La decisión de los ciudadanos de un territorio sobre su futuro fuero político se conoce como autodeterminación. Es algo propio y exclusivo de ellos, y, en los que nos ocupa en estos tiempos de frentismo, corresponde a los catalanes y no al conjunto de los españoles. Uno no necesita llegar a un acuerdo con el dejado para irse de una empresa, de un matrimonio o de una pandilla. Uno está en un sitio por afecto o por conveniencia, así que cuando desaparece alguno los motivos lo lógico es marcharse. Cosa distinta es que te pidan que te quedes: ¡Por favor, no te vayas! O que traten de impedir que te vayas: ¡No te vas ni de coña! El debate no es sobre legalidad, puesto que legal era anteayer que las mujeres no pudieran votar, y mucho menos divorciarse, y ya ves.
En lugar de seducirlos para que se queden, les impedimos que se vayan a base de molerlos a palos
Puestos a echarle sentido común a las demandas de un sector de la sociedad catalana, están en todo su derecho de plantear su escisión del estado español, ya que es un derecho indiscutible que una persona está capacitada para decidir por sí misma. Y lo mismo vale para un grupo de personas. Porque son soberanas. Sí, sí, constitucionalmente no es así, ya lo sé. Pero no estamos hablando de legalidad, que es un mundo cambiante –¡afortunadamente!- sino de derechos fundamentales. Prácticamente ninguna constitución recoge la posibilidad de secesión de una parte de su territorio. Más bien todo lo contrario. Pero no deja de ser un vestigio de otra época que no impide, ni niega, el derecho de un territorio para manifestar su voluntad de negociar una reforma del marco jurídico que regula su relación con el Estado al que pertenece.
Oye, que sepas que estoy determinado a irme, nos han dicho. Y en lugar de seducirlos para que se queden y renovar y actualizar la relación, les proponemos impedirles que se vayan a base de molerlos a palos. Como en los malos matrimonios de antes. ¡Fuerte disparate!
