Fin a un expediente

La doctora Dulce Reyes, jefa del Servicio de Aparato Digestivo del Hospital General Dr. José Molina Orosa, ha visto con alivio cómo le han archivado el expediente que le habían abierto por conceder una entrevista y denunciar carencias. El mismo medio donde la doctora puso de manifiesto la precariedad de su departamento, Diario de Lanzarote, publicó en días pasados la noticia del fin del procedimiento administrativo abierto en su contra por el Servicio Canario de Salud. Y no sólo eso, sino que en el escrito de conclusiones se cita que Dulce Reyes obró acorde con el artículo 45.2 del Código de Ética y Deontología de la organización médica colegial, que dice que el médico debe poner en conocimiento de la dirección del centro las deficiencias de todo orden que perjudiquen la correcta asistencia sanitaria, y que, si no fuera así, las podrá denunciar ante el Colegio de Médicos y a las autoridades sanitarias antes de hacerlo por otros medios. Y eso es lo que hizo la doctora antes de desahogarse con el periodista, harta ya de que sus superiores no pusieran remedio a las carencias que, de forma reiterada, les comunicaba. Y que no eran precisamente ni bolígrafos para firmar recetas ni papel higiénico para el baño.

 

Lo que Dulce Reyes reclamó tenía que ver con ciertas carencias en el cribado universal de prevención de cáncer de colon y otras deficiencias en el Servicio de Aparato Digestivo del Hospital. De todo ello eran suficientemente conocedores tanto la gerencia del Hospital como los máximos responsables médicos, así como el Colegio de galenos de Las Palmas. De hecho el órgano colegiado intercedió en su favor cuando fue requerido su testimonio en un momento del proceso del expediente. O del ‘no expediente’, porque, fiel a su tradición de mirar hacia otro lado ante cualquier cosa que haga el más mínimo ruido, el Gobierno de Canarias primero negó que se le fuera a abrir un expediente y, ante la evidencia, el mismísimo Baltar, consejero de la cosa, dijo que no era por haber concedido una entrevista. Y no lo dijo en la barra de un bar tomándose un botellín y unos boquerones, sino que lo soltó en pleno Parlamento de Canarias, a donde llegó la escándalosa actuación de los políticos que gestionan el Servicio Canario de Salud.

 

La doctora Reyes tiene todo el derecho a que los medios pongamos en titulares y desarrollemos noticias referente a esta clausura del expediente. Que se diga que obró como tienen que obrar los profesionales que, como ella, trabajan en medio de carencias que, en este caso, perjudican a las personas. A los ciudadanos. A nosotros. A los que seguimos usando la sanidad pública porque la sabemos repleta de buenos profesionales, por una cuestión ideológica o porque no queda otro remedio habida cuenta de las facturas de la privada. Insistimos que así lo dice el escrito final: que obró de acuerdo al Código de la profesión. Pero además quedó acreditado que las dos gravísimas acusaciones de los gerifaltes sanitarios (que supuestamente concedió una entrevista en horario laboral y dentro del centro de trabajo) eran falsas: ni era horario laboral ni era dentro del hospital. Los cazamédicos se confundieron porque, en la foto que ilustraba la entrevista, la doctora posaba con su bata oficial y en lo que parecía su despacho en el centro médico. Y de hecho fue así. Pero no era la foto de la entrevista sino una de archivo del medio. Unos linces los sabuesos de Baltar.