La propuesta de desalojar las embarcaciones que fondean en el Charco no es nueva. Cada vez hay más barcas y el número de ellas relacionadas con la pesca profesional es insignificante. La inmensa mayoría están vinculadas al recreo o a la pesca deportiva, por lo que a estas alturas de la evolución humana no se puede sostener que se trata de una actividad tradicional. El fondeo sin orden ni concierto y la proliferación de embarcaciones supone una apropiación indebida del espacio público, que dificulta o impide el desarrollo de otras actividades, como la vela ligera o el remo, por citar solo dos ejemplos. Con todo, lo más grave sigue siendo el uso del litoral del Charco para limpiar o pintar las embarcaciones, lo cual genera impactos negativos sobre la calidad de las aguas y la vida marina. A esto sí que hay que ponerle coto sin miramientos.
Entonces, ¿qué hacer? Se echaba en falta una ordenanza municipal de uso y gestión del litoral aunque, quizá, con menor vocación de erigirse en un guardia de vara. Una ordenanza por lo demás discutible porque en este país la franja litoral y sus láminas de agua sólo dependen de Costas o de Puertos del Estado, a no ser que medie una concesión. Por ello, resulta difícil comprender qué hace el Ayuntamiento prohibiendo fumar en los puentes, por decir algo. Entre tanta confusión, al menos una cosa parece clara: apelar a lo tradicional no es un valor absoluto para defender la continuidad de prácticas procedentes del pasado. Pero frente a la tentación de prohibir a las primeras de cambio, es aconsejable en primer término regular y ordenar. Realizar un censo para saber quién es quién y qué es qué, escuchar a los propietarios, poner orden y a probar a ver qué pasa. Porque una cosa sí que es segura: el Charco sin embarcaciones tiene muy poca gracia. Y la memoria colectiva te la cargas, directamente.
