Coste y valor de la obra pública

En el marco de la corrupción de cargos públicos, de los actos delictivos de empresarios y ciudadanos con aquellos, y atendiendo a la información conocida a partir del levantamiento del secreto de sumario del caso Unión, se vino a dar la razón a cuantos creían que las prácticas del cobro y pago de comisiones llevaba presente en el panorama insular desde tiempo atrás. No sólo cuestiones relativas a las intervenciones urbanísticas son las que propician las situaciones que han salido a la luz, sino que la adjudicación de obras a determinadas empresas pudo ser uno de los procedimientos para el enriquecimiento de cargos, partidos políticos y personajes diversos.

 

Contar esto carecería de interés por ya sabido, pero si se hace mención a ello es por conducir el asunto del pago de cientos de miles de euros al terreno de los perjuicios añadidos al propio acto delictivo. Se ha de suponer que la práctica ha sido habitual y se ha dicho en algunos foros que no se ha limitado sólo a los ayuntamientos, sino que podrían haberse producido en cabildos y en algunas consejerías del Gobierno, en el ejercicio de sus competencias para la realización de obras en las islas. Dado que de la operación Unión no parece que se haya desprendido ninguna información relativa a éstas últimas situaciones, quienes lo defienden parecen moverse en el terreno de las especulaciones, las cuales pudieran resultar falaces, además de injustas.

 

En la escenificación del pago de importantes cantidades de dinero en concepto de comisiones, cuando éstas se enmarcan en las relaciones de empresas constructoras con la administración, podríamos movernos en varias posibilidades e irían siempre en la dirección del mínimo impacto para el bolsillo del empresariado. Resulta difícil pensar que alguien saque decenas de miles de euros de una caja B y no considere la fórmula de la reposición e incluso de la compensación del daño a su bolsillo. Quiero decir con ello que si lo que está en la mesa es la realización de obras de carreteras, edificios, rehabilitación de viviendas, construcción de dotaciones deportivas, etc, la compensación por el pago de la comisión se habría realizado de dos maneras: ya por el encarecimiento del presupuesto de la obra, tanto antes de su aprobación como en la fase de ejecución, ya por la de la disminución de la calidad de los materiales. O ambas a la vez.

 

 

Tales situaciones suponen la participación obligada de nuevos actores, pues se necesita que arquitectos e ingenieros, de dentro o fuera de las administraciones públicas, se plieguen al juego, tanto como que los técnicos de las mismas que deban certificar la recepción de la obra acepten ser un engranaje de la maquinaria.

 

Pienso en aceras, colegios, contratos de servicio de limpieza, adquisición de mobiliario urbano, construcción y obras en edificios públicos, pero también en actuaciones aparentemente menores como compra de luminarias, árboles, jardineras o papeleras. Y si cuantificamos lo que han costado y lo que realmente valen, por un lado, y lo que durarán aquellas que han sido rebajadas en su calidad, por otro, es como para echarse a temblar.

 

Sobre por qué nos parece que ha durado tan poco lo mucho que se ha ejecutado en los últimos años, puede tener una respuesta en lo anteriormente expuesto. De lo que se puede haber hecho en décadas anteriores, mejor no hablar, como parece que lo mejor es ni mencionar la trastienda de la compra de equipos informáticos, mobiliario, material de oficina, etc., etc., ni en manos de quiénes ha estado la tarea en algunas administraciones.

 

La ciudadanía sigue asistiendo impertérrita, con la mosca detrás de la oreja, a la licitación de obras que ha realizado y presupuestado la administración, preguntándose cómo una mala plaza rehabilitada puede alcanzar determinados costes (la de El Almacén, la del Centro de Salud de Valterra...) y cómo quinientos metros de acera para bicis alcanza el millón de euros de presupuesto y se ejecuta por seiscientos ochenta mil (Charco de San Ginés-Escuela de Pesca) con unos resultados, por cierto, decepcionantes por lo inadecuado del material de rodadura para las bicis como por la falta de criterio estético del supuesto ajardinamiento. Lo que nos preguntamos es quién presupuesta, considerando ya el beneficio industrial, y cómo se ejecuta por un valor inferior y seguir obteniendo beneficios. Dónde está la relación entre coste y valor es lo que se pregunta la población.

 

Períodos de garantía de mayor duración, fiscalización de los presupuestos y de los proyectos de obras, servicios, y adquisiciones que realiza la administración, así como una exhaustiva revisión de la obra realizada. Todo ello evitaría parte del descontrol que ha existido, cuando los códigos de buenas prácticas se han volatilizado tiempo atrás.