuando empezarán a declarar los testigos, la mayoría de ellos, miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.